Suspensión de la Consulta Indígena: ¿a quién perjudica?

Hace unos días se confirmó en definitiva la suspensión de la Consulta Indígena llevada cabo por el Misterio de Desarrollo Social y Familia con el objetivo de hacer cambios a la Ley Indígena, vigente desde el año 1993. La causa de esta decisión radica principalmente en los constantes hechos de violencia que se produjeron durante la Consulta, los cuales obstaculizaron gravemente la realización de un importante número de reuniones convocadas por el Ministerio.

Han pasado 26 años desde que se promulgó esta ley, en los cuales muchas han sido las instancias en las que las distintas comunidades indígenas han reclamado por las restricciones que establece en términos de posesión de las tierras que les son entregadas por el Estado. Esto se produce principalmente debido a que a modo de protección de la calidad indígena de estas tierras se establecieron ciertas limitaciones a su disposición, como por ejemplo, que no pueden ser enajenadas, embargadas, gravadas ni adquiridas por prescripción o por patrimonio familiar. Además, al tratarse de una propiedad colectiva, cualquier decisión sobre ellas debe contar con la aprobación del 100% de los integrantes de la comunidad.

Dado que estas limitaciones no se adaptan a la realidad actual de muchas de las comunidades -bloqueando el progreso económico en ciertos sectores, como sucede en La Araucanía- es que los cambios a la Ley Indígena propuestos por el gobierno son fundamentales para el desarrollo tanto de las comunidades indígenas como para las regiones en las que radican. Así, pretendían solucionar una serie de falencias de la ley esperando con ello mejorar las condiciones en las que muchas personas pertenecientes a dichas comunidades viven, sin que esto implique la pérdida de sus bienes y mucho menos la calidad indígena de sus tierras. Dicho esto, ¿quiénes son los realmente perjudicados con la suspensión de esta Consulta?

Desde que se inició el proceso de Consulta surgieron grupos violentistas que en su mayoría son pertenecientes a las mismas comunidades a las que se pretende beneficiar. Sin embargo, estos grupos opositores no necesariamente representan la opinión de toda la comunidad. Mayoritariamente los que habían participado de esta primera etapa de la consulta se habían mostrados dispuesto a participar de la consulta (de los 131 lugares que debían ser consultados en la mayoría se firmó el acta para continuar con la consulta). Junto con ello, no cabe duda de que la gran mayoría de las personas pertenecientes a algún pueblo indígena está con los cambios que se quieren hacer principalmente en materia de tierras, como se ve reflejado en la última encuesta a personas mapuche realizada por Libertad y Desarrollo, en la que la mayoría (un 83%) indicó estar de acuerdo o muy de acuerdo con la entrega de tierras mediante títulos individuales en vez de la entrega a comunidades. También, que el 65% que está de acuerdo o muy de acuerdo con que a las comunidades titulares de tierras se les permita dividir total o parcialmente sus títulos en común, materias que fueron propuestas en la Consulta.

"Es imperante mencionar que si bien la consulta fue suspendida por 45 días, se corre el riesgo de que esta decisión sea permanente, cerrándose las puertas a los cambios tan demandados por las propias comunidades", dice Javiera Cid, Cientista política de LyD.