AGENDA DE INTEGRIDAD PÚBLICA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

El pasado jueves 12 de septiembre el Ministerio Secretaría General de la Presidencia presentó la Agenda de Integridad Pública y Transparencia del gobierno. Dicha agenda se compone de una serie de medidas dirigidas a modernizar las instituciones estatales y a generar mecanismos que fortalezcan la probidad pública, combatan la corrupción y promuevan un Estado abierto, moderno, cercano e inteligente.

Esta iniciativa es valiosa. A pesar de la poca visibilidad mediática y el bajo rédito político de muchas de sus propuestas, el presidente Piñera ha entendido la importancia de las mismas y ha colocado a la modernización del Estado como una de las prioridades de su mandato, no solo promoviendo medidas aisladas sino diseñando una batería de propuestas que abordan de manera coherente y sistemática las diversas carencias de nuestro aparato estatal.

Entre las medidas más significativas destaca, en primer lugar, el proyecto de ley de transformación digital del Estado (Boletín 11.882-06), recientemente despachado por el Congreso y ad portas de convertirse en ley de la República. Éste, por una parte, establece como regla general la digitalización de los procedimientos administrativos, y por otra, crea una plataforma electrónica en la cual las personas podrán ingresar solicitudes a organismos públicos y hacer seguimiento de los procedimientos en los que son parte, sin necesidad de concurrir físicamente a la institución respectiva en la cual éstos se tramitan. Esto supone un gran avance, en cuanto agiliza los procedimientos administrativos, ahorra recursos públicos y facilita el acceso, conocimiento y participación de los ciudadanos en los procedimientos que les afectan.

Destaca, a su vez, la reforma al sistema de notarías y conservadores de bienes raíces. Esta propuesta del Ejecutivo busca reducir el número de actuaciones que deban celebrarse ante notario, aumentar la competencia en el sistema notarial y promover la transparencia y probidad de notarios y conservadores. Sobresale la creación de los fedatarios, ministros de fe facultados para realizar aquellas funciones notariales relativas a certificación de hechos, autorización de firmas y actuaciones respecto de las cuales no exista una obligación de registro. Con la creación de esta figura se reduce el número de actuaciones que deben, por mandato legal, ejecutarse ante notario, a la vez que se incrementa la competencia en el mercado notarial, lo que debería traducirse en menores costos y tiempos más acotados de tramitación. De esta forma, este proyecto supone un importante avance, al actualizar el sistema registral chileno y adaptarlo a las tecnologías, necesidades y exigencias del mundo actual.

Sumado a las iniciativas ya presentadas, el gobierno anunció que está trabajando en los futuros proyectos de ley de Compras Públicas 2.0, de fortalecimiento de la integridad en gobiernos municipales y regionales -que se espera ingrese al Congreso dentro de las próximas semanas- y el de creación de un sistema de denuncias anticorrupción, que busca garantizar la debida protección de los denunciantes. Todos ellos representan importantes avances en materia de integridad pública y disminución de la corrupción.

No obstante, existen propuestas que, si bien se promueven con buenas intenciones y cuya esencia es acertada, formulan ciertos planteamientos que deben analizarse con mayor cautela. En este sentido, el proyecto de ley que fortalece la integridad pública (Boletín 11.883-06), si bien supone un avance, en cuanto contiene disposiciones que regulan el ingreso de parientes a la administración pública -estableciendo criterios objetivos relativos al mérito de los candidatos- y previenen potenciales conflictos de interés, dificulta excesivamente el tránsito entre sector público y privado. El proyecto incorpora el periodo de carencia o cooling off period, mecanismo comúnmente utilizado en el derecho comparado y en virtud del cual se impone un límite de tiempo dentro del cual ciertas autoridades del sector público no pueden desempeñar un empleo en el sector privado. Sin perjuicio de las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo en la materia y que avanzan en la dirección correcta, el tiempo que se establece es excesivo -un año- y sin compensación económica asociada. Esto difiere de los sistemas de los países OECD, en los que se advierten períodos más cortos y, cuando no, restricciones más acotadas tanto respecto de las autoridades involucradas como de los trabajos y rubros prohibidos. Se suma a lo anterior la poca armonía que el proyecto guarda con otras disposiciones de la legislación nacional, toda vez que el período de carencia establecido para funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) es de 6 meses. Estas disposiciones deben ser debatidas con cautela para no desincentivar, ex ante, el ingreso a la función pública de muchos candidatos talentosos y deseosos de aportar al país. Asimismo, y aun cuando también destaca la nueva regulación propuesta para el tratamiento de datos personales a través de un proyecto de ley que se discute en el Congreso Nacional, ciertas disposiciones de la propuesta legislativa despiertan aprensiones. En particular, preocupa que se sobre regule la manera de obtener el consentimiento previo por parte de los titulares de sus datos para su tratamiento y uso, toda vez que ello puede acarrear problemas de otra índole, limitando la competencia. Más que sobre regular lo relevante es informar a la población sobre el uso que se le dará a sus datos y proveer de mecanismos eficientes y expeditos para que los ciudadanos puedan consentir -o no- a su tratamiento. Por otra parte, si bien resulta adecuado y atendible modificar las sanciones y el sistema sancionatorio, penas y multas excesivamente altas también pueden resultar contraproducentes.

"Sin perjuicio de los comentarios antes esbozados y de aquellas materias perfectibles en el debate legislativo, el esfuerzo del Ejecutivo por acercar el Estado a la ciudadanía y por colocar la integridad pública y transparencia como pilares de un aparato estatal moderno y eficiente es loable y supone un importante avance en la dirección correcta, aportando a la construcción de un Estado más accesible, moderno, eficiente y transparente", dice Luciano Simonetti, abogado del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo.