Reflexiones finales de la ley de presupuestos

Finalmente llegó a su término la tramitación de la Ley de Presupuestos del 2019. Como ya es habitual, la tramitación de la Ley de Presupuestos no estuvo exenta de desacuerdos, generando intensos debates, algunos de ellos no fáciles de zanjar. Así, si bien en algunos casos se declararon inadmisibles las indicaciones formuladas por los parlamentarios, en otros no.  Del mismo modo, mientras se llegó a acuerdo en algunos temas, en otros fue imposible.

El proyecto ingresado por el Ejecutivo planteó para el 2019 un incremento real de gasto público de 3,2% con respecto al año 2018, el cual sería coherente con la meta de la autoridad fiscal de reducir el déficit estructural en 0,2% del PIB por año y llegar a -0,8% en 2023.  En dicho escenario de austeridad fiscal, fue más difícil aún contener las demandas por más gastos.

Los temas de discusión en una primera etapa

Los temas bajo discusión en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos se relacionaron con diversos ámbitos. En la mayoría de ellos se llegó a acuerdo con el Ejecutivo. Entre estos, la Economista Senior de LyD, Macarena García, y la Coordinadora del Programa Legislativo, Pilar Hazbún, destacan los siguientes temas:

- Provisión de Financiamiento Compartido (PFC) del Tesoro Público. La oposición presentó una indicación para reasignar fondos desde el ítem Provisión de Financiamiento Compartido de la partida del Tesoro Público con miras a conseguir dineros asociados a Ciencia e Innovación, Cultura, Educación Superior Pública, Fondos a Regiones argumentando que esta línea del Tesoro Público presenta un excesivo e injustificado incremento de 57%. Por parte del Ejecutivo, se advirtió que dichos fondos están previstos para provisionar leyes en trámite, reajuste público, atender a emergencias nacionales, entre otros. Finalmente, con una propuesta del Ejecutivo para reasignar recursos desde el Tesoro Público por unos $97 mil millones, se logró culminar el despacho del proyecto de ley de Presupuestos 2019 desde la Comisión Especial Mixta.

- Cultura. En el Ministerio de las Artes y las Culturas se generaron dos discusiones. La primera, en torno al financiamiento total de esta partida y la segunda en relación a los fondos públicos a instituciones privadas de cultura.  Dicha discusión se resolvió en la Comisión Mixta con una propuesta del Ejecutivo que incrementó en $1.200 millones el monto destinado a transferencias financiado con recursos del Tesoro Público, de los cuales $1.080 millones se asignan a recuperar aportes basales a instituciones específicas (asignación directa) y $120 millones aumentan el fondo concursable.

- Medio Ambiente. En debate de dicha partida, la partida, la mayor controversia se produjo en relación con los recursos asignados para el plan de descontaminación de las comunas de Quintero y Puchuncaví de la V Región y, en cuanto al número y recursos asignados a fiscalizadores, lo que condujo a que, en un principio, la Comisión Mixta redujera a $1.000 el gasto en personal de la Superintendencia de Medio Ambiente. Sin embargo, finalmente este tema fue resuelto tras una nueva propuesta del Ejecutivo, acordándose una asignación de recursos por $300 millones para nuevos fiscalizadores, financiado con recursos del Tesoro Público (PFC). Por otro lado, se acordó incrementar en $1.000 millones para crear el Programas de Recuperación Ambiental y Social (PRAS), financiado con recursos PFC; y $200 millones para estudios o actividades asociadas a la gestión de las Áreas Marinas Protegidas, financiado con recursos del PFC, vía Glosa.

- Educación. Unos de los debates más conflictivos que se suscitaron en la discusión de esta partida corresponde a la disminución de los recursos que se les destinaría en el año 2019 a las Junji —para la construcción e infraestructura de jardines infantiles y salas cuna— y a la insuficiencia de recursos destinados al financiamiento de las universidades estatales —exigieron un aumento en el presupuesto para las universidades estatales—.  El Ejecutivo, finalmente, concedió la incorporación de $1.100 millones para estudios para proyectos Junji financiado con recursos del PFC.  Asimismo, la Comisión Mixta determinó asignar para Fortalecimiento de la Educación Superior Pública $8.000 millones, financiados con $6.000 millones con reasignación de Subvención de Escolaridad y $2.000 millones con recursos del Tesoro Público (PFC).

- Transporte. En el caso del Ministerio de Transporte, fue polémico durante la discusión el programa Subsidio Nacional al Transporte Público, que representa cerca del 74% del presupuesto de esta partida, y que se creó luego de la traumática puesta en marcha de Transantiago. La crítica desde la oposición apunta a la utilización de los recursos del Fondo Espejo en regiones ya que, si bien estos recursos fueron contemplados para mejorar el sistema de transporte público en regiones, se han utilizado para otros fines (construcción de consultorios), lo que está permitido por la ley.  Finalmente, en la última sesión de la Comisión Mixta, se aprobó la nueva propuesta del Ejecutivo, consistente en un incremento de $6.000 millones el Subsidio al Transporte Público en Regiones (FAR), financiado con recursos del Tesoro Público (PFC), y que dichos recursos podrán usarse, de manera excepcional y previa justificación y aprobación de la DIPRES, para reducir los precios de peajes en zonas conurbanas. Para ello se podrán asignar hasta $1.200 millones para este fin.

- Trabajo. En el Ministerio del Trabajo, hubo discusión respecto de los fondos destinados al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), por la disminución de los recursos destinados al Programa Más Capaz en un 70,2% Según el Ejecutivo, esto se debe a la mala evaluación del programa. Sin embargo, y tras una indicación del Ejecutivo para reponer los gastos variables que habían sido disminuidos en SENCE, se dio por aprobado el programa que había sido rechazado previamente por solicitud de votación separada.

- Vivienda. En el caso del MINVU se dio una importante discusión respecto al programa Asentamientos Precarios —ex Campamentos—, donde el presupuesto disminuye en 0,5%, lo que no se condice con la realidad, ya que los campamentos y familias en éstos han aumentado en el tiempo. El MINVU, a raíz de esto, tiene planeado un catastro para el próximo año, dado que la referencia es del año 2011. Otra discusión —más intensa— estuvo en el presupuesto de los SERVIU regionales, debido a que, según parlamentarios de oposición, se habrían disminuido los recursos en algunas regiones en las cuales ha aumentado el número de campamentos.  Finalmente, la Comisión Mixta aprobó la propuesta del Ejecutivo del incremento de $48.400 millones para el Subtítulo 32 “Préstamos” para los SERVIU de Tarapacá, Atacama, Coquimbo y Valparaíso, financiados con mayor venta de activos financieros del Tesoro Público.

 

Temas sin acuerdos, y con vicios de constitucionalidad

No todo llegó a acuerdo. "Pese a los esfuerzos señalados anteriormente, durante la continuación del debate fueron surgiendo nuevos requerimientos por parte de parlamentarios, aprobándose diversas indicaciones que adolecen de vicios de constitucionalidad y que dan cuenta de la falta de responsabilidad en el uso de los recursos fiscales", explica Macarena García. Es así, como la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias producidas entre ambas Cámaras no pudo llegar a acuerdo en los siguientes temas:

- Autonomías Constitucionales. La Comisión no llegó a acuerdo respecto de la propuesta de la Sala de la Cámara de Diputados que aprobó una indicación que pretendía evitar que los recursos autorizados por dicha ley a los órganos que gozan de autonomía constitucional, pudieran ser reducidos por el Ejecutivo en ejercicio de sus facultades legales. Perteneciendo los órganos autónomos constitucionales a la administración del Estado, cualquier indicación parlamentaria presentada al efecto debió ser declarada inadmisible.

- Gastos Reservados de Carabineros. El debate de la partida del Ministerio del Interior estuvo teñido por la discusión en torno a los gastos reservados de Carabineros producto de los últimos casos de corrupción.  Luego que la Cámara de Diputados definiera los montos por $500 millones y US$90 mil, y el Senado los redujera al mínimo, la Comisión Mixta no llegó a acuerdo sobre este punto, en circunstancias que la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, actualmente vigente, define el piso mínimo de los gastos reservados. Así, y sin perjuicio de los perfeccionamientos que pudieran introducirse en materia de transparencia y rendición de cuentas de tales gastos, lo cierto es que la importancia de ellos ha sido reconocida por los diversos gobiernos, además de que tales perfeccionamientos merecen ser abordados en una discusión que trascienda la Ley de Presupuestos.

Por otro lado, llamó la atención también la aprobación por parte de la Comisión Mixta de la indicación que autorizó a las universidades a reinvertir hasta un 30% de los excedentes acumulados del fondo solidario de crédito universitario de cada institución para fines distintos de los permitidos por ley, respecto de la que se hizo reserva de constitucionalidad por parte de algunos parlamentarios.

"En suma, preocupa la irresponsabilidad de presentar y aprobar indicaciones que adolecen manifiestamente de vicios de constitucionalidad, en circunstancias que existen normas claras que delimitan las facultades en esta materia", sentencia Pilar Hazbún.