Modernización Tributaria: Desafíos de cara a su tramitación en el Senado.

El jueves pasado, y después de un año de discusión en el Congreso Nacional, el proyecto de Modernización Tributaria (Boletín N° 12.043-05) impulsado por la actual administración finalizó su tramitación en la Cámara de Diputados. Gracias a su aprobación en la Sala de dicha Corporación, la iniciativa legal -que ha sufrido modificaciones en su redacción original producto de las negociaciones políticas y el rechazo de algunos numerales de vital importancia- ahora deberá ser conocida por el Senado en su segundo trámite constitucional.

Si bien gran parte del proyecto original del Ejecutivo fue aprobado, en la votación en particular (artículo por artículo) -desarrollada tanto en la Comisión de Hacienda como en la Sala de la Cámara de Diputados- fueron rechazadas ciertas modificaciones propuestas por el Ministerio de Hacienda. Al respecto, John Henríquez, abogado de Libertad y Desarrollo, afirma que, “la aprobación de la reintegración, esencial para restaurar la equidad horizontal en materia tributaria, implicó que se tengan que negociar e incorporar medidas compensatorias (como las relacionadas al market maker o el back to back) que hicieran viable su tramitación. Lamentablemente, la incorporación de dichas medidas no logró garantizar el apoyo de la oposición a otras modificaciones esenciales para cumplir con los objetivos del proyecto de ley. Por ejemplo, parte importante de las modificaciones propuestas a la Cláusula General Antielusiva (Código Tributario) fueron rechazadas, manteniéndose en consecuencia prácticamente la misma normativa vigente. Normativa que, por cierto, ha sido exitosa como herramienta disuasiva pero que adolece de problemas que han impedido su utilización práctica. De hecho, desde su creación en la Reforma Tributaria del 2014 no se ha denunciado ningún caso ante la justicia tributaria”.

Al consultársele sobre las materias que debieran ser objeto de discusión en el Senado, Henríquez sugiere que, “no sólo se debe perseverar con los cambios a la Norma General Antielusiva, que son esenciales para la certeza jurídica, sino que también se debieran volver a estudiar otras materias rechazadas en el primer trámite constitucional. Por ejemplo, creemos que se debe insistir en la aprobación del crédito tributario de un 50% para la contribución del 1% del valor de los proyectos de inversión, por ser contradictorio con las ideas matrices del proyecto de ley (crecimiento e inversión). Asimismo, existe espacio para perfeccionar la normativa vigente en materia de gastos necesarios para producir la renta (Ley de la Renta), con el objetivo de que sea coherente con la concepción que tenemos de empresa en el Siglo XXI. Por otra parte, también es necesario precisar qué se entiende por “retiros desproporcionados” en la nueva norma especial antielusión (nuevo artículo 14 A de la Ley de la Renta), que pretende sancionar -con un impuesto único de 35%- los retiros de utilidades por sobre la participación de los accionistas en el capital social de la empresa que carezcan de una razón económica o comercial, entre otras materias”.

El gobierno, con el objetivo de revertir los rechazos del primer trámite constitucional y conservar los objetivos originales de la propuesta legal -consistentes en simplificar la estructura tributaria y fomentar el crecimiento y la inversión-, deberá enfrentar a una compleja y heterogénea oposición en el Senado. Henríquez, respecto al panorama político, señala “el gobierno necesita 22 votos para aprobar el grueso de sus indicaciones y propuestas. Los senadores oficialistas son 19, por lo que el gobierno requerirá 3 votos adicionales para conseguir las aprobaciones respectivas. Sin embargo, lo ideal -para darle estabilidad de mediano plazo a las modificaciones- es que la mayor cantidad de materias cuenten con el voto favorable de una amplia mayoría”.