14 de enero de 2019

Solidaridad en el Sistema de Pensiones

Ya presentado el Proyecto de Ley que busca realizar una urgente y necesaria reforma al Sistema de Pensiones, han surgido diversos flancos de discusión: el monto de la cotización adicional, el destino de esta cotización, quién lo administrará, cómo serán las comisiones y un largo etcétera.

El proyecto se hace cargo de las dos dimensiones temporales del problema de las bajas pensiones. Para mejorar las pensiones actuales, contempla incrementos al Pilar Solidario y además, crea nuevos beneficios para la clase media, mujeres y adultos mayores. Esto significa un beneficio en el corto plazo para 2.197.000 personas, llegando a 2.600.000 aproximadamente al año 2027. Para mejorar las pensiones futuras, en tanto, se aumenta la cotización obligatoria en 4 puntos porcentuales, que se destinan íntegramente a la cuenta individual del cotizante.

¿Cómo se pretende financiar la Reforma? Pues bien, para las pensiones de quienes se están jubilando ahora y en el corto plazo, y cuyo ahorro individual no alcanza para cubrir un mínimo de pensión autofinanciada, la iniciativa propone financiarlas con cargo a rentas generales de la Nación y mediante políticas focalizadas, lo que es del todo correcto.

Al respecto, han surgido diversas voces criticando la inexistencia de un componente “solidario” de la propuesta. Esto, dado que no se incorporaron componentes de reparto en la reforma, como sí se hizo en el proyecto del gobierno anterior que no se alcanzó a tramitar. Lo que se proponía entonces era la creación de un nuevo “Fondo de Ahorro Colectivo”. Este fondo “solidario” se usaría para financiar tres beneficios: aporte intergeneracional, bono compensatorio para las mujeres y aporte solidario intrageneracional.

Pero, ¿qué significa solidaridad? Existen muchas definiciones, que en conjunto explican que la solidaridad es uno de los valores humanos tradicionales que tiene que ver con los ánimos de cooperar y brindar apoyo a una persona necesitada. Es una ayuda desinteresada, que NO suele considerarse como una obligación o un mandato, sino que ha de ser VOLUNTARIA. Por tanto, ¿por qué se dice que financiar con cotizaciones individuales de unos pocos la pensión de muchos es un acto solidario? Es más, ya el hecho de ser una ayuda obligatoria, le quita la característica de solidaridad.

Además, ¿quiénes son estos cotizantes que financiarían pensiones “actuales”? Son sólo cerca de 5.000.000 cotizantes (de una fuerza laboral que tiene aproximadamente 8.000.000 de ocupados), que en su mayoría son trabajadores dependientes con un sueldo líquido promedio cercano a los $ 600 mil, de los cuales más de la mitad recibe menos de $ 430 mil al mes.

De esta forma, ¿es solidario que sean estos trabajadores los encargados de financiar con sus ahorros, y de manera obligatoria, a quienes no alcanzan a cubrir con sus propias cotizaciones una pensión mínima? Pues no. Además, no parece justo que sea este grupo el que, en vez de aprovechar el aumento en la cotización para un necesario incremento de su ahorro previsional que permitirá mejorar sus futuras pensiones, deba traspasar parte de sus ingresos y con ello destinar de su bolsillo recursos para mejorar las pensiones de los actuales jubilados. Esto significaría traspasar gran parte del costo a la clase media, gravándola con un impuesto al trabajo.

Y es que además de injusto es regresivo. Esto, debido a que, dentro del universo de los cotizantes, las personas de rentas altas pagarían proporcionalmente menos de sus ingresos en cotizaciones para reparto que aquellas personas de menos ingresos. Además, estas personas cuentan con un tope imponible sobre el cual se calcula el aporte obligatorio.

Por el lado del efecto en el mercado laboral, debido a que un aumento de cotización obligatoria constituye un impuesto al trabajo, la propuesta que incorporaba un componente de reparto suponía una pérdida de hasta 390.000 empleos, mientras la propuesta actual sólo habla de 50.000. Esto, dada la gradualidad con que se quiere implementar, pero además debido a la propiedad de los fondos. Es decir, que el trabajador perciba esta mayor cotización obligatoria como “propia” es crucial, dada la incidencia en la valoración que realicen los trabajadores del beneficio futuro de aumentar hoy la cotización. Romper, por lo tanto, la relación directa entre mayor ahorro y beneficios que el trabajador percibe en el futuro, acentúa la probabilidad que el trabajador no valore el incremento en la cotización, con el consecuente efecto negativo sobre el empleo, siendo además el empleo formal una de las claves más importantes para mejorar la densidad de cotizaciones y así aumentar las pensiones, que es el problema que se busca resolver.

Finalmente, financiar las mayores pensiones de corto plazo con impuestos generales pareciera ser lo más sensato y justo. Es decir, en lugar de gravar con impuestos al trabajo sólo a los cotizantes formales, es del todo sensato utilizar los impuestos que pagamos todos considerando además que son precisamente las personas de mayores recursos quienes más pagan impuestos. Porque si vamos a hacer solidaridad obligada, esto debiera ser pagado por todos ¿no?

Columna de Carolina Grünwald, Economista Senior de Libertad y Desarrollo, publicada en Revista LyD.