19 de febrero de 2019

Campamentos, la prioridad que no debe desaparecer

A fines del año 2018, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) presentó el último Catastro nacional de Campamentos, el que no se realizaba desde el año 2011. Este reflejó un incremento en los asentamientos precarios, que llegaron a 822 campamentos donde habitan 46.423 familias, lo que representa un aumento neto de 165 respecto al catastro anterior (19.045 familias adicionales). Esto mantiene la tendencia al alza observada desde 2014, como puede verse en el Gráfico N° 1, que además de los catastros del MINVU (2011 y 2018) incluye los realizados por Techo Chile en los años intermedios.

Esta primera etapa del catastro elaborado por el Ministerio no entrega información relativa a los motivos de por qué las familias han llegado a vivir en campamentos.  Sin embargo, un estudio elaborado por Techo Chile del año 2015 concluye que los principales factores que llevan a una persona a vivir en un campamento eran el no tener casa o lugar donde ir (25,6%), los altos costos de arriendo (14,5%), el deseo de tener una vivienda propia (13,9%) y necesidad por un quiebre relacionado a problemas económicos o bien, pérdidas de trabajo (13,3%).

Adicionalmente, como una forma de recabar más información, tomando como base la encuesta CASEN 2017, realizamos un ejercicio para intentar aproximarnos a quienes viven en campamentos. Para ello analizamos a las personas en situación de pobreza extrema tanto por ingresos como multidimensionalmente[1], que además presentan carencias en servicios básicos de vivienda y se encuentran en posesión u ocupación irregular del sitio. De las 27.222 familias en esta situación, el 59,7% señala vivir de allegada, aludiendo como principales razones para ello, que sus ingresos no le permiten mantener una vivienda independiente (64,1%) y que quieren generar ahorros (27,9%). Además, si se les pregunta a esos jefes de hogar si están haciendo algo para vivir en una vivienda exclusiva para su hogar, 32,2% declara no estar haciendo nada, 32,58% dice estar ahorrando o que ya solicitó un crédito, y 24% señala que postuló o está postulando a un subsidio.

“Lo anterior podría indicar que, en muchos casos, estar en un asentamiento precario es visto como una situación transitoria, siendo síntoma de esto que la mayoría de los pobladores allegados está haciendo algo para tener una vivienda exclusiva (67,8%). No obstante, hay un 32,2% que reconoce no estar haciendo nada para salir del campamento, por lo que es necesario conocer y entender las problemáticas que aquejan a estas familias, así como también revisar la oferta de programas sociales que está enfocada en ellos y evaluar su desempeño”, explica Guillermo Irarrázaval, investigador del Programa Social de Libertad y Desarrollo.

En ese contexto, el programa estatal destinado a solucionar el problema referido a los campamentos, consiste en la intervención conjunta con otras instituciones a través de tres líneas de acción inicialmente: entrega de soluciones habitacionales; intervenciones sociales, en el caso de que las familias requieran ayuda adicional a la anterior; y recuperación de terreno para la ciudad, donde se pretende generar proyectos urbanos para impedir el repoblamiento. Esta orientación cambió el 2013, teniendo el programa como objetivo ofrecer soluciones solamente habitacionales, a través de tres estrategias de intervención a nivel de campamento: radicación con proyecto habitacional, radicación con proyecto de urbanización, y relocalización en proyecto habitacional.

“Estas soluciones parecen insuficientes, ya que los problemas habitacionales que se presentan en estas comunidades se dan en conjunto con otros; el 68% de los jefes de hogar, en el grupo registrado en CASEN 2017, no ha terminado la enseñanza media (en contraste con un 44,8% nacional) y el 32,6% de estos no tiene un trabajo permanente (contra un 18,3% a nivel país)”, señala Irarrázaval. En el Gráfico Nº 2 se muestran estas estadísticas.

“En cuanto a resultados, el último catastro indica que el programa de erradicación de campamentos no ha sido efectivo. Esto, sin embargo, no se debe a que no se han cerrado campamentos, sino a que se han ido creando más que los erradicados; acorde a estadísticas provistas por el MINVU, del total de campamentos catastrados en 2018, hay 333 antiguos que no se han logrado cerrar y están siendo intervenidos actualmente, mientras que los restantes 489 se formaron en los años recientes”, constata el investigador de LyD.

Lo anterior constituye un indicio de que la solución a los asentamientos precarios no pasa sólo por la atención de las familias que están en ellos, sino también de aquéllas que se encuentran bajo amenaza de caer en esta situación y que actualmente podrían no estar siendo suficientemente identificadas. Esto puede lograrse a través de una correcta focalización de beneficios hacia hogares vulnerables con problemas que pueden conducir a una situación de precariedad habitacional, tales como arriendos por sobre el presupuesto familiar, eventos laboralmente catastróficos, u otro acontecimiento apremiante económicamente.

Si bien hay diversas mediciones que dan cuenta de los avances conseguidos por nuestro país en materia social, los resultados del catastro de campamentos nos recuerdan una realidad que en Chile afecta todavía a un número importante de familias, y en cuya resolución el Estado tiene un rol fundamental. “Las familias en asentamientos precarios deben ser prioridad no sólo desde el punto de vista de la vivienda, sino desde diversos sectores y dimensiones, y es necesario avanzar en una oferta programática efectiva, para lo cual deben revisarse programas tales como Campamentos para brindar una ayuda que de resultados”, dice Irarrázaval.


[1] Acorde a criterio de 5 dimensiones: educación, salud, trabajo y seguridad social, viviendas y entorno, y redes y cohesión social.