Avance del proyecto de teletrabajo o trabajo a distancia: en sintonía con las propuestas del Acuerdo Nacional de Desarrollo Integral

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó hoy por amplia mayoría el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia (boletín N° 12.008-13), cuya tramitación se inició el 10 de agosto del 2018. De esta manera, el proyecto avanza al Senado para su segundo trámite constitucional.

“El avance de este proyecto es relevante por dos aspectos. En primer lugar, demuestra la capacidad de trabajo y colaboración de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, instancia que conocerá en primer término la Reforma Previsional. Y, en segundo lugar, porque la promoción del teletrabajo o trabajo a distancia está en sintonía con las propuestas emanadas del Acuerdo Nacional por el Desarrollo Integral, cuyo capítulo referente a la regulación laboral fue elaborado por representantes del sector académico (Manuel Agosín), privado (Fernando Bustamante) y sindical (Oscar Olivos)”, señaló John Henríquez, abogado de Libertad y Desarrollo.

Es conveniente recordar que el año 2010 el Ejecutivo impulsó un proyecto en la materia, no avanzando del primer trámite constitucional por la ausencia de acuerdo en lo relativo a seguridad e higiene. Al respecto, el abogado afirma que “las indicaciones aprobadas por la Comisión abordaron adecuadamente la materia. Asimismo, es destacable que se haya definido de forma distinta al teletrabajo y al trabajo a distancia”.

Finalmente, Henríquez instó a que el Senado apruebe este proyecto enfatizando en que “esta iniciativa legal viene a modernizar la regulación laboral, que hasta el momento no ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. El proyecto se hace cargo de grupos históricamente excluidos, otorga flexibilidad a las partes de la relación laboral y constituye un esfuerzo importante para la adaptación al vertiginoso avance tecnológico”.

Con todo, respecto al artículo 152 quáter, que con el fin de fomentar las relaciones interpersonales entre los trabajadores obliga al empleador a efectuar jornadas de reunión y convivencia cada tres meses -debiendo el empleador asumir los gastos y siempre dentro de la jornada laboral-, el abogado considera que “si bien se entiende la buena intención, no debiese formar parte del articulado de la ley, sino que debiera nacer por la iniciativa del empleador. "Se debe ser especialmente cuidadoso con la imposición de nuevas obligaciones (especialmente si conlleva gastos adicionales), toda vez que podrían inhibir a los empleadores a utilizar esta valiosa modalidad de contratación”, sentencia el abogado.