El Diputado Giorgio Jackson y su colega Maite Orsini han presentado un proyecto de ley que según ellos busca resguardar a las personas para que no haya explotación o precarización del trabajo de quienes ofrecen sus servicios de reparto a domicilio a través de las aplicaciones de Internet. Así, los conductores que a través de Uber Eats, Rappi u otras plataformas tecnológicas reparten pedidos a usuarios que los contactan a través de la red, y que no tienen una relación laboral con las empresas propietarias de esas aplicaciones, pasarían a tenerla después de este proyecto.

Pero resulta que quienes prestan esos servicios han elegido operar con estas plataformas precisamente porque buscan la libertad de no tener un empleador, no estar sujeto a horarios de trabajo, sino que ejercer la actividad a su propia conveniencia, cuando tienen tiempo disponible porque realizan otras actividades como estudiar o incluso trabajar con una jornada parcial. Por otra parte, la base de las economías colaborativas es que se rompe la relación empleador- trabajador y también se altera la de productor- consumidor. Uber transporta cada día a miles de chilenos y no tiene un solo auto en el país, Airbnb aloja a millones de pasajeros en todo el mundo y no tiene ni un solo cuarto de hotel.

Pero nuestros diputados millenial quieren otra cosa: mantener las cosas buenas como la flexibilidad, pero deshacerse de las que les molestan y que en general se relacionan con la posibilidad que tiene el usuario de calificar y evaluar los servicios que le prestan. Por supuesto es difícil, sino imposible, hacer eso, pues al modificar centralizadamente las condiciones que las partes han pactado se corre el riesgo que ya no haya interés de una de ellas. El problema conceptual de los diputados es un profundo desconocimiento de los fundamentos de la economía de mercado, en que los servicios se prestan para satisfacer a un consumidor que de esta manera logra la máxima retribución por el dinero que paga. Esto no es una cuestión entre buenos y malos como les gusta presentar siempre las cosas. Los cientos de miles de empleos que se crean con estas aplicaciones existen no para satisfacer a quienes prestan los servicios, sino a quienes los reciben. Distinto es si el prestador está satisfecho con esa transacción o no. De hecho, si no lo está dejará de trabajar en esto.

Vamos a ver cómo progresa este proyecto que analizaremos con más detalle más adelante. Es una buena prueba para nuestro sistema político, pues una intervención inadecuada dejará a los consumidores chilenos fuera de la posibilidad de acceder a servicios que hoy pagan con gran satisfacción de su parte: una nueva versión de el Estado contra los ciudadanos.

Me paso a otros proyectos de ley, también mociones parlamentarias, que parecieran intentar cuadrar el círculo. Varios diputados de todos los colores políticos han presentado un proyecto que prohíbe los descuentos asociados a tarjetas de crédito cuando éstos son ofrecidos por quienes tienen relación directa con el vendedor. En simple, usted no podría beneficiarse del descuento de casi 50% de un computador comprado en una de las grandes tiendas o de un televisor muy rebajado si lo paga con la tarjeta de crédito de la misma multi tienda. ¿Por qué esta lindura? Porque según los diputados (¿expertos en libre competencia?) que lo presentan, esto sería una competencia desleal contra las PYMES que no ofrecen estos descuentos. En primer lugar, eso es falso porque hay PYMES que están asociados a programas de descuento con tarjetas de crédito, como sucede notoriamente con restoranes. Segundo, si hubiese una competencia desleal sería una conducta predatoria destinada a sacar a un competidor del mercado, cuestión que ya está penada expresamente en la ley del consumidor. Esta moción, de ser aprobada, vendría a alterar todo el modelo de negocios del comercio, que por lo demás es un modelo generalizado en la mayoría de los países, con variados programas de fidelización basados en el crédito.

Otro proyecto, esta vez de un Senador, modifica las condiciones de la relación entre el emisor de la tarjeta de crédito y el tarjetahabiente para situaciones de fraude o pérdida de la tarjeta. Entre algunas cosas razonables, como regular condiciones y plazos para los avisos de pérdida e incorporar a las tarjetas de débito y las transferencias electrónicas, introduce cuestiones altamente discutibles, como que el desconocimiento de un pago puede hacerse hasta 90 días después del cargo. La comisión de economía de la Cámara de Diputados había establecido inicialmente regulaciones más razonables, como un deducible de 0,5 UF para evitar autofraudes, o que la devolución del cargo fuera provisional, mientras se investiga el caso; pero ante la presión pública la misma comisión eliminó luego el deducible y la palabra “provisional”. Los que “defienden” al consumidor en estos casos no se dan cuenta que al establecer este tipo de regulaciones lo que hacen es defender al consumidor descuidado, e incluso fraudulento en algunos casos, a costa de perjudicar al consumidor responsable; pues obviamente el costo de todas estas regulaciones se traspasa en alguna medida a todos los consumidores. Pero la demagogia parece ser ciega a razones y algunos parlamentarios se guían más por el clamor de las turbas que por la razón.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, publicada en El Líbero.-