Ha surgido con fuerza la idea de incorporar aspectos relativos al financiamiento de gobiernos regionales en el proyecto de modernización tributaria, los cuales prontamente contarán con gobernadores electos por la ciudadanía. Algunos han planteado impuestos regionales, ya sea en forma de impuestos de cobro regional o bien coparticipación tributaria de impuestos fijados a nivel central. Pero ¿es ello una respuesta adecuada al problema que se busca hacer frente, la dependencia fiscal respecto del gobierno central? Al observar la realidad de los países de la OCDE se concluye que no existe una única forma en materia de descentralización fiscal.
De acuerdo con distintos indicadores de actividad económica por regiones, se observa que esta se concentra en algunas regiones del país, por lo cual resulta probable que la gran mayoría de ellas no contará con una base tributaria lo suficientemente sólida como para recaudar recursos en forma significativa y por ende continuarían dependiendo de los recursos transferidos desde el gobierno central. En ese contexto ¿resultaría conveniente contar con impuestos regionales tomando en cuenta los costos que ello generaría en términos, por ejemplo, de hacer más compleja la administración tributaria en Chile en momentos en que precisamente lo que se busca simplificarla?
Lo que si se debe considerar en la discusión es que desde regiones no se encuentran alineados los incentivos para que los gobiernos regionales tomen medidas tendientes a atraer y desarrollar una mayor actividad económica. En los próximos años, los gobiernos regionales deberán aprobar los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT). Éstos buscan orientar la utilización del territorio de la región para, de acuerdo a la ley que los crea, lograr su “desarrollo sustentable a través de lineamientos estratégicos y una macro zonificación de dicho territorio". Estos instrumentos pasarán a ser claves en el desarrollo económico de la región, pudiendo ser facilitadores como también obstructores del mismo.
El fenómeno de los NIMBY (“not in my backyard”, en español "no en mi patio trasero") pudiera obstaculizar el desarrollo económico de la región, ya que las autoridades regionales fácilmente pueden ceder a las presiones de los NIMBY al momento de elaborar los PROT por no percibir un costo de oponerse a la instalación y desarrollo de nuevas actividades.
Con el fin que los gobiernos regionales perciban beneficios a partir de la instalación de distintas actividades en sus territorios, lo que se propone es que un monto similar al 1% de la inversión realizada en activo fijo por un privado debe ir en beneficio directo a obras de infraestructura en la región, aportes que deben ser descontados de los impuestos de primera categoría de las empresas. Orientar estos recursos hacia la ejecución de proyectos priorizados por las autoridades regionales, que también pueden ser cofinanciados con fondos públicos. De esta forma, el gobierno regional se beneficiaría directamente de la mayor ejecución de proyectos en su territorio, promoviendo la instalación responsable y sustentable de industrias y actividades en la región.
Cabe hacer presente que una reforma de esta naturaleza debe también realizarse en conjunto con un rediseño a los actuales fondos que transfieren recursos desde el gobierno central al regional, cerrando todo espacio de discrecionalidad que hoy tiene la autoridad central, así como también contar con normas de transparencia y responsabilidad fiscal.
Columna de Bettina Horst, Subdirectora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, publicada en medios regionales de El Mercurio.-
