Modernización tributaria: una reforma que introduce mayores grados de certeza jurídica a nuestro sistema tributario, beneficiando a todos los contribuyentes

El proyecto de ley sobre modernización tributaria presentado al Congreso Nacional contiene una serie de modificaciones que buscan otorgar mayor certeza jurídica a los contribuyentes de cara a la aplicación de la normativa tributaria, la fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la imposición de eventuales sanciones.

"Dar mayor seguridad jurídica a las personas y empresas, y que la autoridad impositiva cuente con un marco de acción bien definido, debiera ser un objetivo transversal y apolítico al constituir un beneficio directo para todos los contribuyentes, especialmente para aquellos que no están en condiciones de contratar asesorías costosas en términos de tiempo y recursos, como las pymes, y porque en ningún caso constituyen un debilitamiento de la autoridad fiscalizadora", asegura Natalia González, Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo. Por el contrario, una autoridad supervisora que actúa dentro del marco jurídico; que ciñe su actuar a la Constitución y las leyes y que ve reducido los espacios de interpretación y de consecuente litigiosidad es, al final de día, una autoridad que sale fortalecida.

En términos generales, esta mayor certeza se traduce en requerir, expresamente, que el SII fundamente sus determinaciones en diversos ámbitos (tasaciones, etc.); establecer plazos perentorios para el actuar de la autoridad fiscalizadora, evitando fórmulas que contemplen términos abiertos o en que el SII podía determinarlos a su juicio exclusivo, sin limitaciones, o más allá de los plazos de prescripción; en que las solicitudes de antecedentes o declaraciones que solicite el SII a los contribuyentes deban serlo respecto a materias puntuales y especificas; en que no se entorpezca el quehacer diario del contribuyente en los procedimientos de fiscalización y en que se resguarde su privacidad y se guarde reserva de los antecedentes e información del caso.

Más allá de este enfoque general que contribuye a dar un marco de acción seguro y más concreto para los contribuyentes y para la autoridad fiscalizadora, a continuación se resumen los principales cambios al Código Tributario:

A) Un nuevo catalogo de derechos del contribuyente. El proyecto reemplaza el artículo 8 bis del Código Tributario, que contenía el listado de derechos del contribuyente, por uno nuevo. En este nuevo catálogo, se incorporan nuevos derechos, cuestión de la mayor importancia para el equilibrio de las relaciones entre aquellos y el SII. Entre otros derechos que contempla la norma, destacamos:

1.- El derecho a ser informado sobre el ejercicio de sus derechos; el que se facilite el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y el derecho a obtener información clara del sentido y alcance de todas las actuaciones en que tenga la calidad de interesado.

2.- Se contempla que en las actuaciones del SII, constituyan éstas parte de procedimientos o no, el contribuyente tendrá derecho a que no se vuelva a fiscalizar ni revisar ni en el mismo ejercicio ni en los períodos siguientes, las partidas, criterios jurídicos o antecedentes probatorios que ya fueron objeto de un proceso de fiscalización, sea que en dicho proceso se haya emitido o no una citación, un giro, liquidación o resolución.

Cuando se inicie una fiscalización mediante requerimiento de antecedentes que deban ser presentados al SII, se dispondrá del plazo máximo de nueve meses, contado desde que el funcionario a cargo de la fiscalización certifique que todos los antecedentes solicitados han sido puestos a su disposición para, alternativamente, citar para los efectos referidos en el artículo 63, liquidar o formular giros, cuando corresponda, o bien declarar si el contribuyente así lo solicita que no existen diferencias derivadas del proceso de fiscalización. El funcionario a cargo tendrá el plazo de 10 días, contados desde que recibió los antecedentes solicitados para realizar dicha certificación.

3.- Certeza de que los efectos tributarios de sus actos o contratos son aquellos previstos por la ley, sin perjuicio del ejercicio de las facultades de fiscalización que corresponda de acuerdo con la ley. Al respecto, el SII deberá publicar en su sitio web los oficios, resoluciones y circulares, salvo aquellos que sean reservados en conformidad con la ley. Asimismo, deberá informar los oficios, circulares y resoluciones dictados previamente y que pierden vigencia en virtud de las nuevas instrucciones.

4.- Para todos los efectos legales y cualquiera sea el caso, el contribuyente tiene derecho a que se respeten los plazos de prescripción o caducidad tributaria establecidos en la ley, sin que pueda efectuarse ninguna clase de solicitud de su renuncia por parte del contribuyente, ni aun a pretexto de evitar una liquidación o giro, de llegar a un avenimiento del artículo 132 ter o de evitar alguna sanción.

En efecto, en el artículo 21 del Código Tributario se hace expresa mención a que el Servicio no podrá solicitar antecedentes anteriores a los plazos de prescripción, lo que incluye la revisión de capital propio tributario, pérdidas tributarias y remanente de crédito fiscal. Sólo se podrá excepcionar de los plazos de prescripción la situación especial y excepcional, cuando así se establezca mediante resolución fundada, y partiendo de la presunción que la pérdida y el remanente de crédito fiscal IVA se corresponden con los antecedentes presentados por el contribuyente. Respecto del capital propio tributario, el Servicio debe revisar las reorganizaciones, partidas, actos contratos u operaciones que tengan incidencia en dicho capital propio, dentro de los plazos de prescripción tributaria, sin que pueda pedir antecedentes anteriores a dichos plazos.

5.- Derecho a que se presuma que el contribuyente actúa de buena fe.

6.- Derecho a eximirse de aportar documentos que no correspondan al procedimiento o que ya se encuentren acompañados al Servicio y a obtener, una vez finalizado el procedimiento respectivo, la devolución de los documentos originales aportados.

7.- Derecho a que en los actos de fiscalización se respete la vida privada y se protejan los datos personales en conformidad con la ley; y que las declaraciones impositivas, salvo los casos de excepción legal, tengan carácter reservado, en los términos previstos por el CT.

8.- Derecho a que las actuaciones del Servicio se lleven a cabo en la forma que resulte menos gravosa para el contribuyente, siempre que no signifique el incumplimiento de las disposiciones tributarias y, asimismo, a que las actuaciones del Servicio se lleven a cabo sin dilaciones, requerimientos o esperas innecesarias, certificada que sea, por parte del funcionario a cargo, la recepción de todos los antecedentes solicitados.

B) Establecimiento de un procedimiento en caso de vulneración de los derechos:

Queja Administrativa: El contribuyente podrá presentar una queja administrativa al considerar vulnerados sus derechos producto de una acto u omisión del SII, ante el competente Director Regional o ante el Director Nacional en su caso, si la actuación es realizada por el Director Regional, en un plazo de 10 días, debiendo recibirse todos los antecedentes que el contribuyente acompañe a la presentación para fundar el acto u omisión que origina la queja. Recibida la queja administrativa, ésta deberá resolverse fundadamente dentro de 5° día, ordenando se adopten las medidas que corresponda. Toda prueba que sea rendida deberá apreciarse conforme con la sana crítica.

De lo resuelto por el Director Regional se podrá reclamar ante el Juez Tributario y Aduanero.

Tribunales Tributarios y Aduaneros: Sin perjuicio de lo anterior, alternativamente los contribuyentes podrán reclamar en forma directa en contra de actos u omisiones del SII que vulneren cualquiera de los derechos establecidos en el artículo 8 bis ante el Juez Tributario y Aduanero,.

C) Silencio Positivo

Se trata de una norma novedosa que en síntesis consagra al silencio positivo como la regla de “default” en materia tributaria. Esto quiere decir que salvo disposición legal en contrario, se entenderá que el SII no se opone a las solicitudes, presentaciones y recursos de cualquier tipo o naturaleza que redunden en un acto administrativo final, presentadas ante el Servicio que no sean resueltas dentro de plazo legal y siempre que el peticionario comunique al Servicio sobre la proximidad del vencimiento del plazo.

D) Emisión de documentos tributarios: la propuesta reitera el derecho de los contribuyentes a que se les autoricen los documentos tributarios que sean necesarios para el desarrollo de su giro o actividad, acotando la posibilidad que tiene actualmente el SII para diferir, revocar o restringir esta emisión. Así, establece que las autorizaciones otorgadas podrán ser diferidas, revocadas o restringidas, por la Dirección Regional, mediante resolución fundada a contribuyentes que se encuentren en algunas de las situaciones a que se refieren las letras b), c) y d) el artículo 59 bis[1], y sólo mientras subsistan las razones que fundamentan tales medidas, y a contribuyentes respecto a los cuales se haya dispuesto un cambio total de sujeto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° del decreto ley N°825, de 1974. La norma actualmente vigente dispone, en cambio, que la Dirección del Servicio de Impuestos Internos, mediante resolución fundada, puede diferir, revocar o restringir la emisión cuando a su juicio exista causa grave que lo justifique, listando algunos ejemplos de causas graves. Así la propuesta del proyecto resulta en mayor certeza para los contribuyentes y redunda en que no se cometan abusos mediante el uso de esta facultad.

F) Aclaración del concepto de Persona Relacionada: Se introduce una nueva definición de persona relacionada. La nueva definición aclaratoria señala que son personas relacionadas:

  • El controlador y las controladas. Se considerará como controlador a toda persona o entidad o grupo de ellas con acuerdo explícito de actuación conjunta que, directamente o a través de otras personas o entidades, es dueña, usufructuaria o a cualquier otro título posee o tiene derecho a más del 50% de las acciones, derechos, cuotas, utilidades o ingresos, o derechos a voto en la junta de accionistas o de tenedores de cuotas de otra entidad, empresa o sociedad. Estas últimas se considerarán como controladas.
  • Para estos efectos, se entenderá que existe un acuerdo explícito de actuación conjunta cuando se verifique una convención entre dos o más personas o entidades que participan simultáneamente en la propiedad de la sociedad, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas controladas, mediante la cual se comprometen a participar con idéntico interés en la gestión de la sociedad u obtener el control de la misma.
  • Todas las entidades que se encuentren bajo un controlador común.
  • Las entidades y sus dueños, usufructuarios o contribuyentes que a cualquier otro título posean, directamente o a través de otras personas o entidades, más del 10% de las acciones, derechos, cuotas, utilidades o ingresos, o derechos a voto en la junta de accionistas o de tenedores de cuotas.
  • El gestor de un contrato de asociación u otro negocio de carácter fiduciario en que es partícipe en más del 10%.
  • Las entidades relacionadas con una persona natural de acuerdo a los literales c) y d) anteriores, que no se encuentren bajo las hipótesis de las letras a) y b), se considerarán relacionadas entre sí. Los directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales o liquidadores con la respectiva entidad, así como toda entidad controlada, directamente o a través de otras personas, por cualquiera de ellos.
  • Las matrices o coligantes y sus filiales o coligadas, en conformidad a las definiciones contenidas en la ley N° 18.046.

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