El Presidente Piñera ha presentado al país los pilares fundamentales de la reforma al sistema de pensiones chileno. Enfatizando la necesidad imperiosa de avanzar en la materia, propone introducir mejoras para incrementar y fortalecer tanto la dimensión distributiva como contributiva del sistema, junto con inyectarle más competencia. En lo que se refiere al pilar distributivo, el proyecto constituye un esfuerzo de gran magnitud al incrementar, responsablemente, el aporte fiscal al Pilar Solidario, aumentando la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario. En su conjunto, el Pilar Solidario recibirá un incremento, en régimen, del 40% y, tan pronto entre en vigencia la nueva ley, del 10%. Además, conforme ha trascendido, la propuesta establece beneficios para la clase media, un aporte adicional a las mujeres y un nuevo seguro de dependencia severa. Respecto del pilar contributivo, se propone un aumento del ahorro individual obligatorio de los chilenos, incrementando la tasa de cotización en un 4%, cuyo destino irá íntegramente a las cuentas individuales de cada trabajador. Por su parte, se crean incentivos económicos concretos para que las personas ahorren por más tiempo, postergando el momento de su jubilación.

Algunos personeros ligados a la oposición han criticado la fórmula propuesta señalando que ésta carece de un componente solidario o que éste no es relevante. Pero ¿qué entendemos por solidaridad? Parece que para algunos la solidaridad solo se cumple si el incremento de las pensiones se financia mediante un sistema de ahorro colectivo, bajo el cual son los trabajadores los que contribuyen, con sus recursos, a mejorar las pensiones de los demás, y no cuando el financiamiento para quienes más lo necesitan proviene de rentas generales de la nación. Bajo esta concepción de solidaridad, los trabajadores deben reemplazar al Estado en su obligación de complementar las pensiones de todos los chilenos. Esto no deja de resultar sorprendente. Si la reforma la hubieran de financiar los trabajadores, como en parte lo proponía el proyecto de ley del Gobierno anterior (que, por lo demás, no encontró votos suficientes para su aprobación en la propia coalición gobernante), serían más de 5 millones de trabajadores los que habrían de contribuir con sus recursos a mejorar las pensiones, de los cuales, buena parte recibe una remuneración por debajo de los quinientos mil pesos. Por lo demás, tales recursos se destinarían a beneficiar a un grupo no focalizado de trabajadores, financiando tanto a trabajadores de bajos como de mayores ingresos. La solidaridad, así entendida, es altamente regresiva, además de presentar otros problemas tales como su sostenibilidad en el tiempo. Si el pago de las pensiones se financia con el ahorro de los trabajadores activos, resulta que en un país como Chile, en que se ha acelerado el envejecimiento de la población, la propuesta se torna inviable.

Columna de Natalia González, Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-