Proyecto de Ley de Protección de glaciares

Hoy se discute el proyecto de ley de protección de glaciares en la Comisión de Minería y Energía del Senado. Éste tuvo su origen en una moción de los senadores Girardi, Órdenes y Allende, copiada casi textualmente de la cuestionada ley argentina, pero incluso con restricciones adicionales.

La moción parlamentaria básicamente prohíbe a priori  toda actividad económica en los glaciares, en el ambiente periglaciar y en el permafrost, y además lo hace con efecto retroactivo. La moción parlamentaria tiene problemas conceptuales y legales. Es reflejo de un conservacionismo absoluto y sin ningún tipo de consideración técnica que reconozca que no todos los cuerpos de hielo son iguales, ni tienen el mismo rol hídrico. Utiliza definiciones de glaciares, ambiente periglaciar y permafrost que no son consistentes con los estándares internacionales. Además, sus disposiciones ameritan ser analizadas desde el punto de vista constitucional, no solo por su efecto retroactivo, sino, y por sobre todo, por prohibir una actividad económica más allá de lo previsto en el artículo 19 N° 21 de la Constitución.

En este contexto, y luego de recibir las recomendaciones de un Comité Técnico transversal, el Gobierno del Presidente Piñera ingresó una indicación sustitutiva que constituye un avance notable respecto de la moción parlamentaria, si bien aún contiene un par de criterios amplios que deben acotarse.

La indicación del Ejecutivo tiene por objeto la protección de los glaciares con el propósito de conservar sus servicios eco-sistémicos en cuanto a reservas de recursos hídricos. Lo hace con un enfoque de desarrollo sostenible, respetando -y aumentando la exigencia- de la institucionalidad ambiental del país:

  • En Reservas de Región Virgen y Parques Nacionales se prohíbe toda actividad que pueda afectar a glaciares, con excepción de actividades deportivas y de turismo de bajo impacto, investigación científica, gestión de riesgos asociados a glaciares, así como las obras de infraestructura pública y acciones fundadas en el interés nacional. Cabe recordar que el 83,5% de la superficie glaciar ya se encuentra protegida bajo el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.
  • Fuera de dichas reservas y parques nacionales, se prohíbe la remoción, traslado, y cubrimiento con material de desmontes y/o escombros que pueda afectar a los glaciares. Se aumenta el estándar ambiental actual porque que se prohíben las actividades que intervienen un glaciar (eliminando la eventual posibilidad de una compensación ambiental) ya sea que se trate de un glaciar descubierto, cubierto o de roca. En cambio, el concepto de área de amortiguación o área buffer requeriría de un análisis técnico para definirlo caso a caso cuando el área de influencia de las actividades alcance a glaciares rocosos y su entorno. En ese caso, el proyecto deberá obtener un Permiso Ambiental Sectorial (PAS) adicional que la DGA otorgará - en el marco del SEIA - cuando no afecte significativamente la escorrentía actual y potencial a la cuenca inmediata a la que el glaciar aporta recursos hídricos, ni tampoco su estabilidad mecánica.

"En síntesis, la indicación del Ejecutivo avanza en la dirección correcta. No “deja a los glaciares desprotegidos” como han querido instalar algunos ambientalistas que proponen un conservacionismo absoluto, sino que otorga una protección sostenible que sigue la lógica de gestión ambiental que han adoptado la (gran) mayoría de los países del mundo", dice Alejandra Palma, Economista Senior de LyD.