Retroceso en Aula Segura: ¿amparo de la violencia?

Insólito es lo ocurrido ayer en la Comisión de Educación del Senado, durante la tramitación del proyecto “Aula Segura”.  Si en un principio la fuerte crítica por parte de la oposición hacia el proyecto consistía básicamente en que éste no incorporaba adecuadamente el principio del debido proceso y no se hacía cargo de la reinserción escolar del alumno infractor,- cuestiones que fueron acogidas por el Ejecutivo en su indicación sustitutiva presentada este martes al proyecto original-, ayer quedó de manifiesto que las pretensiones de los senadores de oposición integrantes de la Comisión eran mucho más ambiciosas.

En efecto, si bien en la Comisión se aprobó la idea de legislar (2 votos a favor, 2 abstenciones y 1 en contra), los senadores de oposición rechazaron por completo el texto del proyecto del Ejecutivo e impusieron un nuevo proyecto, apartándose completamente de la idea matriz del original e incluso cambiándole el nombre. Lo que se pretendía por el Ejecutivo era hacer más expedito el procedimiento de expulsión y cancelación de matrícula en casos muy graves de violencia expresamente descritos por la ley (porte de armas, posesión de bombas molotov, agresiones físicas que causen lesiones a los docentes, etc.). Todo esto para fortalecer la deteriorada autoridad de los directores de los establecimientos educacionales públicos y particulares subvencionados, que se ha visto gravemente mermada por los requisitos excesivos para su aplicación introducidos por la Ley de Inclusión.

Junto con ello, en caso que procediese el procedimiento abreviado, el texto del Ejecutivo proponía que el director debía suspender inmediatamente al alumno como medida cautelar hasta su total tramitación. En aquellos casos en los que se aplicara efectivamente la expulsión, el Ministerio de Educación debía velar por la reubicación del alumno en algún establecimiento que contara con profesionales que presten apoyo psicosocial y adoptar las medidas de apoyo necesarias.

Las indicaciones de los senadores Provoste, Quintana, Latorre y otros se centran, en cambio, en la medida cautelar de suspensión, dejando el ejercicio de esta facultad al arbitrio de cada director, según lo que defina el respectivo reglamento por infracciones graves y gravísimas. "En este sentido, el texto del proyecto de la oposición no establece a nivel legal las conductas de violencia que sí ameritan una separación inmediata del alumno, como lo disponía el proyecto del Ejecutivo", explica Pilar Hazbún, Coordinadora del Programa Legislativo de LyD. En los casos en los cuales el director decidiera suspender temporalmente al alumno, la oposición plantea un procedimiento más breve que para el resto de las infracciones, pero más extenso que el propuesto por el Ejecutivo.

"Respecto a la reubicación escolar del alumno, la indicación de la oposición no hace más que replicar lo propuesto por el Ejecutivo, añadiendo, sin embargo, que el director del establecimiento deberá informar de cada procedimiento sancionatorio que derive en una expulsión a la Defensoría de los Derechos de la Niñez cuando se trate de menores de edad, cuestión que es de iniciativa exclusiva presidencial", señala Trinidad Schleyer, investigadora del Programa Legislativo de LyD. Asimismo, establece un plazo de 90 días para que los establecimientos educacionales, incluidos los particulares, adecúen sus reglamentos internos a estas normas, los cuales deberán considerar como infracciones graves los actos cometidos por alumnos que causen severo daño a la integridad física y psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias del establecimiento, así como también aquellos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento educacional.

Por último, la indicación de la oposición propone que el Ministerio estudie la posibilidad de implementar un Programa Nacional de Prevención de la Violencia, e impone que éste proponga dentro de seis meses un plan de acompañamiento para establecimientos con graves problemas de convivencia a través de una intervención en crisis que implique apoyo psicosocial y formativo para los directores y las comunidades. "Dichas cuestiones también son de iniciativa exclusiva del Presidente, por establecer atribuciones a organismos públicos e irrogar un mayor gasto fiscal", asegura Hazbún.

El texto aprobado por la Comisión desconoce abiertamente una realidad insoslayable en los establecimientos educacionales, no focalizando los esfuerzos en entregar herramientas efectivas a las autoridades frente a conductas de violencia que hoy pueden quedar impunes por la falta de atribuciones que éstas tienen. Es más, de acuerdo a la propuesta de la oposición, seguirá siendo el reglamento interno de cada establecimiento el que determine cuáles conductas serán consideradas graves y gravísimas que justifiquen la separación temporal del alumno. El problema es que los reglamentos internos ya son los encargados de definir las conductas graves y gravísimas y muchos de éstos no se han podido actualizar convenientemente, sea por la oposición de estudiantes u otras razones, para sancionar los hechos de violencia que han escalado en el último tiempo. Este solo motivo ya justifica que se incluya a nivel legal ciertas conductas de violencia, no siendo necesaria su incorporación en los reglamentos para que éstas puedan ser sancionadas en plazos más acotados. "Lo único que recoge el texto aprobado por la oposición es que todos los establecimientos deban incorporar en sus reglamentos los daños severos que pueden causarse a los docentes y otros miembros de la comunidad escolar, pero ni siquiera calificándolos como infracciones gravísimas", acota Schleyer.

En fin, no deja de llamar la atención que muchas de las indicaciones promovidas por los senadores de oposición son manifiestamente inadmisibles, por recaer sobre materias que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. "Esperamos que hoy en la Sala del Senado prime la misión de fortalecer la educación pública, proveyendo espacios educativos seguros y libres de violencia", sostiene Hazbún.