Ley Corta Antiterrorista

A finales de abril del presente año, el Ejecutivo presentó a tramitación en el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca otorgar mayores facultades de investigación a los fiscales respecto a los actos calificados como terroristas; esto debido, por un lado, a la dificultad para llegar a acuerdos en la reforma de la Ley Antiterrorista y, por otro, a la reiterada ocurrencia de explosiones de artefactos que hacen apremiante una respuesta más contundente por parte de la autoridad.

De ser aprobado este proyecto, en la investigación de estos delitos los fiscales podrán utilizar técnicas especiales de investigación, que hoy se encuentran reservadas para determinados delitos cuyo perjuicio a la población es muy grave o que se encuentran relacionados a organizaciones criminales. Así, en caso de que la investigación del delito calificado como terrorista lo hiciere imprescindible y existieren fundadas sospechas de la participación en una asociación ilícita, o en una agrupación u organización conformada por dos o más personas, destinada a cometer dichos hechos, el Ministerio Público podrá solicitar al juez de garantía ordenar las siguientes técnicas:

A. Interceptación, grabación y transcripción de comunicaciones telefónicas o de otras formas de telecomunicación: esto respecto del imputado o de personas respecto de las cuales existieren sospechas fundadas, basadas en hechos determinados, de que ellas sirven de intermediarias de dichas comunicaciones y, asimismo, de aquellas que facilitaren sus medios de comunicación al imputado o sus intermediarios.

B. Fotografía, filmación u otros medios de reproducción de imágenes conducentes al esclarecimiento de los hechos.

C. Grabación de comunicaciones entre personas presentes.

Por su parte, cuando fuere necesario para lograr el esclarecimiento de los hechos, establecer la identidad y la participación de personas determinadas en éstos, conocer sus planes, prevenirlos o comprobarlos, el Ministerio Público podrá utilizar además las siguientes técnicas, cuyas definiciones se encuentran en la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes:

D. Entregas vigiladas y controladas: el Ministerio Público podrá autorizar que los envíos ilícitos o sospechosos de los instrumentos que hubieren servido o pudieren servir para la comisión de los delitos y los efectos de tales delitos, se trasladen, guarden, intercepten o circulen dentro del territorio nacional, salgan de él o entren en él, bajo la vigilancia o el control de la autoridad correspondiente, con el propósito de individualizar a las personas que participen en la ejecución de tales hechos, conocer sus planes, evitar el uso ilícito de las especies referidas o prevenir y comprobar cualquiera de tales delitos. Esta técnica sólo se puede utilizar cuando se presuma fundadamente que facilitará la individualización de otros partícipes, sea en el país o en el extranjero.

E. Agentes encubiertos: son los funcionarios policiales que ocultan su identidad oficial y se involucran o introducen en las organizaciones delictuales o en meras asociaciones o agrupaciones con propósitos delictivos, con el objetivo de identificar a los participantes, reunir información y recoger antecedentes necesarios para la investigación.

F. Informantes: son quienes suministran antecedentes a los organismos policiales acerca de la preparación o comisión del delito o de quienes han participado en él, o que, sin tener la intención de cometerlo y con conocimiento de dichos organismos, participa en términos similares al agente encubierto y al agente revelador.

G.  Agentes Reveladores: son los funcionarios policiales que simulan ser compradores o adquirentes, para sí o para terceros, de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, con el propósito de lograr la manifestación o incautación de la droga[1].

"Si bien se ha criticado que es un proyecto demasiado acotado, justamente esta es su mayor virtud: es necesario que los poderes del Estado no sigan postergando su respuesta contra la comisión de actos terroristas, que atentan contra la seguridad de las instituciones y causan temor en la población. De este modo, es de esperar que se apruebe la idea de legislar sobre este proyecto, que se encuentra en su primer trámite constitucional, en la sala del Senado y se continúe con la misma celeridad que hasta ahora se le ha dado en el resto de su tramitación", afirma Trinidad Schleyer, abogada del Programa Legislativo de LyD.

[1] La definición de agente revelador deberá adecuarse a los delitos terroristas.