Certeza Jurídica en la Modernización Tributaria: Un aspecto clave

La mesa técnica convocada por el Gobierno para concordar los aspectos esenciales de la iniciativa sobre Modernización Tributaria reanudará sus labores esta semana, entrando en una fase clave para zanjar las distintas posturas y así poder proceder con la votación en general de la iniciativa en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Diversos son los temas sobre la mesa, entre los que se encuentran los instrumentos disponibles en la iniciativa para generar mayor crecimiento económico; el despejar las dudas sobre la recaudación y los efectos de la integración total entre el impuesto corporativo y el impuesto a las personas, y la revisión de la regulación y las atribuciones y facultades del Servicio de Impuestos Internos (SII) en aras de contar con mayores grados de seguridad jurídica, principio fundamental de cualquier Estado de derecho. "En efecto, buena parte de la modernización tributaria presentada a debate en el Congreso Nacional se ocupa y orienta, correctamente a nuestro juicio, a hacerse cargo de este último punto, por lo que se trata de una materia esencial de la reforma. Es de esperar que el acuerdo técnico y político al que se arribe en estas negociaciones se efectúe considerando la importancia de la certeza jurídica para el desarrollo económico de nuestro país, y se actúe en consecuencia", señala la Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Administrativos de LyD, Natalia González. En este sentido, la certeza jurídica está lejos de ser una materia de importancia accidental o menor, de manera que sin perjuicio de los perfeccionamientos que al efecto puedan concordarse, resulta clave que no se transen los lineamientos esenciales trazados en el proyecto de ley presentado a discusión en esta materia.

La seguridad jurídica se refiere a la certeza y previsibilidad que tienen los individuos al conocer y entender las normas y las consecuencias jurídicas de sus actos y de las acciones que puedan recaer sobre ellos, sus bienes y/o derechos. "La seguridad jurídica es un factor crucial para el desarrollo económico de cualquier nación, toda vez que la actividad emprendedora y las decisiones de localización de inversión son incompatibles con la incertidumbre que generan leyes poco claras y que dejan espacios para el actuar discrecional o arbitrario de la autoridad y de los tribunales de justicia", explica González. Normas claras y simples, susceptibles de ser conocidas por la ciudadanía, que se aplican a conductas posteriores a su entrada en vigor y en las que el supuesto de hecho descrito en la norma, y para el cual se prevé su aplicación, está rigurosamente perfilado, son esenciales para generar un entorno de confianza y constituyen la concreción de los principios de legalidad, tipicidad y debido proceso, indispensables para el desarrollo.

El proyecto de modernización tributaria presentado al Congreso Nacional por el Gobierno persigue, dentro de sus objetivos esenciales, dotar de mayor certeza jurídica al sistema tributario chileno, aspirando con ello a generar mayor confianza en los poderes públicos y no a debilitarlos como se ha sostenido.

"Ciertamente, la realidad y velocidad en el desarrollo de los negocios supera a la ley, la que suele ser reactiva. De ahí que siempre existirán determinadas incertidumbres. Pero lo relevante es que exista un entorno con importantes niveles de seguridad jurídica para que éstas puedan ser razonablemente gestionadas, fin al que aspira el proyecto y que debiera ser objeto de amplio consenso al constituir un impulso al crecimiento, a nuestra competitividad como país a nivel internacional y a generar confianza en las autoridades públicas", admite la abogada.

Lo anterior es especialmente relevante si se considera que, de un tiempo a esta parte, las regulaciones y exigencias para ejercer diversas actividades han ido no solo en aumento, sino que además se han complejizado. Ello se ha traducido, a su vez, en un incremento de las facultades y atribuciones de los órganos fiscalizadores, generando mayores costos de cumplimiento y de administración de las organizaciones y empresas, las que han debido contratar asesorías expertas y costosas para hacerse cargo de la complejidad del entramado legal y el sin fin de reglamentos, normas y circulares aplicables y para responder a las nuevas y sendas facultades de las entidades supervisoras, lo que resulta especialmente sensible para las PYMES.

En el caso de la regulación tributaria y la fiscalización de su debida observancia, el SII debe, por cierto, trabajar para disminuir la evasión y maximizar el cumplimiento tributario. Pero la amplitud de las facultades fiscalizadoras del organismo, tras la reforma del año 2014, deben llamar a quienes elaboran y aprueban las políticas públicas a una profunda reflexión. "No parece razonable que las personas, los emprendedores y empresarios dediquen gran parte de su tiempo a desentrañar cómo ha de cumplirse una determinada norma y buena parte de sus recursos a contratar asesores para evitar incumplimientos o infracciones. Es evidente que los pequeños contribuyentes están en desventaja y que, a ratos, se ha perdido de vista el principio de legalidad y el derecho de defensa del contribuyente", dice González.

La literatura especializada en la materia es consistente en que, con una alta probabilidad, la incertidumbre en materia tributaria puede producir efectos perversos en la inversión y, en consecuencia, en el crecimiento y el desarrollo. En general, la incertidumbre deriva en planificación de estructuras tributarias complejas y en ocasiones agresivas, lo que a su vez contribuye a generar mayor incerteza.

La incertidumbre tributaria puede aliviarse con políticas públicas tanto a nivel doméstico como internacional. En el plano interno, quienes crean las políticas públicas en este ámbito deben aspirar a planificar la regulación tributaria de manera adecuada, con procesos de consultas para advertir los nudos y focos de incerteza que pueden generarse posteriormente en la práctica, y con normas que sean redactadas en forma clara y simple, bien comunicadas y con un proceso de reforma que asegure que se consideren adecuadamente las visiones, respetando los principios de legalidad, no confiscación e igualdad. A nivel internacional, se debe aspirar a la cooperación y al desarrollo de visiones conjuntas y comunes, transparentes y que no dañen la competencia

La iniciativa sobre modernización tributaria se orienta, justamente, a simplificar la regulación al tiempo de dedicar buena parte de sus disposiciones a otorgar mayor certeza jurídica a los contribuyentes, facilitando el cumplimiento tributario. "Por todo lo anterior, esperamos que, más allá de las mejoras que se acuerden y puedan introducirse a las disposiciones que se ocupan de la certeza jurídica en el proyecto de ley de modernización tributaria, la certeza jurídica siga siendo uno de los ejes esenciales del proyecto de ley en cuestión", añade González.