Hace unos días atrás, el Ejecutivo ingresó un proyecto de ley que promueve la simplificación legislativa. Entre las medidas sugeridas, se propone, en primer lugar, un Plan de Revisión y Derogación Legislativa elaborado cada cuatro años por el Presidente de la República, con la participación activa de los otros poderes del Estado y de la sociedad civil. "Dicho plan tendrá un doble objetivo: por un lado, identificar las deficiencias técnicas o formales, inconsistencias o dificultades observadas en la aplicación de las leyes, y por otro, revisar y posteriormente adecuar o derogar aquellas leyes que se encuentren en desuso u obsoletas, o que han sido tácitamente derogadas", señala Pilar Hazbun, Coordinadora del Programa Legislativo de LyD.

Por otro lado, el proyecto modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, incorporando a los requisitos que debe reunir la presentación de un proyecto de ley, la indicación de las leyes o, parte de ellas, que deban quedar derogadas en razón de la iniciativa propuesta. Asimismo, deroga expresamente cien leyes en desuso, obsoletas o tácitamente derogadas; y, por último, dota de oficialidad a las normas constitucionales y legales puestas a disposición del público por la Biblioteca del Congreso Nacional, en formato digital y   de manera gratuita.

Las medidas propuestas se justifican por cuanto la normativa chilena vigente no contempla el deber de incluir en los proyectos de ley que se presentan una referencia expresa a aquellas normas que dejarán de estar vigentes en virtud de las disposiciones de la nueva ley. Ello ha dado lugar a que el régimen general de derogación en Chile sea la derogación tácita que se presenta cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior.

"De este modo, lo que pretende el proyecto de ley es pasar de la actual práctica de derogación tácita a una derogación expresa, con el objeto de lograr una mayor claridad regulatoria, evitar conflictos de interpretación y excesos de regulación, así como generar mayor certeza jurídica", explica la abogada. Un sistema legal claro y simple facilita el conocimiento y comprensión de las normas por parte de la ciudadanía, así como su interpretación y aplicación por parte de los Tribunales de Justicia.

"Por otro lado, regulaciones más simples son fundamentales para incentivar la innovación, el emprendimiento y la productividad", asegura Hazbun. Sobre esto último, el proyecto del Ejecutivo para fortalecer la productividad y el emprendimiento, que se encuentra en actual tramitación, contempla también como una de sus medidas la especificación de las normas derogadas y la elaboración de informes de productividad y coherencia regulatoria. Asimismo, la mesa para el Acuerdo Nacional por el Desarrollo Integral para elevar la productividad propuso dentro de sus medidas para elevar la productividad, la de simplificar las regulaciones existentes y generar una cultura de revisión constante de la regulación.

"En definitiva, se trata de una iniciativa positiva y que, además, está en línea con las recomendaciones de la OCDE sobre política regulatoria y con los procesos que se han llevado a cabo en otros países", sentencia Pilar Hazbun.