Algunos aspectos que preocupan del proyecto de Uber

En enero de este año, la comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados despachó el proyecto de ley que regula a las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ella se presten, el cual deberá ser conocido por la Comisión de Hacienda en lo que respecta.

Dicha iniciativa busca facilitar el desarrollo de nuevas tecnologías con el fin de beneficiar al sistema de transporte y a las personas en su conjunto, en el marco de economías colaborativas de transporte, cuya finalidad es maximizar los beneficios de las nuevas tecnologías y a la vez, se hace cargo de sus posibles externalidades.

Sin embargo, durante la discusión en particular del presente proyecto de ley, se establecieron diversos cambios al articulado original, varios de los cuales no se encuentran en sintonía con el objetivo del proyecto de ley. A modo ejemplar, se estableció que los conductores habilitados y los vehículos adscritos por cada región, estarán habilitados sólo para tomar pasajeros e iniciar sus rutas de transporte remunerado de pasajeros en la región cuya inscripción corresponda. De esta forma, el ejercicio de dicha actividad económica se circunscribe a un determinado territorio, el cual será regional, no obstante que, dada la geografía de nuestro país, se pueden encontrar abundantes casos en los cuales existen localidades que se encuentran en diferente región, pero próximas en distancia.

Asimismo, se determinó que los conductores de los vehículos adscritos a una empresa de aplicación de transportes deberán poseer licencia profesional para conducir vehículos de transporte de pasajeros, con su control vigente, lo que se traduce en que aquellos que pretendan operar de forma regular, deberán obtener cualquiera de las licencias profesionales, ya sea A1, A2, A3, A4 o A5. Si bien se amplió la exigencia establecida en el proyecto original, el cual exigía solo la licencia profesional A1, lo que dificultaba su obtención en algunas zonas del país, la exigencia de licencia profesional podría revisarse teniendo en cuenta que el 55% de los socios conductores actuales de Uber trabaja menos de 10 horas a la semana, lo que podría distinguirse de una ocupación de tiempo completo o profesional.

Por otro lado, en lo que respecta a infracciones y sanciones, las empresas de aplicación de transportes y los conductores serán responsables por conducir una ruta ineficiente, distinta de la sugerida en la aplicación. Dicha circunstancia será considerada infracción grave, con una multa a beneficio fiscal que podrá variar entre 10 a 100 UTM, es decir, desde unos $480.000 a $4.800.000 aproximadamente. Sin embargo, habrá que determinar que se entiende por “ruta ineficiente” debido a que es un concepto bastante parcial, en contravención a la sanción establecida.

Finalmente, durante la discusión se pretendió incorporar vía indicación parlamentaria regulación tarifaria. Sobre este punto, se propuso establecer una tarifa base neta para todos los vehículos que operan en las empresas de aplicación de transportes la cual no podía ser inferior al 70% de la tarifa ya regulada cuestión que trae variadas complicaciones. Afortunadamente, dicha indicación fue desechada y es de esperar que no se pretenda nuevamente incorporar al proyecto.

En suma, aun cuando el grueso del proyecto original se mantiene y éste, a su vez, está en línea con las principales recomendaciones del informe de la Comisión de Productividad (CNP) “Tecnologías Disruptivas: Regulación de Plataformas Digitales,” y con las regulaciones de diversas ciudades que reconocen el valor y potencial que entregan las nuevas tecnologías a los usuarios del transporte, a sus socios conductores y al país, en general, aún existen espacios para mejorar o precisar durante la discusión parlamentaria.