Comisión mixta aprueba posibilidad de pactar plazos excepcionales en el proyecto de ley de pago a 30 días

El día de ayer, la Comisión Mixta encargada de resolver las divergencias entre ambas Cámaras, despachó el proyecto de ley de pago a 30 días, el que será votado el día de hoy y mañana por las Salas del Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente. "Es valorable que se haya aprobado la indicación presentada por el Ejecutivo que viene a reintroducir la posibilidad de que, en casos excepcionales, las partes puedan establecer de común acuerdo un plazo que exceda los 30 días, siempre que dicho acuerdo conste por escrito, sea suscrito por quienes concurran a él y no constituya abuso para el acreedor", explica Pilar Hazbún, Coordinadora del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo. 

La propuesta aprobada agrega además que dichos acuerdos deberán ser inscritos dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a la celebración del mismo, en un registro que llevará al efecto, el Ministerio de Economía, identificando a los contratantes, su rubro o actividad económica, fecha de celebración y plazo de pago, en la forma que establezca el reglamento. En caso que dichos acuerdos no se inscriban dentro de plazo y no cumplan con los demás requisitos, las estipulaciones referentes al plazo de pago excepcional se tendrán como no escritas y regirá el plazo de pago de 30 días. En todo caso, cualquiera sea el plazo convenido por las partes, no producirán efecto alguno las cláusulas o estipulaciones que intenten demorar indebidamente el pago de la factura al vendedor o prestador de servicios.

Asimismo, se aprobó una indicación del Ejecutivo que establece, en un artículo transitorio, que el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo deberá presentar a las comisiones de Economía de la Cámara de Diputados y del Senado, en el plazo máximo de doce meses, un informe que analice el comportamiento de pago a los proveedores por parte de las entidades correspondientes a los Servicios de Salud, CENABAST y municipalidades, así como también, la información contenida en el registro que se crea por medio de esta ley y que llevará el Ministerio de Economía respecto de aquellas empresas que hayan pactado plazos excepcionales de pago superiores a los 30 días. Lo último fue complementado con la aprobación de una indicación parlamentaria que añade que, con las conclusiones del informe que debe ser evacuado dentro del año, se dispondrá de un plazo de sesenta días para enviar un informe de evaluación de la norma a las respectivas comisiones de Economía de ambas Cámaras. Si dicho informe de evaluación determina que se está sobreutilizando la excepción, se deberán revisar las condiciones que se establecen para los acuerdos, así como eventuales sanciones en caso de su uso abusivo.

"Es de suma importancia que se haya reintroducido la posibilidad excepcional de pactar plazos superiores a los 30 días, por cuanto ello viene a sopesar las dificultades que pueden existir al establecerse un plazo máximo e idéntico de pago para todos los actores, aparejado de intereses moratorios", señala la abogada. Lo anterior, teniendo en especial consideración que el plazo de pago será aplicable a todas las empresas, sin distinguir su tamaño. "Así, la excepción, más que un retroceso, permite reconocer precisamente las diversas realidades de los actores del mercado, la complejidad de las cadenas de pagos que se generan, así como también a relevar la autonomía de la voluntad de los contratantes y la libertad contractual", dice Hazbún. A mayor abundamiento, el proyecto aprobado contempla una serie de requisitos que deberán cumplir los pactos, además de los resguardos necesarios para que en ningún caso puedan aceptarse pactos que contengan determinadas disposiciones que afecten los derechos de los involucrados y el sometimiento a evaluación de la norma.

En consecuencia, es de esperar que el proyecto- que será votado estos días en el Senado y en la Cámara- mantenga esta posibilidad de pactar plazos excepcionales, para que la norma no termine finalmente perjudicando a las pequeñas y medianas empresas, en vez de favorecerlas.