Impuestos regionales: Mayoría de las regiones no contarían con la base tributaria suficiente para cubrir sus gastos

En octubre del 2020 se realizarán las primeras elecciones de gobernadores regionales y a menos de dos años de dicho plazo hay una arista sin resolver: cómo se financiarán los gobiernos regionales. Como justamente hoy está en el Congreso el proyecto de modernización tributaria —como lo llama el gobierno—, la aspiración que ya ha manifestado la bancada regionalista, liderada por el senador por Antofagasta, Alejandro Guillier, es que este debate sobre los tributos regionales se incluya en el articulado de esta reforma, que hoy está en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y entre las propuestas concretas ya figuran ideas como que las empresas paguen patentes comerciales en la región donde realicen sus operaciones y no donde está ubicada su casa matriz —que en la mayoría de los casos es en la zona oriente de Santiago—, o el fin a las exenciones en el pago de patentes comerciales a industrias extractivas de áridos, pesca y forestal. El centro de estudios Libertad y Desarrollo (LyD) elaboró un informe denominado 'Desarrollo y gobiernos regionales: Una propuesta de financiamiento', en el que entrega razones por las que —en su opinión— no pareciera recomendable instalar esta idea de aplicar impuestos regionales. ¿El principal argumento? 'Las regiones no cuentan con una base tributaria lo suficientemente importante como para financiar sus gastos'.

En el detalle, LyD analizó los PIB per cápita de todas las regiones del país al año 2017, análisis que arrojó que solo cinco de ellas —Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Metropolitana y Magallanes— se ubican sobre el promedio nacional. O sea, hay 10 que no contarían con la base tributaria suficiente para cubrir sus gastos (ver infografía abajo, en el recorte de El Mercurio). Para LyD este análisis muy simplificado plantea la interrogante de si la implementación de impuestos regionales —ya sea como impuestos de cobro regional o bien coparticipación tributaria de impuestos fijados a nivel central— 'efectivamente podría reducir en forma considerable la dependencia de los gobiernos regionales de la necesidad de transferencias de recursos desde el gobierno central'. Además, respecto de la posibilidad de incluir la discusión tributaria en el actual proyecto de ley, el centro de estudios plantea que la creación de nuevos tributos regionales 'complejizaría el sistema', en momentos que se busca simplificarlo. 

En cambio, LyD apunta a otro modelo: que el 1% de la inversión realizada en activo fijo por un privado en una región debe ir en beneficio directo a obras de infraestructura en dicha zona. ¿Cómo evitar que esto derive en un aumento de la carga tributaria de estas empresas? El informe plantea que estos recursos 'deben ser descontados íntegramente del impuesto a la renta pagado por la empresa al gobierno central'. Para la ejecución de estos recursos, lo que se propone es que los gobiernos regionales deban contar con un plan de inversión en infraestructura, el cual contenga un listado de proyectos susceptibles de ser financiados con dichos aportes. Esto, bajo el alero de una asociación público-privado que se crearía con este objetivo. 'De esta forma, el gobierno regional se beneficiaría directamente de la mayor ejecución de proyectos en su territorio, promoviendo la instalación responsable y sustentable de industrias y actividades en la región', agrega el documento.

Fuente: El Mercurio.-