11 de febrero de 2019

Objeción de Conciencia Institucional: Reconocimiento a la autonomía de los cuerpos intermedios

El debate que concluyó con la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional con fecha 18 de enero del presente año, sobre la procedencia de la objeción de conciencia en las instituciones privadas de salud que hubieren suscrito con el Ministerio de Salud convenios que contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología que por su naturaleza comprendan atenciones en pabellón, respecto a la práctica del aborto en sus instalaciones, no sólo implicó una discusión respecto a los alcances de la objeción de conciencia, sino también, puso de manifiesto las diferentes nociones sobre la naturaleza de las prestaciones realizadas por entes privados con recursos públicos y las disímiles consecuencias de seguir uno u otro criterio. “La resolución de estos dos conflictos tiene profundas implicancias en la autonomía de los cuerpos intermedios”, explica María Trinidad Schleyer, investigadora del Programa Legislativo de LyD.

Respecto a la objeción de conciencia institucional, el TC ya había reconocido su existencia con anterioridad en relación al Proyecto de la Ley N°21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, en el que se había establecido que en ningún caso se podría invocar la objeción de conciencia por una institución. En dicha oportunidad se consideró por la mayoría de los ministros del Tribunal que esta restricción pasaba a llevar la autonomía de los cuerpos intermedios, esto es, la capacidad de regirse por sí mismos, reconocida en nuestra Constitución, y, también, la libertad de asociación. Esta limitación fue eliminada y con ello se permitió a las instituciones invocar la objeción de conciencia en todo caso. A partir de estas consideraciones, el TC concluyó que la objeción de conciencia institucional, reconocida por la ley y amparada en la Constitución, no puede ser objeto de condiciones o requisitos legales que impidan su libre ejercicio, en razón de que no se puede vulnerar los derechos en su esencia, ni menos, por medio de un Decreto, que es la forma que se utilizó para limitar este derecho.

“La objeción de conciencia permite no ejecutar determinadas obligaciones cuando estas repugnan las convicciones o ideario de una persona o entidad. No tendría sentido permitirla si ésta no puede ser invocada cuando el Estado pretende de alguna forma exigir la ejecución de una acción –en este caso, el aborto-. No entenderlo así sería admitir que existe efectivamente un derecho, pero que éste es carente de toda funcionalidad, lo que no se sostiene jurídicamente”, asegura la abogada.

Por su parte, se alegó por parte de la Contraloría General de la República que al firmar los convenios con el sector público para realizar funciones que le son propias a éste, la instituciones de salud privadas no podrían invocar la objeción de conciencia, toda vez que se trata del Estado cumpliendo la función pública a través de instituciones privadas, que sustituyen, sólo para estos efectos, a los servicios de salud. “Así, los privados ejercen una función pública, con recursos públicos, y a la cual han optado en forma libre y voluntaria”. Esto no implicaría, a su juicio, un cambio en la naturaleza jurídica de dichas instituciones –pasando de ser públicas y privadas-, sino sólo una sustitución en la función pública lo que conlleva que se ajusten al decreto impugnado y demás normativa del Ministerio de Salud.

El Tribunal frente a esta argumentación, luego de explicar el origen francés de esta doctrina y considerar que no se ajusta completamente al derecho público chileno, que parte por el deber del Estado de reconocer y amparar a los cuerpos intermedios, garantiza ampliamente la libertad de asociación y permite a las instituciones privadas participar en el quehacer de la salud, señaló que la firma del convenio de salud sólo implica una transferencia respecto a un determinado quehacer y no a un cierto modo de ser, en que se comunique a los privados la imposibilidad que pesa sobre el Estado de aducir la eximente comentada. De aceptar la ejecución de determinadas acciones de salud no se sigue que tenga que aceptar otras, renunciando con ello a su identidad y al derecho a apelar a la objeción de conciencia constitucional.

“La sentencia al reconocer la objeción de conciencia a las instituciones y determinar el alcance de las funciones delegadas de la administración al sector privado, resguarda  la autonomía de los cuerpos intermedios, fundamental para una sociedad libre, en la que las personas se puedan agrupar e imprimir sus convicciones a sus asociaciones y no ser coaccionadas por el Estado a través de ellas“, explica María Trinidad Schleyer.