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Acelerar el paso

La Tercera

El año 2018 cerró con buenas cifras para la economía chilena y las finanzas públicas comienzan a ordenarse. Se trata de buenas noticias que redundan en beneficio de todos. La buena gestión del gobierno y el impulso y la actividad de los privados, motivados por las expectativas de cambios, han sido catalizadores de estas buenas nuevas.

Hay quienes sostienen que los buenos resultados económicos obtenidos serían evidencia suficiente de que no se necesitaría perseverar en reformas de mayor envergadura en el ámbito económico, como lo serían la modernización tributaria y la laboral. Fundan esta tesis en que la economía parece robustecerse aun sin haber mayores avances legislativos en la primera y sin haberse presentado la segunda. De paso, aprovechan el vuelo para señalar que los magros resultados económicos de la administración anterior no habrían sido consecuencia de las reformas tributarias o laboral impulsadas por el gobierno de la presidenta Bachelet. Pero esa “lógica” en realidad no es tal.

Los agentes económicos actúan de acuerdo con las previsiones que realizan sobre la magnitud de las variables económicas en el futuro. Su comportamiento responde así, y de manera lógica, a las expectativas. Las señales dadas por las nuevas autoridades en materia económica han impulsado las perspectivas de los agentes y el crecimiento en 2018. Para sostener aquello en el largo plazo es necesario que esas señales se traduzcan en cuestiones concretas. Por ello, el 2019 será un año muy relevante en este sentido. A partir de marzo, en que se retoma el año legislativo, será indispensable que el Gobierno y el Congreso avancen a paso firme para discutir y aprobar las reformas que modernizan el Estado, las que impulsan la competitividad y productividad, las que actualizan la regulación laboral y se hacen cargo de grupos postergados como los jóvenes y las mujeres y las reformas de pensiones y tributaria. Sobre esta última, sin duda, tanto el trabajo de la mesa técnica como el debate en el parlamento darán lugar a determinados cambios para conseguir los tan anhelados acuerdos. Sin embargo, es de esperar que aquellos no desdibujen la arquitectura inicial de la reforma, orientada a dar certeza a los contribuyentes y a ser un impulso a la inversión. Más recaudación, más tributos, complejizar la actividad de los emprendedores sacrificando la certeza jurídica o poner escollos al desarrollo de nuevas tecnologías no forman parte de los objetivos de la iniciativa, ni del programa de gobierno y me atrevo a decir que tampoco constituyen propósitos de la ciudadanía. Así, el gobierno no debe perderse en el debate que cierto sector de la clase política se aferra en instalar como prioritario. Separar el proyecto para corregir (o continuar corrigiendo) las falencias o carencias que dejó la reforma de 2014, y dejar “lo demás” (que es bastante esencial) para otro momento, sería un error que golpearía fuertemente las expectativas.

Columna de Natalia González, Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Administrativos de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-

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