Entrevista a Carlos Williamson: “La gratuidad en Chile es apostar hacia la mediocridad y no a la calidad”

El Consejero de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo y rector de la Universidad San Sebastián, Carlos Williamson, fue de aquellos expertos que desde temprano advirtió que la gratuidad era una política defectuosa. Hoy, a tres años de que ésta comenzó, en entrevista con Revista LyD, analiza su implementación y advierte de los enormes costos que esta política está generando.

¿Confirma sus críticas a la gratuidad? ¿Cómo está afectando al sistema de educación superior en su conjunto?

Una política pública responsable que compromete recursos del Estado debe poner atención en los usos alternativos, ponderando la rentabilidad social frente a otros proyectos sociales y es aquí donde está la primera fuente de crítica. La evidencia muestra que, en materia de financiamiento estudiantil, la educación superior tiene menos prioridad que la educación temprana o la escolar u otras demandas en salud o pensiones de más alto impacto económico. Lo segundo es que hay un instrumento que ha probado ser muy eficaz para cerrar las brechas de inequidad y son las becas y el crédito, de modo que la gratuidad no debe verse como la única solución. Y lo tercero, y tal vez lo más grave de este “iceberg” donde hay consecuencias que no se ven en el corto plazo, es que el compromiso de que el Estado compensa a las universidades por el copago de los estudiantes que dejan de percibir, definitivamente no se cumple. Hay brechas financieras de magnitudes elevadas que afectarán a la larga la calidad. Mi cálculo es que, en base a los actuales aranceles regulados, la gratuidad universal tendría un costo total de U$ 3.600 millones, de los cuales U$ 3.000 provienen de aportes fiscales y U$ 600 millones son costo implícito de las universidades por esta subcompensación.

 

La Universidad San Sebastián, así como otras que se encuentran en proceso de crecimiento y mejora, optó por no suscribir a la gratuidad ¿Cuáles fueron las razones que justificaron esa decisión? ¿Están tranquilos con ella?

Las razones son obvias. Primero, las universidades como la nuestra deben fijar aranceles reales mayores a sus equivalentes públicas que reciben aportes basales. Segundo, los criterios de asignación por gratuidad se hacen en base a una agrupación por tipos de universidades que parecen similares, pero no lo son, en consecuencia, las brechas financieras entre el arancel real y el regulado son mayores en nuestro caso. Si estuviéramos en gratuidad tendríamos un déficit operacional inabordable. Estamos tranquilos porque hemos visto confirmadas nuestras aprensiones que el sistema de financiamiento está mal diseñado.

 

¿Cómo hacen las universidades no gratuitas para seguir compitiendo y mejorar dado el nuevo escenario, en que las principales universidades del país sí suscribieron a esta política?

Es interesante la pregunta porque nadie se hace esta interrogante. Convengamos que este modelo de gratuidad “voluntario” es como si uno recibiera una invitación a un concierto y tuviera que pagar el doble que su vecino de al lado. Reitero que los aranceles reales no reflejan los costos reales de la docencia. Hay distorsiones. Por lo tanto, si los aportes por gratuidad son equivalentes, pero los costos son disímiles, unos podrán pagar el costo de la entrada al concierto y otros no. Los que quedan fuera de la gratuidad, o no pudieron entrar al concierto, tienen menor poder competitivo y deben ser muy creativos para persuadir a los estudiantes que se vengan a estudiar allá, pagando, es decir que nos prefieran, frente al que ofrece gratuidad. Tarea difícil. O sea, el sistema tiene competencia desleal. Y se da el absurdo de que, para quedar en mejor posición competitiva, las universidades sin gratuidad debieran alentar a que se pasen menos recursos a la competencia para que, al tener ellas menor calidad, puedan ganar competitividad. Al final, la estrategia nuestra para competir en este entorno es, sobre todo, ofrecer un bien de calidad, y luego meterse la mano al bolsillo para ofrecer becas propias. La USS gasta del orden de los 16 mil millones de pesos en becas internas.

 

De acuerdo con la encuesta CASEN 2017, la política de gratuidad no se ha traducido en un mayor acceso a la educación superior de aquellos grupos a los que justamente apuntaba. ¿Qué otra política se puede implementar para asegurar ello?

Esto ocurre por una razón muy simple. Porque en Chile la masificación en el acceso llegó mucho antes que la gratuidad; de ahí que haya una falacia en decir que la gratuidad ha resuelto el problema de acceso. El tema del acceso tiene raíces académicas más que económicas. Muchos jóvenes quedan fuera porque no tienen la preparación adecuada.

Con todo, no hay que pensar que el tema del acceso, desde el punto de vista económico, no está “absolutamente” resuelto. Realicé una investigación con otros colegas, Tuition fees, student finantial aid and higher education enrollment: the case of Chile (Kuscher, Riquelme, Santelices y Williamson), en que se demuestra que, en el margen, los aranceles frenan en alguna medida, que es baja pero no despreciable, el acceso de sectores vulnerables, y ello no es compensado por las becas y el crédito. O sea, hay tarea pendiente en materia de acceso, pero reitero que el tema de fondo es que la gratuidad no es la solución. Es un mal remedio o un remedio peor que la enfermedad.

 

¿Debiera Chile seguir el camino de Australia, que en 1989 desechó la gratuidad por no tener los efectos para los cuales fue concebida? ¿Cuántos años debieran pasar para tomar una decisión así?

Creo que si la gratuidad queda como hoy hasta el 60% de los más pobres es malo pero no es tan dramático porque ninguna universidad va a quebrar, pero sí se hará difícil la vida académica para seguir avanzando en calidad. La gratuidad en Chile, porque hay que vivir de realidades y no ficciones, se suele respaldar con la comparación: “pero qué problema si Suecia tiene universidades gratuitas y le va bien en calidad”. Mi respuesta es que la gratuidad en Chile es apostar hacia la mediocridad y no a la calidad. Lo realista, es decir que la gratuidad no es posible y hace todo sentido que haya un financiamiento compartido público y privado. El país no puede darse el lujo de postergar otros gastos públicos más urgentes, ni tampoco hipotecar el desarrollo de las instituciones, y lo sensato es pedir que los estudiantes que recibirán un aumento sustancial en sus ingresos laborales cofinancien su educación. Salvo algunos países nórdicos de Europa todo el mundo ha migrado hacia el cobro de aranceles. En Chile se impuso una ideología de la gratuidad que ha sido muy dañina.

 

PARÁMETROS DE CALIDAD

¿Es la acreditación el parámetro correcto para asegurar la calidad de las instituciones de educación superior?

Creo que la acreditación es un buen instrumento. Desde luego porque obliga a un ejercicio de autoevaluación que es sano para hacer un autodiagnóstico de cómo está la universidad hoy y qué mecanismos internos se disponen para asegurar el mejoramiento de la calidad. Por lo tanto, es un compromiso de avanzar y no quedarse dónde se está.

 

¿Cómo se puede avanzar en calidad si hoy existen criterios muy dispares en el financiamiento del Estado a las universidades, a pesar de que algunas cuentan con prestigio, buenas ubicaciones en los rankings y buenas calificaciones en los procesos de acreditación?

A mi juicio ha habido un error conceptual que va a costar caro con este debate sobre financiamiento a las universidades que sólo ha tenido en cuenta el tema de las ayudas estudiantiles. Porque resulta que las universidades son entidades complejas, que no sólo forman estudiantes, sino que generan conocimiento que puede canalizarse para aumentar la productividad y por esa vía crear más empleo, progreso y bienestar. Eso no ha estado en la agenda. Si no hay financiamiento institucional para apoyar la creación de bienes públicos como una investigación útil y de calidad, estamos privando al país de una potencial fuente de crecimiento. Ese es un aspecto presente hoy en una política pública defectuosa y de ahí que no sólo hay que mirar a las de mayor prestigio histórico: todas deben tener la oportunidad de avanzar.

 

En una reciente columna usted asegura que la mejor herramienta para calificar el desempeño de una universidad es ver la calidad del profesional que egresa ¿Cómo puede medirse eso de manera objetiva, teniendo en cuenta las diferencias entre los alumnos que ingresan a cada plantel?

En efecto, la masificación ha significado que muchas universidades menos selectivas y de menor prestigio se están haciendo cargo de formar estudiantes con muchas carencias y, por lo tanto, la calidad del trabajo que hacen estas universidades menos prestigiadas se debe medir en virtud de su aporte o valor agregado. Eso es también calidad. En consecuencia, si queremos avanzar en calidad en una mirada menos restringida, a esas universidades hay que compensarlas por su tarea pública de impulsar la palanca de movilidad social.

Es cierto que el mercado laboral establece remuneraciones que tienen un componente de productividad asociado a calificación o educación, pero hay otros factores como los contactos, redes sociales y el capital cultural que se asocia a la cuna. Por lo tanto, no puedo hacer comparables dos trayectorias similares de egresados si los orígenes sociales son distintos. Por esto hay que tener cuidado de cómo mirar el resultado para no cometer errores conceptuales. Se puede medir el valor agregado comparando el nivel de ingresos familiares a la entrada con su nivel de ingresos y empleabilidad a la salida. Yo hice el ejercicio de medir el ingreso familiar de los estudiantes de acuerdo a su acreditación socioeconómica al momento de su admisión y luego ver, de acuerdo a las estadísticas del SIES, su ingreso laboral al cuarto año. El impacto es notable. Se pasa de un ingreso familiar del orden del quintil 2 a un ingreso equivalente del egresado que es un quintil entre 4 y 5. ¡Enorme palanca de movilidad social!

 

"Si no hay financiamiento institucional para apoyar la creación de bienes públicos como una investigación útil y de calidad, estamos privando al país de una potencial fuente de crecimiento".