Gobierno avanza en medidas para reducir sobrecarga administrativa en sistema escolar

Hace dos meses y medio, en el marco del plan denominado como "Todos al Aula", un grupo de especialistas convocados por el Presidente de la República entregó un informe con una serie de recomendaciones orientadas a reducir la sobrecarga administrativa que aqueja a los establecimientos escolares del país. A partir de las conclusiones de dicho informe, así como de la información recogida por el gobierno en numerosos encuentros con directivos escolares que se realizaron en todas las regiones del país, este viernes la Ministra de Educación anunció un conjunto de medidas en las cuales ya se encuentran avanzando.

En primer lugar, la Ministra anunció el envío de un proyecto de ley para eliminar una serie de trabas burocráticas que impone la Subvención Especial Preferencial (SEP), varias de las cuales hoy en día han quedado obsoletas a la luz de la nueva legislación, que desde 2016 extendió las exigencias que en un principio sólo recaían sobre la SEP, al total de las subvenciones que reciben los establecimientos escolares. "De esta forma, hoy existe una duplicidad de tareas en lo relativo a la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos, lo que al final del día produce una sobrecarga para los directivos escolares", explica la Coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, María Paz Arzola. La SEP es un monto adicional a la subvención regular, que se entrega a los colegios que atienden a los alumnos que han sido calificados como prioritarios por pertenecer aproximadamente al 40% más pobre del país. Entre otras cosas, la SEP permite suplir el financiamiento compartido que algunos colegios cobran a las familias, pues obliga a eximir de éste a los alumnos prioritarios, que en cambio reciben este incremento en la subvención estatal.

Tal como muestra el Gráfico N° 1, el año 2018 había un total de 10.586 establecimientos escolares públicos y particulares subvencionados, de los cuales 73,3% -la mayoría- se encontraba suscrito a la SEP. No obstante, en los establecimientos no suscritos (el 26,7% restante) se contabilizaron 207.670 alumnos prioritarios que no estaban accediendo a este beneficio. De esta forma, y tal como señaló la Ministra, se espera que la simplificación de la SEP y la reducción de la burocracia asociada a ésta, motive a aquellos establecimientos que aún no están suscritos a ella, a hacerlo, beneficiando así a más estudiantes, que además de ver un incremento en los recursos para su educación, ampliarán sus posibilidades de elección de escuela.

En segundo lugar, se planteó la idea de avanzar en la automatización y simplificación de los procesos que el Estado exige a los establecimientos escolares, especialmente en el marco del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. "La idea es digitalizar procesos y crear una ventanilla única entre las escuelas y los diversos organismos públicos que requieren información a éstas, de manera de evitar repetir solicitudes y sobrecargar la labor de los directivos escolares. Para esto, a su vez, se anunció la extensión de Internet para todas las escuelas del país y la provisión de un software que contribuya con la gestión, especialmente de las escuelas que muestran mayor precariedad al respecto", explica Arzola.

Y, por último, la tercera medida para avanzar en la reducción de la sobrecarga administrativa se trata del plan denominado como “Super Simple”, presentado por la Superintendencia de Educación, que consiste en un conjunto de iniciativas tendientes a restablecer las confianzas con los establecimientos educacionales, simplificando la normativa y facilitando su cumplimiento por parte de los colegios. Es importante aclarar que esto no se trata de rebajar estándares, sino de coordinar y enfocar la fiscalización en aquellos aspectos que más repercuten en la calidad del servicio educativo, transitando desde una fiscalización con foco en sanciones y multas hacia una cuyo objetivo sea la mejora escolar. "Dado que la legislación actual ha llevado a que la Superintendencia sea la entidad que más sobrecarga impone a los colegios, consideramos que la modernización anunciada es sumamente necesaria y constituye una contribución a mejorar el clima en el cual se desempeñan los establecimientos", afirma María Paz Arzola.

Asimismo, en relación a las otras dos medidas anunciadas por la Ministra de Educación, se trata de esfuerzos concretos para dejar atrás la desconfianza que en los últimos años ha primado en la relación del Estado con los establecimientos escolares, así como también avanzar en una modernización de los procedimientos que permitan liberar a los directivos escolares de la sobrecarga administrativa que hoy los distrae de poder ejercer su rol como líderes pedagógicos.