Modernización Tributaria: Oponerse a la idea de legislar dejará al país sin corregir los defectos del actual régimen tributario

El pasado 3 de marzo se hizo público, producto de las reuniones encabezadas por el Ministerio de Hacienda durante enero y febrero sobre los principios que inspiran el proyecto de Modernización Tributaria (Boletín N° 12.043-05), un informe elaborado por técnicos designados por los parlamentarios miembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados pertenecientes a la oposición.

Dicho informe -de una extensión de 3 páginas- señala que, si bien se aclararon algunos temas planteados en la minuta denominada “condiciones para legislar en materia tributaria” y se presentó información inédita sobre otros, los parlamentarios de oposición deberían votar en contra de la idea de legislar el proyecto de Modernización Tributaria impulsado por la actual administración.

Con todo, ha trascendido que el diputado Pablo Lorenzini -actual presidente de la Comisión de Hacienda- se encuentra negociando un protocolo de acuerdo con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), cuyo objeto es acordar ciertas modificaciones que permitan obtener un acuerdo respecto del proyecto de ley, entre las cuales se ha señalado la posibilidad de que el Ejecutivo presente en el futuro un proyecto de ley para regular eventuales aportes de empresas que desarrollan actividades en regiones a esas regiones con una regulación acorde al efecto.

Por su parte, se ha señalado en algunos medios que se estaría evaluando incorporar cambios encaminados a eliminar exenciones y regímenes preferentes, de diferente naturaleza, y algunos miembros de la oposición o de sus asesores han planteado la posibilidad de crear nuevos tramos, para rentas altas, en el impuesto global complementario y de segunda categoría para personas naturales. John Henríquez, abogado de Libertad y Desarrollo, ante esta posibilidad expresa que “cualquier modificación que se acuerde no debe desdibujar la esencia del proyecto presentado por el Ejecutivo, el cual es fomentar el crecimiento económico y otorgar mayor certeza jurídica tanto para los contribuyentes como para la autoridad tributaria. Así, a modo de ejemplo, se debe tener especial cuidado en las posibles modificaciones que digan relación con el mercado de capitales, cuyos cambios eventualmente pueden perjudicar el desarrollo de nuestro mercado de capitales y terminar afectando el objetivo de convertir a Chile en un centro financiero global. Finalmente, se debe velar por promover la competitividad tributaria de nuestro país, objetivo que es contradictorio con el aumento de impuestos.

En dicho contexto, conviene destacar que una de las ideas matrices del proyecto es la reintegración del sistema tributario, que se contrapone a lo expresado en el octavo punto de la minuta de la oposición, en la que llaman al Ejecutivo a “valorar los avances en desintegración”. Respecto a este pilar de la iniciativa legal, Henríquez sostiene que “la integración es ampliamente positiva toda vez que permite reestablecer la equidad horizontal. En los sistemas integrados dos contribuyentes con iguales ingresos debieran pagar el mismo monto de impuestos independiente de la fuente de los ingresos. Asimismo, dicho sistema es la forma más sencilla de evitar la doble tributación de los ingresos del capital proveniente de las utilidades de las empresas. Adicionalmente, la reintegración es proporcionalmente más beneficiosa para las personas menores recursos ya que el actual sistema semi integrado las afecta con una sobretasa plana de un 9,45%”.

Finalmente, respecto a un eventual rechazo de la oposición a legislar sobre la materia, Henríquez señala que: “en primer lugar, es esencial que se llegue a un acuerdo favorable -que mantenga las ideas matrices del proyecto, al tratarse de un proyecto pro crecimiento económico y pro certeza jurídica- con prontitud y que no se siga dilatando la decisión de legislar, en atención a los efectos negativos que genera la incertidumbre en los distintos actores del mercado. Y, en segundo lugar, es relevante destacar que oponerse a la idea de legislar dejará al país sin corregir los defectos de que adolece el actual régimen tributario en materia de equidad horizontal y de certeza jurídica; sin permitir a las Pymes acogerse a un sistema que les resulta beneficioso y que hoy se encuentra topado; sin la posibilidad de contar con un organismo de Defensoría del Contribuyente, y sin regular la tributación de los servicios digitales, entre otras materias altamente relevantes del proyecto.”