Llamado a retiro del General Hermes Soto

El General Director de Carabineros ha sido llamado a retiro por el Presidente de la República, en virtud de lo dispuesto en el artículo 104 de la Constitución Política. Para ello se requiere un decreto fundado informado previamente a la Cámara de Diputados y al Senado. Luego, ese decreto deberá continuar su tramitación ante la Contraloría General de la República, deberá ser notificado al afectado y, dado que compete a una Institución y a un número indeterminado de personas, deberá también ser publicado en el Diario Oficial.

"La opiniones vertidas en medios de comunicación social dan cuenta de diversas dudas en torno a esta situación, por lo cual se hace necesario intentar algunas precisiones", señala Pablo Kangiser, investigador del Programa Legislativo de LyD.

1.- Decreto fundado.  No existe una opinión unánime ni un precepto legal que señale cuándo un decreto se entiende fundado. Lo mínimo que se le puede pedir a la autoridad, es que fundamente su decisión en la norma legal o, en este caso, constitucional que la habilita para dictarlo. Se trata del citado artículo 104 de la Constitución que nada agrega sobre la forma en que deba fundarse el decreto. Se entiende que el Presidente invocará diversas circunstancias de hecho conocidas por la opinión pública.

2.- Información al Congreso. El decreto, antes de iniciar su tramitación, debe ser informado a cada una de las ramas del Congreso. Nada dice la Constitución respecto de las facultades que ante tal decreto pudieran ejercer las cámaras. Por lo tanto, carecen de toda atribución, excepto la de tomar conocimiento. No corresponde, entonces, un debate ni menos una votación sobre los fundamentos del decreto ni sobre el hecho del llamado a retiro. El tenor del artículo 104 bastaría con que el decreto fuera hecho llegar a las respectivas oficinas de parte, sin que se requiere una sesión especial. No obstante, también podría ser una oportunidad para abrir un debate político (siempre ello es posible), pero carecería de sentido por no aportar nada al hecho mismo del llamado a retiro.

3.- Toma de razón. Sin que el citado artículo 104 lo señale, dado que la materia sobre la que versa está exenta, el decreto debe ser enviado a la Contraloría General para toma de razón, esto es, para revisar su legalidad. De aquí en adelante, las alternativas resultan difíciles de sistematizar. ¿Qué sucede si el Contralor devolviera sin tramitar el decreto, para lo cual debería expresar los motivos? ¿Podría el afectado apersonarse ante la Contraloría e instar a que no se tome razón del decreto? ¿Habría otros recursos de naturaleza jurisdiccional (tribunales de justicia) que se pudieran intentar?

Es esperable que prime el buen sentido del sistema político y el llamado a retiro solo consista en lo que estrictamente señala la Constitución: decreto fundado, informado al Congreso y tramitado ante la Contraloría General de la República, sin perjuicio que pueda ser de ejecución inmediata, con posterior toma de razón", dice el abogado.