7 de noviembre de 2018

Investigadora de LyD expone en Comisión de Educación de la Cámara de Diputados por Proyecto Aula Segura

La investigadora del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, María Trinidad Schleyer, fue invitada durante esta tarde a exponer a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados por el proyecto de ley Aula Segura. 

A continuación, reproducimos un extracto de lo expuesto por la investigadora esta tarde:

“Este proyecto de ley no sólo hace un acertado diagnóstico de la situación de violencia que se ha incrementado dentro de los establecimientos educacionales en el último tiempo, sino que también presenta una solución que va a en el sentido correcto: devolver la autoridad a los directores, hacer oportunas las sanciones que se apliquen y permitir separar al alumno infractor de la comunidad educativa.

El actual procedimiento sancionatorio no es atingente a las situaciones especialmente graves que se están viviendo, tanto por su larga extensión como por no contemplar medidas para evitar la interacción entre el estudiante infractor y las víctimas de los hechos de violencia. Junto con ello, los requisitos que se exigen por ley para poder llegar a aplicar las máximas sanciones han devenido en una pérdida de autoridad de los directores, que además se encuentran bajo la amenaza de que la Superintendencia de Educación los sancione en aquellos casos en que considere que la aplicación de la expulsión no se deduce directamente del reglamento interno e incluso, que los tribunales de justicia reviertan la expulsión ante la presentación de recursos por parte del alumno.

Respecto a la larga extensión del procedimiento sancionatorio general, el texto aprobado por el Senado reduce -aunque a nuestro juicio, no lo suficientemente- los plazos para aplicar las sanciones. En promedio hoy el procedimiento de expulsión dura 25 días hábiles, de los cuales 15 se utilizan para la reconsideración de la medida ante el director y el Consejo de Profesores y, por lo tanto, 10 para la adopción de la decisión. El proyecto sólo disminuye el plazo de la reconsideración (a 5 días), dejando inalterado el plazo para tomar la decisión de expulsión u otra que estime conveniente (en 10 días). Frente a los 7 días que contemplaba la última propuesta del Ejecutivo, 15 días parece ser muy extenso desde el punto de vista del alumno acusado, el cual si resulta ser inocente estará separado de su comunidad escolar durante tres semanas, y si resulta ser culpable, se activará más lentamente su reubicación en una nueva comunidad escolar, con el retardo consecuente del apoyo psicopedagógico que necesita. En este sentido, la brevedad del procedimiento es beneficioso para el estudiante, respetándose en todo caso, las normas del debido proceso. 

Respecto a las conductas sancionadas, las descripciones que incorpora el proyecto aprobado son más amplias que las que había contemplado el Ejecutivo, incorporándose las agresiones sexuales, extendiéndose las agresiones a todos los miembros de la comunidad escolar y a terceros que se encuentren en el establecimiento, entre otros, lo que consideramos positivo. También es adecuado que la comisión de estas conductas conduzca necesariamente a un procedimiento sancionatorio, el cual puede derivar en expulsión o en otra sanción. En este sentido en necesario recalcar que estas conductas deben ser sancionadas a nivel educacional, lo que corre por cuerda separada a las sanciones penales que puedan o no conllevar. Sin embargo, lo que no parece adecuado es que en estos casos sea facultativo para el director aplicar la medida cautelar de suspensión y por lo tanto, la aplicación del procedimiento abreviado. Dada la gravedad de las conductas descritas por el proyecto de ley – agresiones sexuales, porte de armas, agresiones físicas que producen lesiones, etc.- sería adecuado que al menos en estos casos se establezca la obligatoriedad para el director de aplicar la medida, como se establecía por el proyecto original, gatillando con ello la aplicación del procedimiento sancionatorio abreviado. Esto debido a que en aquéllas situaciones salta a la vista la necesidad de proteger a la víctima o a la comunidad escolar y se evitaría que ante los mismos hechos el director aplicara la suspensión respecto a un alumno y no de otro. En los demás casos en que se puede aplicar la suspensión, es adecuado que se deje al director aplicar su criterio, toda vez que no se presenta la misma necesidad de separar al alumno de la comunidad educativa en todos ellos (las conductas que el reglamento interno pueda considerar como falta grave o gravísima y que se pueda sancionar según este con expulsión).

Respecto al autor de las conductas descritas por la ley, puede ser cualquier miembro de la comunidad escolar, dentro de la cual se encuentran los padres y apoderados de los alumnos. Se contempla en el proyecto aprobado que si se cometen estas conductas se debe iniciar un procedimiento sancionatorio. Sin embargo, ¿se puede iniciar un procedimiento sancionatorio a los padres?  O ¿Se sancionará a los hijos por los hechos de sus progenitores o de sus apoderados? Sería conveniente modificar la redacción, toda vez que no existen procedimientos destinados a sancionar a padres y apoderados que siendo miembros de la comunidad educativa, no se encuentran bajo la potestad de los directores. 

Consideramos sumamente relevante que el proyecto considere a nivel legal la suspensión del alumno como medida cautelar. Si bien en la legislación actual la medida de suspensión es aplicable para casos excepcionales si existe un peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, es solamente por un periodo de 5 días prorrogable por otros 5 por causa justificada. Sin embargo, surge la disyuntiva si esta suspensión se puede aplicar como medida cautelar o si es una sanción en sí misma. En el primer caso, su plazo (10 días máximo) sería insuficiente para mantener separado al alumno durante toda la extensión del procedimiento (hoy de 25 días), y en el segundo, transgrede el principio general del derecho de non bis in ídem, es decir, no se puede sancionar el mismo hecho dos veces. De este modo, la propuesta del proyecto evita por un lado que los tribunales de justicia reviertan las sanciones que impongan los directores, que es lo que ha estado ocurriendo, y permite, por otro, que se separe al alumno de las víctimas durante toda la tramitación del procedimiento.

Finalmente, y con independencia a las mejoras que se puedan realizar, este proyecto da una valiosa oportunidad de reflexionar sobre cómo a través de la legislación se ha ido quitando autoridad y autonomía a los establecimientos educacionales, en un afán de controlar y regular todas las situaciones desde el Estado, siendo este proyecto solo un paso para revertir esta situación”.