Agenda indígena 2019

Durante el lanzamiento del nuevo Plan Araucanía presentado por el gobierno hace algunos meses atrás, se anunciaron ciertas medidas de carácter político (además de las promesas económicas y sociales), las cuales implican el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, continuar con la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas y del Consejo de Pueblos Indígenas y, por último, proponer un mecanismo que haga efectiva la representación de estos pueblos en el Congreso.

Respecto de ello, el Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, anunció al iniciar el año que reimpulsará la agenda indígena luego de haber quedado pausada por los constantes hechos de violencia en la zona. "Esta agenda se reactivará comenzando con la presentación de indicaciones al proyecto de ley que crea el Ministerio y Consejo de Pueblos Indígenas, que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. Por su parte, el reconocimiento constitucional y la ley de cuotas se encuentran en plano de diálogo para establecer acuerdos con la oposición y las comunidades", explica Javiera Cid, investigadora del Área Política de Libertad y Desarrollo.

Si bien muchas de las medidas propuestas por el gobierno corresponden a demandas realizadas por las comunidades desde hace algún tiempo, existen una serie de interrogaciones sobre su diseño, que, al no definirse de manera minuciosa podrían eventualmente generar problemas técnicos. "Así por ejemplo, respecto de implementar la ley de cuotas indígena hay que tener en cuenta que, a diferencia de las mujeres y las cuotas de género que actualmente existen para las elecciones parlamentarias, la población indígena no constituye una presencia transversal a nivel nacional, ni en todos los distritos electorales", señala la investigadora. Por otro lado, bajo el mismo argumento, no se puede asegurar que el objetivo de una ley de cuotas se cumple en su plenitud si los representantes de los distritos se apegan estrechamente a los intereses el territorio al que pertenecen y no a los intereses generales de la comunidad.

Finalmente, aun cuando todavía no hay certeza de como el gobierno abordará estos temas pendientes, a priori, una ley de cuotas y un reconocimiento constitucional atentaría contra algunos de los principios fundentes de nuestra sociedad democrática.