La decisión del gobierno de Chile de restarse al Pacto Migratorio auspiciado por las Naciones Unidas ha vuelto a poner en el tapete la discusión sobre el importante tema de las migraciones. Como lo he dicho en otras oportunidades, soy partidario que Chile sea un país abierto a la inmigración. Nuestra reducida población, la baja tasa de natalidad que nos iguala a países como Italia y España y el incremento de los salarios en Chile son una combinación que sólo se resuelve con el ingreso de inmigrantes si es que queremos que el país crezca y nuestra población disfrute de mayores grados de bienestar. La pregunta no es si queremos o no más inmigración, sino cómo queremos que sea esa inmigración.

Quiero añadir que, en mi opinión, la inmigración no sólo es necesaria para Chile sino además deseable. Creo en la diversidad como un valor positivo que aporta la llegada de extranjeros a Chile, pues nuestra cultura se ve enriquecida por cualidades y características distintas que vienen a complementar las nuestras. Estas manifestaciones pueden estar en lo artístico, en lo deportivo, en lo culinario, en lo académico, en lo profesional, etc. Para que la llegada de esas personas sea realmente un aporte, es necesario que el proceso de asimilación a nuestra cultura sea fluido y allí es donde resulta fundamental que las magnitudes de la migración sean adecuadas a nuestras posibilidades y capacidades. Hay serios estudios basados en neurociencias y teorías de la evolución que indican que las personas reaccionan frente a un extraño (un migrante lo es en primera instancia) con una respuesta inicial o rápida de rechazo o desconfianza y con una respuesta más lenta y reflexiva que es de cooperación. La magnitud de la migración es fundamental para determinar qué sentimiento prima, si el de rechazo o el de colaboración. En la medida que el flujo es muy grande, empieza a prevalecer el negativo.

En Chile hemos tenido un laboratorio viviente de estas teorías por la irresponsable política migratoria del gobierno de Michelle Bachelet que permitió el tráfico de migrantes y condenó a vivir en el hacinamiento a miles de extranjeros por la precariedad de su estatus migratorio irregular que ni siquiera les permitía firmar un contrato.

Los inmigrantes, contrariamente a lo que muchos creen, no sólo representan un costo para el país en cuanto deben recibir prestaciones sociales de salud, educación y otras, sino también generan ingresos para el Estado en la forma de impuestos. Habitualmente su tasa de participación en la fuerza de trabajo es mayor que la de los chilenos (vienen a trabajar y necesitan generar ingresos). La encuesta CASEN dice que su nivel educacional promedio es superior al de los chilenos e incluso la información disponible sobre su criminalidad (otro mito) nos dice que delinquen menos que los chilenos.

Nuestro país necesita un flujo migratorio, pero requiere que sea un flujo ordenado y regulado de acuerdo a las capacidades de nuestro país. Necesita también que los migrantes vengan a trabajar y no a hacer “turismo de bienestar”, vale decir a aprovechar los beneficios sociales que nuestro país entrega a su población. Ningún problema con turistas que vengan a gastar su dinero en nuestras ciudades, pero no queremos que vengan a vivir del trabajo de los chilenos.

¿Es muy raro hacer estas exigencias, o no son más que las que haría cualquier persona con sentido común?

El Pacto Migratorio de la ONU ignora estas cuestiones. Basados en su enfoque de derechos, que imponen los grupos de izquierda que han capturado esa organización, son ambiguos en la diferenciación entre migrantes regulares e irregulares. Esto es muy complejo para Chile pues esa diferenciación es la piedra angular de la política migratoria que está proponiendo el gobierno de Piñera. Este es un problema dinámico. No se trata sólo de qué derechos tiene un migrante que ha llegado a nuestro país. Se trata también de qué conductas inducimos en un posible inmigrante cuando fijamos nuestras políticas. Ignorar esto tiene convulsionada la política en todas partes del mundo y el enfoque “de derechos” del Pacto de la ONU cae en ese mismo error.

El Pacto Migratorio de la ONU en los hechos promueve que los inmigrantes irregulares adquieran la calidad regular permaneciendo con estatus de turista en el país receptor, justamente lo que no queremos en nuestra política de inmigración.

Por otra parte, aunque se enfatiza que el Pacto no es vinculante sabemos que crecientemente los tribunales nacionales e internacionales incorporan este tipo de piezas al derecho internacional, por lo cual su firma nunca es inocua.

En síntesis, el Pacto no ayuda a la política migratoria que Chile soberanamente desea darse y en cambio introduce elementos que pueden entorpecerla. La prudencia aconseja no adherir a él.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, publicada en El Líbero.-