Susana Tonda, Directora del Sename: “Esto es una política de Estado, los cambios estructurales que se requieren no se logran en un gobierno»

Un año desafiante, agotador, pero también gratificante. Así resumiría Susana Tonda, Directora del Servicio Nacional de Menores (SENAME), lo que ha sido su primer año al mando de la institución. Sobre los principales avances y lo que se viene en este tema prioritario para el actual gobierno conversó con Revista LyD.

¿Cuáles creen que han sido los principales logros alcanzados?

El primer logro ha sido armar equipo, hoy somos un equipo de trabajo no sólo con las personas que llegaron sino también con las personas que existían dentro de la institución y tenemos un proyecto común, desafíos comunes que se sienten y perciben. Por ejemplo, cuando voy a regiones se siente que hay sintonía en los proyectos, en los logros y eso indudablemente es difícil. Siento que estamos construyendo una gran catedral que la estamos visualizando todos.

El otro gran logro es que hemos ido avanzando en algunos proyectos de cambios que son tremendamente necesarios para el futuro. Cuando yo llegué al Sename planteé que había que hacer cambios estructurales, pero también de corto plazo, no sólo cambiar el techo sino también poner las ollas para las goteras y en eso efectivamente se ha ido avanzando. El Acuerdo Nacional por la Infancia nos marcó una ruta, nos permitió implementar los cambios que requieren los niños que están hoy en el sistema de cuidados alternativos y en paralelo, ir haciendo cambios estructurales de mediano y largo plazo.

En el área de protección, ¿Cómo se definieron las líneas de trabajo?

En el mundo de protección, nos planteamos 3 grandes líneas de trabajo. La primera y más urgente era reformar el sistema de cuidados alternativos y dentro de cuidados alternativos, que es donde el niño no está con su familia de origen, el gran desafío era en residencias-centros y en familias de acogida. En lo que eran centros, nos propusimos reestructurar todo lo que eran los Centros Residencial de Administración Directa (CREAD) y por otro lado, con la ley corta, apoyar y mejorar la calidad de vida de todos los niños que están en residencias de organismos colaboradores. En octubre del 2018 iniciamos la reformulación completa de los CREAD con la inauguración de la primera residencia familiar en Coyhaique, que siguió con el cierre de Playa Ancha y la instalación de 4 residencias familiares en la V región. Este año estamos consolidando este nuevo modelo totalmente nuevo de residencia, un modelo mucho más personalizado, con mucha más intervención y con ambientes emocionalmente más seguros. Para ello, cerraremos 4 CREAD más - 2 en la Región Metropolitana, uno de ellos bien simbólico, que es Galvarino, donde murió Lisette, uno en Arica y otro en Biobío-. Seguiremos después con la segunda infancia y con lactantes y preescolares de la primera infancia.

Este es un gran proyecto que requería la reconversión absoluta del sistema residencial de administración directa y este año viene la implementación de las nuevas subvenciones con la ley corta; el nuevo modelo de supervisión técnico a los organismos colaboradores que partió en enero de este año y las mejoras de los modelos de intervención, en las licitaciones y en la calidad de vida de los niños, que deberían traducirse en cambios importantes  durante el segundo semestre de este año y el próximo.

Una segunda línea de trabajo ha sido con las familias de acogida. Ya tenemos los estudios de diagnóstico y los distintos imput necesarios y por lo tanto, deberíamos iniciar en los próximos meses un par de pilotos en dos temas distintos: uno para promocionar, reclutar y evaluar a las familias de acogida y otro piloto para familias de acogida de emergencia que queremos iniciar el segundo semestre de este año.

Por último, en el área de sistema proteccional el gran trabajo es el  rediseño de los programas de diagnóstico y ambulatorios. Ya tenemos un estudio de la Universidad Católica con Unicef, también están trabajando las mesas técnicas con organismos colaboradores y personal nuestro tanto de residencias como de familias de acogida. Los primeros pilotos deberían estar el segundo semestre de este año. Necesitamos programas multimodales de intervención de intervención y estamos trabajando en ello de cara al 2021/2022.  para tener cambios importantes en la oferta, la planificación de ella 2021/22.

En justicia juvenil, ¿qué cambios se vienen?

En justicia juvenil, que es el nuevo modelo de reinserción social juvenil, estamos implementando en todos los centros cerrados un nuevo modelo de gestión y también dando bastante fuerza a la reinserción escolar y laboral. Esto va a ir preparando el cambio hacia los dos nuevos Servicios, cuya creación se está tramitando en el Congreso.

Todo este trabajo ¿Cómo se logra que trascienda al gobierno de turno?

El Acuerdo Nacional por la Infancia fue una mesa transversal políticamente hablando, que logró acuerdos que están recogidos en estos cambios y también en los dos proyectos de ley (Reinserción social juvenil y el de Protección de la niñez)  que esperamos se aprueben en los próximos meses.

Esto es una política de Estado, los cambios estructurales que se requieren no se logran en un gobierno, pero yo creo que hay acuerdo parlamentario y de la sociedad, de que los cambios deben ir por esta línea. De hecho nosotros hemos tomado varias cosas que venían del gobierno anterior, como por ejemplo, lo relativo al sistema de cuidado alternativo y al fortalecimiento de las familias de acogida.

PIEDRAS EN EL CAMINO

Sin embargo, todos estos cambios no han estado exentos de dificultades. La tramitación de la ley corta que buscaba aumentar la subvención a los organismos colaboradores del SENAME fue un proceso largo. Susana Tonda explica que lo que partió como una ley corta con dos artículos, terminó siendo bastante más compleja. “Había algunos parlamentarios que planteaban no entregar más dinero a los organismos colaboradores si no se aumentaban las exigencias. Eso  es lógico, pero debe ir en paralelo: yo no puedo aumentar las exigencias si no entrego nuevos recursos”, asegura.

¿El aumento en la subvención en qué cambios concretos debiera traducirse?

En términos globales, las cifras que uno debiera tener en mente es que los niños que actualmente están en residencias son aproximadamente 6.000. De esos niños, hay aproximadamente 5.600 que están en organismos colaboradores y poco menos que 1.000 que están en administración directa en los CREAD, ahora residencias familiares.

De los 5600 que están en organismos colaboradores, el Estado entrega en promedio una subvención $380 mil al mes por niño. El costo de atender a esos niños es aproximadamente el doble, o sea el Estado financia sólo el 50% para lo que hoy se hace. Sin embargo, con los cambios que estamos incorporando en modelos de intervención y ambientes más seguros, los costos van en aumento.  El aumento -que debiera estar aprobado a fines de junio y comenzar a entregarse en julio - va a suplir sólo en parte estos mayores costos, pero aún el monto sigue siendo deficitario. Sin embargo, la modificación de la Ley N! 20.032 va a permitir que en un plazo de 3 a 4 años se duplique esta subvención, llegando a los $780.000 por niño al mes, aproximadamente.

SOCIEDAD CIVIL E INFANCIA

¿Qué rol juega la sociedad civil en la protección del niño?

La sociedad civil es parte del sistema de protección completo. Participa a través de distintas instancias, como los organismos colaboradores que hacen las intervenciones, los que tienen los programas y los proyectos tanto de diagnóstico como ambulatorios y las familias de acogida. Y en el mundo de la justicia juvenil también apoyan, en todo lo que es el medio libre. Su rol fundamental es hacer una buena gestión técnica y administrativa y apoyar a que esos niños de verdad reparen sus vulneraciones. El Estado, en ese contexto, define cuál es el modelo de intervención que se debe hacer, define los estándares a alcanzar y supervisa que se hagan.

Pero la sociedad civil también tiene otros roles, por ejemplo, la academia, los centros de pensamiento deberían generar conocimiento y evidencia comparada para ir mejorando todo lo que son los modelos de intervención que hay que implementar hacia adelante. Y también cumplen un papel en generar mediciones y seguimientos posteriores de estos niños para ver efectivamente cuáles modelos dan mejores resultados que otros.

Susana Tonda asegura que también la sociedad en general tiene un rol en la protección del niño. “Estos niños deben pertenecer a los barrios, a las comunidades y a la sociedad, son parte nuestra y como tal, tenemos la obligación de acogerlos e incluirlos. El ser miembros de la comunidad es parte de los modelos de intervención y de los procesos reparatorios. No hay que olvidar que ellos no están presos, están bajo protección del Estado porque sus padres biológicos no han sido capaces de protegerlos”.

Por ello, la ubicación de las residencias familiares no es al azar. “Buscamos lugares en barrios que estén cerca de sus familias – no más de 50 kilómetros porque de lo contrario no llegan a visitarlos-, que haya colegios que puedan acogerlos, que haya servicios de utilidad pública, lugares de esparcimiento a los cuales acceder, buena movilización, y una casa grande donde entren 15 niños”, explica Tonda.

¿Cuáles son los desafíos de la institución de cara al futuro?

Queremos consolidar un modelo de cuidados alternativos moderno y focalizar y priorizar la familia como principal factor protector de las vulneraciones de derechos, junto con la escuela. En el ámbito de la protección atendemos más o menos 180 mil niños al año, de esos hay 160 mil con los que se trabaja en conjunto con sus familias en el área ambulatoria, lo cual es clave,  porque es prevención a la vulneración grave. Hacia adelante, ojalá disminuya al mínimo el número de niños en cuidados alternativos, y ya cuando estén ahí, el proceso sea lo más corto y con la mayor reparación del daño posible.