Hoy en la mañana, el Presidente de la República y la Ministra de Educación presentaron el plan “Aprender a Tiempo”, que reúne una serie de iniciativas que apuntan a mejorar la calidad de la educación que reciben los niños del país. Entre éstas, se encuentran los programas de trabajo directo con los establecimientos del país, como el Plan Escuelas Arriba, con el que se está entregando apoyo focalizado a las 218 escuelas de bajo desempeño reiterado, y el plan Leo Primero, que apunta a que todos los niños del país logren leer en 1° básico y así revertir la cifra que indica que 156 mil niños pasan a 2° sin aprender esta habilidad.

Pero, además, destaca el anuncio de un nuevo proyecto de ley que se ingresará pronto al Congreso para modernizar la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) y de esa forma avanzar en la agenda de desburocratización de la gestión en el sistema educativo iniciada por el gobierno. De acuerdo a lo señalado en la instancia, este proyecto buscará flexibilizar el uso de la SEP, que hoy en día se encuentra sujeta a una regulación que, a la luz de las recientes reformas, ha ido quedando obsoleta y ha ido dificultando que las escuelas puedan aprovecharla correctamente. Ello, porque el proyecto pretende avanzar en la entrega de mayor autonomía y libertad a directores y sostenedores, para que puedan disponer de sus recursos y utilizarlos en las necesidades reales de cada escuela. Asimismo, se busca generar las condiciones para que los Planes de Mejoramiento Educativo que hoy exige esta ley se posicionen como herramientas centrales en la planificación escolar, en lugar de ser fundamentalmente un medio para rendir y justificar el uso de los recursos públicos.

Considerando que el origen de la SEP fue entregar más recursos para la educación de los alumnos más vulnerables, esta iniciativa es un paso positivo para resolver una serie de problemas asociados a su correcto aprovechamiento. “Tendremos que esperar a conocer el detalle del proyecto cuando se conozca el texto definitivo, pero por lo pronto, se trata de una buena noticia”, señaló la investigadora de LyD, María Paz Arzola, quien además participó en la comisión Todos al Aula -junto a un grupo transversal de especialistas-, que realizó una serie de propuestas para avanzar en este sentido y así poder reducir la sobrecarga administrativa a la que están sujetos los sostenedores escolares por las exigencias del Estado.

Según datos de la Superintendencia de Educación, del total de fiscalizaciones relacionadas a recursos, más de la mitad se relaciona a la SEP, lo que hasta 2017 constituía además el principal motivo de fiscalización a las escuelas. Asimismo, según estimaciones del mismo organismo, 16% de los recursos destinados anualmente a la SEP no son gastados o declarados como gasto por las escuelas, lo que significa que en la práctica no se están aprovechando en su totalidad. Actualmente, dado que la SEP es un programa voluntario, 74% de los establecimientos públicos y particulares subvencionados se encuentran suscritos a ella, sin embargo, se espera que los cambios introducidos por este proyecto permitan extender su aplicación a la totalidad del país y así alcanzar a todos los potenciales beneficiarios.