Transformación digital del sector público: avanza su tramitación con apoyo transversal

Recientemente, la comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado despachó el proyecto de ley que modifica la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos, en materia de documentos electrónicos, el cual deberá ahora discutirse en Sala.

Dicha iniciativa- que forma parte de la agenda de modernización del Estado y que se encuentra en primer trámite constitucional- pretende realizar una modificación a diversos cuerpos legales, con la finalidad de transformar al Estado en uno más eficiente, moderno y transparente.

En términos generales, el proyecto propone que los procedimientos administrativos se expresen a través de medios electrónicos, y junto con ello, se deje constancia de ellos en un expediente de la misma naturaleza logrando con ello mayor efectividad en la gestión pública, y así conseguir un Estado que sea más ágil, más innovador y más efectivo para cumplir su función de servir al bien común, sin perjuicio de que se permitirá el soporte en papel en casos excepcionales. Asimismo, propone el establecimiento de una plataforma electrónica para el ingreso de solicitudes, formularios y otros documentos, permitiendo así su seguimiento por parte del usuario. Por otra parte, se avanza en materia de notificaciones en los procedimientos administrativos, las cuales deberán materializarse a través de medios electrónicos. También se avanza en relación al derecho de las personas de no presentar documentos electrónicos que ya se encuentren en poder de la Administración del Estado, estableciendo así, un deber de los órganos de la administración de relacionarse entre sí. Todo lo anterior resulta muy valioso, y en un avance positivo en el marco de la tarea de modernizar el Estado.

Vale la pena recordar que el Senado aprobó en general por unanimidad el proyecto de ley referido, lo que da cuenta de un acuerdo transversal en la materia. Sin embargo, en dicha instancia surgió la necesidad de apoyar a las comunidades o localidades más rezagadas, que por razones geográficas no tienen acceso a la red de internet y que, por tanto, podrían verse afectadas. Además, senadores manifestaron su preocupación en orden a resguardar la interconexión entre las bases de información. En otras palabras, aquella instancia sirvió como un mecanismo de retroalimentación entre los parlamentarios, en orden a perfeccionar de buena forma el referido proyecto de ley. Pese a las aprensiones de algunos senadores, se manifestó por parte del Ejecutivo, que dichas cuestiones se encuentran cubiertas. En el primer caso, porque se establece la excepcionalidad del soporte en papel para personas que carezcan de medios electrónicos o que no tengan acceso a ellos, y ciertos actos administrativos en casos de emergencia, urgencia u otra razón fundada. Mientras que respecto del segundo caso, manifestó que las bases de datos estarán bajo un sistema de big data, el cual será el encargado de recopilar la gran cantidad de datos existentes, teniendo un impacto positivo, reduciendo costos, aumentando la rapidez y mejorando la toma de decisiones.

Adicionalmente, en la discusión de las indicaciones presentadas se planteó por parte del Ejecutivo la necesidad de cambiar dos cuestiones que generaban problemáticas, en relación a la entrada en vigencia, y además, su presupuesto. De esta forma, se planteó la necesidad de que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia, se financie a través de reasignaciones presupuestarias del Ministerio Secretaria General de la Presidencia y del Ministerio de las Culturas, Artes y el Patrimonio. Por otro lado, en relación a su entrada en vigencia, se planteó que esta no podrá exceder cuatro años contado desde la publicación de esta ley.

Los cambios anteriores son positivos y constituyen un avance respecto de las aprensiones manifestadas en la discusión. Aún quedan puntos por resolver en el debate, como por ejemplo lo relativo a las capacitaciones necesarias que deberán impartirse a los funcionarios públicos en materia de documentos electrónicos, y a la ciudadanía en general, y los procedimientos y gestiones a adoptar para que los servicios que hoy se encuentran más atrasados en materia de tramitación digital puedan abordar esta tarea y ponerse a la par.