Luego de más de tres meses de trabajo, esta mañana se hizo entrega del Informe Final “Todos al Aula”, el que fue elaborado por la comisión presidida por Mariana Aylwin, y en la que participaron diversos especialistas, entre ellos la Coordinadora del Programa Social de LyD, María Paz Arzola.

Esta iniciativa surgió como una respuesta del gobierno ante la alta burocracia presente en el sistema escolar, en parte por las recientes nuevas leyes, que se identificó estaría entorpeciendo la labor directiva y afectando al quehacer de las comunidades escolares. De esta forma, el mandato de la comisión fue generar propuestas para simplificar y coordinar la presión administrativa y regulatoria sobre las escuelas, para que sostenedores, equipos directivos y docentes puedan dedicar su tiempo al mejoramiento de la calidad de la educación.

El informe contiene una serie de propuestas que se enmarcan en el cumplimiento de cinco grandes principios:

1. La buena formación de los alumnos y alumnas debe ser el bien principal a resguardar por parte de la política educativa y sus instituciones ejecutoras, lo que requiere de la creación de condiciones adecuadas para que todos los jardines, escuelas y liceos del país puedan dedicar el máximo de su tiempo, energías y esfuerzo a esta estratégica tarea nacional.
2. El sistema educativo y de aseguramiento de la calidad deben reconocer la confianza hacia las comunidades educativas, sin que ello signifique descuidar la adecuada rendición de cuentas.
3. El Estado debe facilitar y apoyar el trabajo de las escuelas, combinando adecuadamente la creación de capacidades, el monitoreo de la calidad de la educación impartida y la necesaria rendición de cuentas de los colegios. Para ello debe acomodarse a la heterogeneidad de los establecimientos y focalizarse en aquellos que presenten mayores dificultades.
4. La política pública debe promover e incentivar la colaboración y el trabajo en redes entre sostenedores, directivos, docentes y otros actores de las comunidades educativas, que permitan compartir experiencias y aunar esfuerzos.
5. El Estado debe modernizar los sistemas de monitoreo, control y evaluación del desempeño de los establecimientos escolares, para simplificar y automatizar procesos de recolección, análisis y gestión de información.

Para avanzar hacia dichos principios, el informe presenta 46 propuestas, con un mayor o menor nivel de detalle, las que fueron agrupadas en 5 ámbitos: propuestas para un Sistema de Aseguramiento de la Calidad coordinado, articulado y coherente; elaboración de un Plan de Desarrollo Educativo con foco en la gestión estratégica de la escuela; propuestas para facilitar la función directiva y docente; propuestas de reconocimiento del contexto heterogéneo de las escuelas; y.

De acuerdo a lo señalado por María Paz Arzola, algunas de las propuestas que en su opinión podrían ser más novedosas y tener un mayor impacto en facilitar la gestión directiva, aunque eventualmente requerirán de cambios legislativos o administrativos más ambiciosos, son las siguientes:

• Evaluar el funcionamiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, de manera de delimitar y -en caso de ser necesario- redefinir roles, para poder avanzar hacia una mejor articulación y coordinación entre la labor que presta cada una de las instituciones que lo conforman y así constituirse en un verdadero apoyo a mejoramiento escolar.
• Unificar las distintas subvenciones para efectos de la rendición de cuentas, manteniendo los principios mediante los cuales cada una de ellas se origina y se asigna (presencia de alumnos prioritarios, con necesidades educativas especiales, etc.). Esto permitirá administrar los recursos desde un marco de planificación común, contextualizado a la realidad de cada escuela, y va en línea con el principio de generar una cultura de confianza hacia las comunidades educativas.
• En esa misma línea, se propone acotar la discrecionalidad de la Superintendencia de Educación para interpretar la normativa, así como también se plantea invertir la lógica de fiscalización actual: en lugar de señalar los fines educativos específicos en los cuales las escuelas pueden gastar sus recursos, establecer aquellos ámbitos en que las escuelas no pueden gastar los recursos de las subvenciones. Ello reduce la incertidumbre que hoy existe en la gestión de los recursos dirigidos al mejoramiento educativo y la innovación.
• Entregar gradualmente mayor autonomía a las escuelas con mejor desempeño, según criterios de ordenación de la Agencia de la Calidad e historia de comportamiento ante fiscalizaciones de la Superintendencia. Ello, en la línea de avanzar hacia una mayor autonomía basada en la confianza del buen desempeño anterior.
• Y por último, hay una serie de propuestas que apuntan a modernizar y simplificar las plataformas informáticas y los procesos administrativos, aspecto en el que sin duda el Estado hoy está en deuda y que explica parte importante de la sobrecarga que enfrentan los directivos escolares en su relación con el Ministerio de Educación y el resto de las entidades públicas con que se relacionan.

Además de este informe, el Ministerio de Educación realizó una serie de encuentros a lo largo del país, en el que participaron docentes y directivos escolares, así como una consulta pública, instancias que completan el plan “Todos al Aula” y que permitirán al gobierno trazar el camino a seguir. Esperamos que este trabajo dé frutos y que se logre avanzar en una materia que hoy debiera ser prioritaria para mejorar el desempeño del sistema escolar.