Esta semana, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados comenzará a conocer el proyecto de modernización tributaria. Se trata de una iniciativa muy relevante que simplifica el sistema tributario chileno, volviendo a integrar totalmente el impuesto corporativo con el impuesto global complementario (IGC), sobre la base de retiros. La integración beneficiará a más de 200.000 contribuyentes de ingresos bajos o medios, que se encuentran en los tramos exentos e inferiores del IGC (y que representan el 68% del total de contribuyentes del IGC) los que dejarán de pagar la injusta sobretasa de 9,45% que hoy les es aplicable. La reforma, así descrita, también beneficiará a un importante número de empresas de menor tamaño que hoy se encuentran en el sistema de renta atribuida. Habrá quienes argumentarán que volver a un sistema en base a retiros genera espacios de elusión y evasión. Sin embargo, tales espacios se cerraron en reformas anteriores. Además, la iniciativa sobre modernización tributaria mantiene y fortalece la norma anti-elusiva, lo que es sin perjuicio del importante desarrollo jurisprudencial del Servicio de Impuestos Internos (SII) en la materia, por lo que esta inquietud no debiera estar al centro del debate.

Junto con ello, la propuesta legal reorienta diversas disposiciones del Código Tributario haciendo patente la aplicación a éste de los principios del debido proceso y la legalidad tributaria. La certeza jurídica es así un eje y un fin de la iniciativa, cuestión que debiera ser compartida por todos los sectores pues, al final del día, todos somos de una u otra manera sujetos de impuestos. Así, la autoridad tributaria habrá de fundar sus resoluciones; actuar dentro de los plazos establecidos y podrá ser objeto de recursos jerárquicos (como cualquier otra autoridad en un procedimiento administrativo). Los contribuyentes, en tanto, gozarán de importantes derechos y mecanismos para hacerlos valer. A su vez y para evitar el incumplimiento de las obligaciones tributarias por errores de los contribuyentes, se contempla que el SII pueda ejecutar algunas medidas preventivas y de colaboración, de cumplimiento voluntario por parte del contribuyente, lo que resultará muy relevante para las PyMES.

Se trata de una iniciativa robusta, sobre un tema complejo, respecto de la cual y no obstante sus bondades, es esperable que surjan polémicas y diferencias. No faltarán aquellos que “para facilitar la discusión” se valgan de slogans que no corresponden a un debate razonado. Pero lo cierto es que los contribuyentes que a diario deben convivir con un sistema tributario enredado, en el que invierten horas tratando de no equivocarse, esperan que el Parlamento discuta en serio. Comienza así el primer tiempo de la reforma tributaria y el Congreso tiene en este debate una inmejorable oportunidad para no desatender las verdaderas necesidades de la ciudadanía.

Columna de Natalia González, Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de LyD, publicada en La Tercera.-