Instructivo Presidencial sobre Transformación Digital del Estado: Un Paso más Hacia la Modernización del Aparato Estatal

En paralelo a los avances que en términos legislativos va teniendo el proyecto de ley conocido como transformación digital del Estado, el viernes recién pasado el Presidente de la República dio a conocer los contenidos del instructivo presidencial de transformación digital. "Este instructivo y las metas en él fijadas, sin duda, constituyen una muy buena noticia en el afán de contar con un Estado más moderno, al servicio de la ciudadanía", asegura la Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de LyD, Natalia González.

El objetivo del instructivo es avanzar en medidas concretas de gestión y otras de carácter administrativo para alcanzar metas específicas, buscando aliviar la cantidad y densidad de trámites que hoy deben realizar las personas ante el sector público, poniendo la carga en el Estado para lo que se requiere una mayor coordinación entre los servicios públicos.

El instructivo presidencial avanza y profundiza los procesos actuales de transformación digital del Estado, a través de las siguientes medidas:

  • Clave única: en la actualidad diversos tramites ante el Estado pueden realizarse digitalmente. No obstante, para muchos de ellos se requiere contar con una clave electrónica o digital de acceso, cuya solicitud es engorrosa, en ocasiones presencial, y es diversa en los distintos servicios. Para hacerse cargo de lo anterior se avanza en la implementación de la Clave Única para personas naturales, profundizando su alcance en términos de cobertura en los servicios y usuarios, de manera que muchos trámites esenciales, como afiliación a Fonasa puedan realizarse por esta vía, generando ahorro de tiempo y costos para las personas.

Para ayudar y guiar en este proceso de uniformar la autenticación ante órganos públicos, la División de Gobierno Digital de SEGPRES (DGD) pondrá a disposición una directiva, guía técnica y kit de implementación para el uso de la Clave Única, en un sitio web especialmente dispuesto al efecto, dentro de 60 días corridos desde la dictación de este instructivo. Asimismo, la DGD entregará a cada servicio público un listado de trámites y procesos, que utilizarán la Clave Única dentro del actual universo de trámites que utilizan diferentes mecanismos de autenticación. Para ello, la DGD proveerá la plataforma y asistencia técnica consultiva para facilitar este proceso.

 

  • Interacción digital y simplificación de procedimientos, para lograr la meta de “Cero Fila”: El objetivo de la medida es doble. Por una parte, alcanzar para fines de 2021 que el 80% de los tramites ante el estado puedan realizarse digitalmente y por la otra que el Estado no le requiera a los particulares documentos que están en poder del propio Estado. Para estos fines, los servicios deberán revisar el listado de trámites por servicio que elaborará la DGD, y priorizarlos y proponer un plan de digitalización gradual de los mismos, así como la eliminación de aquellos que han devenido en innecesarios. Se creará entonces un Registro Nacional de Trámites, único, que centralizará y estandarizará la información, pudiendo el Estado asignar códigos únicos para cada trámite.

Para materializar la digitalización de estos trámites, la DGD proveerá plataformas tecnológicas compartidas para los servicios que lo requieran, con el fin de digitalizar trámites de manera fácil y sin costo para ellos, así como una guía técnica y asistencia consultiva para facilitar este proceso. En algunos casos, la DGD, previa comunicación y acuerdo con el respectivo servicio, digitalizará en forma proactiva algunos trámites, los que deberán ser incorporados en las plataformas de los servicios respectivos.

Por su parte, para efectos de lo anterior, la DGD, junto con la nómina de los trámites oficiales registrados por cada servicio, enviará un detalle de aquellos que exigen como requisito la presentación de documentos o certificados que ya se encuentren en poder de la Administración del Estado. Los servicios deberán justificar la necesidad de solicitud de certificados como requisitos de trámites o procedimientos, así como una propuesta para eliminar su exigencia o bien identificar los que pueda obtener mediante la plataforma de interoperabilidad ya mencionada.

 

  • Estado “Cero papel”: la meta es que, a 3 años, los procesos internos en los servicios e instituciones estén 100% digitalizados, para lo cual se avanzará en materia de firma electrónica. En relación a procesos transversales, la DGD en conjunto con otros servicios del Estado, como la Dirección de Compras Públicas, Servicio Civil y otros servicios cuya participación se considere necesaria, dispondrán de plataformas digitales para apoyar a las instituciones en su esfuerzo de transformación relacionados con los procesos de compra, gestión documental y recursos humanos, entre otros. Los servicios podrán adoptarlas o usar plataformas alternativas, siempre que cumplan con los estándares que serán definidos para estos efectos. Para la implementación de éstas, la DGD oficiará a las instituciones en relación a los plazos, estándares y plataformas compartidas.

 

  • Se crea la figura del Coordinador Institucional de Transformación Digital: dado que se trata de una materia transversal al aparato público, y con el objetivo de asignar responsables al efecto, se crea esta figura de Coordinador Institucional que será el encargado de implementar el instructivo presidencial, en cada servicio, y que deberá desarrollar y llevar adelante el plan de transformación digital de la entidad del caso. Para ello, deberá coordinarse con la DGD de SEGPRES, y será parte del Consejo de Transformación Digital liderado por la DGD y el responsable de informar de los avances y responder a las consultas que la DGD realice con el objeto de verificar los avances de cada institución. Existirá un plan de seguimiento público al efecto.

"Recurrir a las herramientas tecnológicas disponibles para ponerlas a disposición de los usuarios, de manera que la interacción de éstos con el Estado sea más sencilla, expedita y amigable, constituye un fin loable. Lo anterior, no solo de cara a brindar un mejor servicio a la ciudadanía, sino también en términos de generar eficiencias, ahorrar costos y promover mayores niveles de productividad en nuestro país", asegura Natalia González.