Control Constitucional

Se ha activado nuevamente la polémica sobre las atribuciones del Tribunal Constitucional, lo que ocurre casi casa vez que un fallo deja disconforme a algún grupo o sector político. Los fallos son necesariamente así. En la justicia civil, por ejemplo, es muy difícil que el juez logre satisfacer todas las expectativas de las dos partes del pleito. Por eso siempre existe la posibilidad de criticar con argumentos de derecho las decisiones de los órganos jurisdiccionales.

"La justicia constitucional, sin embargo, tiene una naturaleza distinta, no siempre bien comprendida por quienes suelen reaccionar, incluso airadamente, frente a las decisiones de este Tribunal", señala Pablo Kangiser, abogado del Programa Legislativo de LyD. El eje de la cuestión radica en el concepto de supremacía constitucional, según el cual, si existe una Constitución Política que esté en la cima del sistema normativo, el mismo sistema debe adoptar mecanismos racionales para que la normativa constitucional presida todas las decisiones que los organismos del Estado, sus autoridades e incluso los particulares, de modo tal que nada se superponga a la Constitución (y si algún instrumento internacional quedara por encima, se requiere para ello una autorización dada por la propia Constitución, como en el caso del Tratado de Roma, autorizado expresamente por una disposición transitoria).

Pues bien, para asegurar la supremacía constitucional existen dos mecanismos de naturaliza diversa, si bien no son enteramente excluyentes: control político y control jurídico. Además, puede tratarse de un control preventivo o de uno posterior. Este último parece ser el de mayor aplicación. Control preventivo, además del caso chileno, lo tenemos por ejemplo, en Francia y Costa Rica, España y Alemania.

"En el control político, es el propio Congreso Nacional, de acuerdo con las mayorías políticas que lo conforman, el que decide mediante una votación, si un proyecto de ley en trámite es o no contrario a la Constitución", explica Kangiser. Se resuelve, entonces, democráticamente cualquier pugna que se presentare entre la Constitución y un proyecto de ley o un precepto específico dentro del proyecto.

"El control jurídico, adoptado en Chile a partir de la ley 17.284 de 23 de enero de 1970, consiste en facultar a un órgano jurisdiccional del Estado -el Tribunal Constitucional- para que dirima las contradicciones entre un proyecto de ley y el texto vigente de la Constitución", asegura el abogado. Entre otras atribuciones entonces se le otorgó la de “resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso” (artículo 78 b), letra a) de la Constitución de 1925).

Esta normativa fue también adoptada y extendida a otros aspectos por la Constitución de 1980, vigente en su mayor parte desde el 11 de marzo de ese año, y finalmente desarrollada en la forma actual por la reforma constitucional de 2005, siendo Presidente Ricardo Lagos.

Lo esencial de esta forma de control es que la decisión sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley no la adoptan las cámaras por votación, sino que ello es objeto de un análisis jurídico por parte del Tribunal. Los fundamentos del fallo deben ser -y de hecho son- fruto de consideraciones jurídicas que no se observan en las decisiones políticas del Congreso, donde no es obligatorio fundamentar el voto, y de fundamentarse, ello es por naturaleza de carácter político.

"Lo que puede estar sucediendo frente al actual modo de proceder del TC, y que ha provocado revuelo político, es que se considera por algunos sectores que las decisiones del Tribunal contravienen las mayorías políticas del Congreso, lo que equivale a reconocer que prefieren el control político antes que el jurídico", dice Pablo Kangiser. Es fácil adivinar donde se asegura en mejor forma la supremacía constitucional.

Pero qué sucede si, finalmente, el TC resolviera con criterio político y no jurídico, cuestión que no es normal pero que se puede establecer como una hipótesis de trabajo. De hecho en la conformación del Tribunal intervienen dos poderes eminentemente políticos: el Presidente de la República y el Congreso Nacional, responsables de siete de los diez ministros. Los otros tres provienen de la Corte Suprema, que como todo ciudadano tienen ciertamente sus preferencias políticas, pero se espera que actúen principalmente como jueces.

Así, ampliando nuestra hipótesis, supongamos que por razones de cuoteo político, el TC resulta ser el reflejo de las mayorías del Congreso, pero sin que se pudieran expresar las minorías políticas, que hoy día operan tanto en la Cámara como en el Senado. Si así fuera -y si existe el peligro de llegar a esa situación- lo que resulta más trascendental de modificar -más allá de revisar sus atribuciones- es la forma de integrarse el TC, para lo cual correspondería introducir instancias de carácter académico que puedan contrapesar el criterio político en la designación de sus miembros; también se puede aumentar el número de ministros nombrados por la Corte Suprema. "Nunca se encontrará la fórmula perfecta, pero sí una que garantice la supremacía constitucional de la mejor forma posible", dice el abogado.