10 de octubre de 2018

¿Aula (In) Segura?

Ha trascendido en los medios de prensa que el proyecto de ley conocido como “Aula Segura” fue declarado inconstitucional. Sobre lo anterior, resulta muy pertinente aclarar que la única entidad facultada para efectuar tal declaración respecto de una iniciativa en trámite es el Tribunal Constitucional, cuestión que no ocurrió respecto del proyecto de ley en comento. Más bien, la sala del Senado acordó, en un procedimiento bastante inédito, que previo a que el proyecto fuera conocido por la Comisión de Educación – Comisión a la que corresponde el conocimiento de estas materias-, fuera revisado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado en lo relativo al debido proceso. “Lo cierto es que, a lo sumo, dicha Comisión puede manifestar una opinión sobre el punto, pero en ningún caso puede declarar la inconstitucionalidad de una iniciativa pues sería arrogarse facultades que no tiene, cuestión que por lo demás prohíbe tajantemente nuestra Constitución”, asegura Natalia González, Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo.

Aclarado aquello, del análisis del texto legal presentado en conjunto con el texto de la ley que éste viene a modificar (Ley de Subvención del Estado a Establecimientos Escolares), es posible disentir de la opinión de quienes observan en él una inconstitucionalidad manifiesta o evidente. Conforme a dicha ley, los reglamentos internos de los colegios han de contemplar las sanciones que origina su infracción, las que en todo caso sólo podrán aplicarse en la medida que estén explicitadas en los mismos y en la medida que respeten principios fundamentales como la no discriminación y la proporcionalidad. “Conforme a la ley vigente, la expulsión es una sanción posible y podrá aplicarse, en general y amén del cumplimiento de lo referido anteriormente, cuando sus causas estén claramente descritas en el reglamento y afecten gravemente la convivencia escolar, no procediendo por motivos de carácter político o ideológico, entre otros. “Quienes arguyen que esta ley es contraria al derecho a manifestarse libremente, a expresar una ideología u opinión equivocan rotundamente su planteamiento toda vez que el pasaje de la ley que prohíbe la expulsión por razones ideológicas o políticas no es objeto de modificación alguna”, explica Natalia González. Lo que sí hace el proyecto es permitir, excepcionalmente, a los directores aplicar la expulsión frente a casos de violencia grave aún cuando tales hechos no hubieren estado explicitados claramente como causas graves en el reglamento interno y sin que sea necesario acreditar que se afecta la convivencia escolar, exigiendo, en todo caso, que se configuren los hechos graves tipificados claramente en el texto legal, cuales son: (a) uso, posesión, tenencia y almacenaje, en el establecimiento educacional o sus inmediaciones, de aquellas armas previstas en las letras a), b), c) d), e) y h) del artículo 2° del decreto N° 400 del Ministerio de Defensa Nacional, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley N° 17.798, Sobre Control De Armas, o de artefactos incendiarios, explosivos, tóxicos, corrosivos o infecciosos cuyos componentes principales sean pequeñas cantidades de combustibles u otros elementos químicos de libre venta al público y de bajo poder expansivo, tales como las bombas molotov y otros artefactos similares; y (b) agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos. “Así, la aplicación no es antojadiza y no queda entregada a la discreción de los directivos; deben concretarse específicamente las graves conductas tipificadas en la ley”, señala González. Por lo demás, por la propia naturaleza de los reglamentos internos de los establecimientos educacionales, lo cierto es que sería “mucho pedir” que éstos se hubieran puesto en estas hipótesis, prácticamente delictuales, que, aún cuando lamentablemente se han tornado comunes, resultan desproporcionadas en términos del alcance de un instrumento de esta naturaleza.

Sobre el debido proceso, garantía de la mayor relevancia en una democracia y cuyo respeto por parte de las autoridades resulta crucial, el proyecto de ley afirma su compromiso con aquella señalando, explícitamente, que debe respetarse, además de exigir resoluciones fundadas por parte del director del establecimiento al efecto; que éstas sean notificadas a los involucrados y sus familias y contemplando un procedimiento de reclamo que también involucra a otros estamentos de la comunidad escolar. Si el procedimiento especial contemplado en la iniciativa a tal efecto cumple o no con todos los elementos que conforman esta garantía constitucional (en particular respecto del emplazamiento), o si puede o no dar lugar a un debate al efecto, bueno, bienvenido sea, pero de ahí a plantear que el Gobierno ha querido desatender tal derecho fundamental, tras haber declarado su compromiso con aquel expresamente en la iniciativa, resulta fútil. “En todo caso, no deja de llamar la atención cómo en otras materias, el celo en la defensa del resguardo del debido proceso no pareció ser tan férreo entre los mismos que hoy claman por su respeto”, sentencia González. Cabe recordar que aún cuando posteriormente fue objeto de corrección en el Senado, la Norma General Anti-elusión, planteada en la reforma tributaria del año 2014 por el Gobierno anterior, contenía un procedimiento altamente cuestionable desde la perspectiva de su conformidad con la garantía constitucional del debido proceso y no fue objeto de informes previos o especiales de la Comisión de Constitución ni de cuestionamientos por parte de los diputados oficialistas de la época que la aprobaron sin más.

Dicho aquello, entramos en la cuestión de fondo ¿Está el Congreso disponible a hacerse cargo de un problema grave, actual y que amenaza el derecho a la educación, garantizado asimismo en la Constitución? O bien, despejado lo relativo al procedimiento ¿Planteará otras vallas, que superan por cierto al proyecto de ley en comento, respecto a cómo la sociedad se hace cargo de aquellos estudiantes que son expulsados tras participar activamente en sendos hechos de violencia? La expulsión hoy está contemplada en nuestra legislación como una posible sanción, de última ratio, para los casos de infracción. La ley vigente dispone que, en tales casos, el director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de 5 días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento descrito en la ley. Finaliza señalando que corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias. Así, la posible preocupación de fondo y particular sobre la reubicación del alumno ya está resuelta en la ley.

“En suma, es de esperar que se efectúe un debate serio sobre esta materia, facultando a los directores de manera adecuada con miras a fortalecer a la educación pública y no para debilitarla“, apunta Natalia González.