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Aguas Turbulentas

El Libero

En el mundo ha crecido la conciencia acerca de la necesidad de cuidar ese recurso vital para la vida que es el agua. Hay varias razones para ello. La primera es que el crecimiento económico y la incorporación masiva de personas al consumo han aumentado la demanda; más personas tienen acceso a agua potable y la disposición sanitaria de residuos lo que mejora notablemente su calidad de vida. Adicionalmente, los fenómenos naturales y el cambio climático introducen una mayor variabilidad en la oferta de agua, disminución de caudales y dificultades en el proceso de producción y utilización de ésta. Un tercer factor es la conciencia ambiental que nos señala los beneficios de la conservación del agua, no solamente para consumo humano sino también para usos productivos y preservación de humedales y acuíferos que contribuyen a la diversidad de la flora y fauna del planeta. Todos y cada uno de estos elementos están presentes en Chile.

Esta conciencia no debe confundirse con la burda simplificación que hacen algunos que atribuyen a la excesiva importancia que se daría al mercado en nuestro país, los problemas puntuales de abastecimiento de agua en algunas regiones. Al contrario, un mínimo conocimiento de los fundamentos de la economía nos dice que el funcionamiento del sistema de precios es un elemento valioso para preservar un recurso escaso. Por lo demás, a nivel internacional, Chile es mencionado como un ejemplo de un modelo de gestión de agua exitoso, junto con Australia y California. A esta tendencia se están sumando recientemente España y China y el Parlamento Europeo está debatiendo el tema. Un estudio publicado el 2018 identifica 70 países en el mundo donde las normas jurídicas separan los derechos de agua de los de tierra, lo que desmiente a quienes afirman que el caso de Chile es el único donde hay un mercado del agua.

Para evaluar el efecto que la legislación que nos rige ha tenido sobre el recurso, conviene consignar que desde 1981 a la fecha ésta, con las modificaciones que se le han introducido, ha permitido hacerse cargo de la mayor demanda para consumo humano del agua, que hoy llega al 12% del total del consumo. Antes de la vigencia del código, el consumo humano era del orden del 6%. Chile tiene cubierta el 100% de su población urbana y también la rural con poblaciones no diseminadas lo que le ha valido ser calificado como uno de los países que mejor respeta el derecho humano al agua. Aún así, hay cerca de 450 mil viviendas rurales sin acceso, lo que es un número importante de familias pero que no representa un problema muy difícil de abordar. Ello porque para proporcionarles 170 litros al día por persona, cantidad por sobre los estándares recomendados, se requieren 2.752 litros por segundo, que equivalen al 1,1% del agua usada en la agricultura y a un 84% de las reservas disponibles, que por cierto no están ubicadas en los lugares sin acceso. Estamos hablando entonces de inversiones abordables y de mejoras en la gestión del agua más que de un problema cuantitativamente relevante. La asignación de derechos por sobre las disponibilidades reales de agua en algunas zonas, lo que fue un error técnico de la autoridad, es responsable de la mayoría de los problemas. Algunos están en vías de solución al corregirse esos errores y otros requieren inversiones y mejor gestión, en lo que está empeñada hoy la Dirección General de Aguas.

El proyecto de reforma al código de aguas que presentó la administración anterior, limitando a 30 años los derechos indefinidos que establece la ley chilena, entre otras medidas, se pretendía justificar sobre la base de que no se consideraban los efectos del cambio climático y de que supuestamente había un exceso de peso del mercado en las decisiones acerca del agua. Como hemos demostrado más arriba, esos son prejuicios que no tienen sustento en la realidad. El actual gobierno ha presentado una indicación sustitutiva al proyecto, que restablece los derechos indefinidos, aunque se mantienen algunos de los cambios que ya se habían acordado en la tramitación durante el gobierno anterior. Uno podría preguntarse si vale la pena seguir tramitando este proyecto. La verdad es que hay ciertas disposiciones del código que es conveniente actualizar. Si se abandonan las posturas fundamentalistas que pretenden precarizar los derechos, sería bueno persistir por varias razones.

Entre ellas podemos mencionar que el código está concebido básicamente para aguas de riego y en particular aguas superficiales, sin un tratamiento adecuado para aguas subterráneas; también, podría reforzarse la prioridad al consumo humano. Adicionalmente, pueden incluirse herramientas para dar mayor seguridad hídrica, incentivos a asociaciones de usuarios para gestión de los recursos, desarrollo de nuevas fuentes como la recarga artificial de acuíferos vía infiltración, y coordinación entre instancias relacionadas con el manejo del agua.

En síntesis, si se realiza una discusión técnica y seria acerca del código de aguas tenemos la oportunidad de mejorar nuestra institucionalidad para la gestión del agua, que ya es una de las que en el mundo mejor responde a las necesidades de la población, pero que ciertamente puede perfeccionarse.

 

 Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, publicada en El Líbero.- 

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