Entrevista a Hernán Cheyre, Economista y Consejero de LyD: “El aumento en el costo de contratación que se está incubando es significativo, y los efectos finales pueden terminar siendo absolutamente contraproducentes»

Cauto es el economista y Consejero de LyD, Hernán Cheyre a la hora de evaluar el desempeño económico del actual Gobierno. “Las evaluaciones siempre hay que hacerlas tomando un punto de referencia. Si se compara el crecimiento de estos dos primeros años con el promedio de lo observado durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, lo que las cifras muestran es prácticamente una duplicación del ritmo de crecimiento de la economía y un aumento en la inversión, luego de cuatro años consecutivos de caída. Si la comparación se hace respecto del resto del mundo, mientras en el cuatrienio anterior la expansión era aproximadamente la mitad, el año pasado Chile estuvo por encima del promedio mundial, y este año la variación va a ser prácticamente similar. Y si el análisis se hace tomando como referencia el programa de gobierno, cabe recordar que lo que ahí está contemplado es una expansión promedio de 3,5%, absolutamente en línea con lo que estamos observando”, explica.

Sin embargo, el ex Vicepresidente Ejecutivo de Corfo evita caer en la autocomplacencia. “Mirando en retrospectiva, no cabe duda que las expectativas que se formaron estuvieron muy por encima de la capacidad real de reacción de la economía chilena. Esto no significa desconocer que el primer semestre de este año, por razones que pueden atribuirse a factores internos y externos, fue más flojo en cuanto a crecimiento. Y aunque hay buenas razones para pensar en una recuperación durante la segunda parte del año, lo más probable es que la cifra final esté bastante por debajo de lo que indicaban las proyecciones iniciales (3,5%)”, asegura.

¿Cuáles son los principales obstáculos que se enfrentan hoy?

En el corto plazo, los principales problemas son de dos tipos. El primero se refiere al deterioro que se observa en las expectativas, como consecuencia de una gran incertidumbre, la que a fin de cuentas resulta paralizante para las decisiones de consumo e inversión que se toman en el país. El segundo -y que ciertamente incide en el anterior- es todo lo relativo a los vaivenes de la economía mundial. La debilidad macroeconómica de muchos países, sumada a la guerra comercial en curso entre China y Estados Unidos, han deteriorado significativamente los volúmenes de comercio mundial, y para una economía abierta como la chilena eso tiene gran impacto.

Pero más allá de los asuntos coyunturales, en mi opinión el principal obstáculo que tenemos en la economía chilena es que el potencial de crecimiento de largo plazo -entre 3% y 3,5% a lo más, pero más cerca de 3%- es insuficiente para poder convertirnos en país desarrollado durante la próxima década. Esto es mucho más que un umbral estadístico. De lo que se trata es de poder seguir avanzando con una fuerza comparable a la que se observó a contar del año 1985, en un proceso continuo que se vio interrumpido al terminar la década de los 90. Después de que en Chile se sintieran en esos años los efectos de la crisis financiera de origen asiático, el crecimiento nunca volvió a ser lo que había sido antes, si bien entre 2010 y 2013 hubo un repunte importante, que a corto andar se revirtió nuevamente.

¿Qué debería hacer el gobierno para impulsar el crecimiento económico? ¿Considera que se ha hecho lo suficiente?

El crecimiento de una economía depende a fin de cuentas de cómo evolucionen la inversión, el empleo y la productividad. Para lo primero es fundamental un ambiente de confianza para poder desarrollar negocios, con una institucionalidad eficaz en la protección de los derechos de las partes intervinientes, despejar trabas, eliminar burocracia para la obtención de permisos, así como una carga tributaria para la actividad empresarial que sea competitiva respecto de lo observado en el resto del mundo. Para que el empleo crezca lo clave es que haya inversión, que la fuerza de trabajo esté debidamente capacitada, y que las regulaciones laborales sean lo suficientemente flexibles para poder adecuarse a las nuevas formas de producción que prevalecen en una economía cada vez más basada en el conocimiento. Y para mejorar la productividad, además de todo lo anterior, se requiere de un aparato estatal más eficiente, de una mejor infraestructura física y digital, y todo esto en un ambiente de competencia que genere la necesidad y el espacio para la innovación,  para que así que nuevos entrantes puedan desafiar permanetemente a los actores incumbentes en los distintos mercados con roductos y procesos innovadores.

El Gobierno está avanzando en todas estas líneas, en algunas con mayor dificultad que otras al no tener las mayorías parlamentarias requeridas, lo cual hace necesario redoblar esfuerzos en todo aquello que no requiera ley sino que de medidas administrativas y de una mejor coordinación entre agencias del Estado. Respecto de lo realizado hasta ahora, es obvio que las cosas siempre se pueden hacer mejor, debiendo reconocerse que es fácil criticar desde la perspectiva de un analista. Lo que sí es claro, en mi opinión, es que si como sociedad no logramos acuerdos para avanzar con mayor rapidez en temas fundamentales, nos vamos a quedar atrás y las expectativas de cruzar el umbral del desarrollo se verán frustradas nuevamente.

LA TRAMPA LEGISLATIVA

¿Cuánto ha afectado al crecimiento las dificultades que ha enfrentado el Gobierno para avanzar en sus reformas en el Congreso?

Mucho. La incertidumbre resulta paralizante. En el caso particular de la reforma tributaria, por ejemplo, habiendo una opinión técnica bastante generalizada en cuanto a que el sistema que surgió de la reforma de 2014 resultó bastante defectuoso, la carga ideológica que ha tenido la discusión legislativa -plagada de eslóganes- ha impedido avanzar en la forma y con la celeridad requerida. El debate se ha centrado en si la reintegración es o no regresiva, y en la búsqueda de medidas de “compensación” para que los sectores de más altos ingresos -supuestamente los más beneficiados- paguen más impuestos por otra vía, sin centrarse en lo verdaderamente importante como lo es el lograr una auténtica equidad horizontal (que todos los que ganen un mismo ingreso paguen el mismo impuesto, independientemente de cuál sea la fuente de ese ingreso), eliminando la sobretasa de 9,45% que están pagando todos los emprendedores. Pero no se ha hablado lo suficiente del efecto positivo que la reforma va a tener en la inversión, al hacerla más atractiva, ni del fuerte impacto positivo que va a tener la norma de depreciación acelerada que se va a aplicar en forma transitoria a contar de octubre. Hay muchos proyectos que están a la espera, de manera de poder aprovechar este beneficio. Menos aún se ha mencionado la regresividad implícita en el impuesto sustitutivo que incluyó la reforma de 2014, que permitió prepagar el impuesto a las utilidades acumuladas en el FUT a una tasa más baja, y que la tasa marginal de impuesto para los tramos más altos de ingreso bajó de 40% a 35%.

Varios de los proyectos de ley que están hoy en el Congreso no contribuyen a un mayor desarrollo, entre ellos el que rebaja la jornada laboral a 41 horas, el proyecto de conservación de glaciares,  el de zonas saturadas, el de delitos ambientales, etc. ¿cómo hacer frente a ello?

Es un desafío político difícil, por cuanto hay que buscar acuerdos que permitan proteger los distintos bienes que se busca resguardar. Pero no es algo imposible. Lo que se requiere es voluntad de diálogo y disposición a buscar puntos intermedios. En el caso de la jornada laboral, la disminución en el número de horas es un objetivo razonable, en la medida que se complemente con cláusulas de flexibilidad que permitan mejorar la productividad. En lo relativo a la conservación de glaciares, ello es absolutamente posible sin llegar a una postura fundamentalista que haga inviable cualquier desarrollo productivo en áreas cercanas.

¿A qué atribuye el que un gobierno de centroderecha como el actual quiera llevar a cabo proyectos que van en contra de sus principios?

Yo no percibo que el actual Gobierno esté impulsando proyectos que van “en contra de sus principios”. Lo que sí veo es que, al no tener mayoría parlamentaria para lograr aprobar sus proyectos, está teniendo que negociar con la oposición, cediendo en algunos puntos para poder avanzar en sus inciativas. De por sí esto no representa una claudicación ante los principios, pero lo que se debe tener muy claro es de no cruzar la “línea roja” que significaría torcer el sentido original de la iniciativa. En el tema previsional, por ejemplo, veo bastante claridad en el Gobierno en cuanto a que la solución que se está alcanzando es subóptima, en tanto ante la postura de la oposición de avanzar bajo la premisa de Ni Un Peso Más para las AFP, se está creando un sistema paralelo, que resguarda los mismos principios fundamentales del sistema -capitalización, propiedad individual de los fondos, gestión privada de las inversiones-, si bien con un costo más alto. La pregunta es si la propuesta de un Consejo Admistrador de Seguros Sociales representa o no un cruce de la “línea roja”. Yo pienso que no, sin perjuicio de que, con el mismo objetivo final, yo hubiera preferido avanzar por la línea de una AFP estatal en vez de crear este nuevo “ente”. En mi opinión, la “línea roja” que no se debe cruzar es la de subir la tasa de cotización por encima del 4,2% contenido en el proyecto, para mejorar las pensiones actuales bajo la lógica de un sistema de reparto. La presión va a venir por este lado, con el ropaje de un sistema de “seguro” para enfrentar ciertas contingencias. En la medida que no se trate de riesgos diversificables -como el seguro de invalidez, por ejemplo, en que los grupos que no se invalidan financian el beneficio de quienes sí se ven afectados por el problema-, será un sistema de reparto encubierto. Es legítimo querer subir las pensiones de los actuales jubilados, pero si se opta por ese camino lo correcto sería hacerlo destinando recursos desde el presupuesto fiscal global, y no colocando una cotización adicional que paguen solo los trabajadores activos, la que, aparte de regresiva, terminaría siendo un impuesto a la contratación.

¿Cómo cree que el Gobierno ha llevado la discusión sobre la disminución de la jornada laboral? ¿Cree que estamos en buen pie para llevar a cabo este tipo de modificaciones?

En el caso de la jornada laboral, estimo que el proyecto inicial presentado por el Gobierno proponiendo una jornada mensual de 180 horas con flexibilidad cumplía plenamente con los requerimientos de compatibilizar mejor calidad de vida y productividad. La iniciativa de la diputada Vallejo de bajar de 45 a 40 horas la jornada semanal en forma obligatoria no cumple con el objetivo perseguido, y de aprobarse de esa forma se traduciría en un aumento de más de 10% en el costo de contratación, con un evidente efecto negativo en el empleo. La reacción del Gobierno ante esta propuesta, proponiendo bajar la jornada a 41 horas, ha sido algo confusa, porque no queda claro cómo engancha con la propuesta inicial. Falta conocer las indicaciones formales que se van a presentar al proyecto para poder evaluar de mejor forma su impacto. Considerando que esta discusión se está llevando a cabo en un contexto en que simultáneamente se está planteando un incremento en la tasa de cotización previsional de 4,2% -habiendo fuertes presiones para que el aumento sea incluso mayor-, y que muy probablemente en la próxima licitación vamos a observar un aumento en el costo del seguro de invalidez y sobrevivencia que es de cargo de los empleadores, el aumento en el costo de contratación que se está incubando es significativo, y los efectos finales de esto pueden terminar siendo absolutamente contraproducentes y contradictorios con los objetivos que se busca alcanzar. En estas materias se debe actuar con mesura y con mucha gradualidad.

¿Por qué cree que la discusión se ha centrado en acortar la jornada laboral y no en otorgar herramientas para mejorar la productividad o en hacer frente a la automatización?

Por el rédito político que ello entrega en el corto plazo. ¿Quién podría estar en contra de una iniciativa que ofrece trabajar menos y continuar ganando lo mismo? El problema es que ello no resulta posible porque choca con nuestra realidad en cuanto a productividad laboral, y es por ello que cualquier cambio en esta materia debe ir acompañada de la creación de un marco que otorgue mayor flexibilidad a todas las partes. Llama la atención que parte del mundo político aún no tome conciencia de los desafíos que está imponiendo la nueva revolución industrial en curso en materia laboral. Algunos siguen mirando el tema laboral con el prisma del siglo pasado, con modelos de producción basados en tecnologías que ya van de salida, sin tomar en cuenta que la automatización de los procesos y la inteligencia artificial van a demandar un tipo de trabajo completamente diferente, que va a requerir mayor flexibilidad en la forma de proveerlo en todas sus dimensiones. Este es el debate de futuro que se echa de menos.

¿Cree que de no mejorar las cifras económicas podría peligrar la continuidad de un gobierno de este lado, pensando en lo que seguramente ocurrirá en Argentina?

La realidad de Argentina es absolutamente diferente de la que tenemos en Chile. El vecino país atraviesa por un cuadro recesivo severo, la inflación continúa siendo un flagelo que afecta a la mayoría de la población, y la pobreza ha aumentado en los últimos años. Todo lo contrario a lo que se observa en Chile. La continuidad de un gobierno de centro derecha en Chile va a depender de que se logre transmitir exitosamente el mensaje de que una sociedad basada en la libertad individual para decidir respecto de lo que es mejor para cada uno en los distintos ámbitos, con libertad de emprendimiento para poder construir cada persona su propio proyecto de vida, y disponiendo el Estado de una red de apoyo para ir en ayuda de quienes se van quedando atrás, es más compatible con un desarrollo integral de la sociedad y entrega una calidad de vida que es superior al que surge de un esquema en que las decisiones las toma el Estado a nombre de las personas. Pero no cabe duda que la percepción respecto del cuadro económico y su proyección para los próximos años tiene una incidencia en las decisiones que toma el electorado.