Este mes se dieron a conocer los resultados del trabajo realizado por quienes participaron en el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública (el “Acuerdo”), uno de los cinco grandes acuerdos nacionales a los que llamó al principio de su mandato el Presidente Sebastián Piñera. Se trata de un esfuerzo encomiable respecto a la búsqueda de unidad para poder solucionar uno de los problemas que más aquejan a las familias chilenas: el aumento de la delincuencia y de la sensación de inseguridad en sus barrios.

"Los acuerdos alcanzados se refirieron a la necesidad de modernización de las policías, fortalecer el sistema de inteligencia, tener un control más estricto respecto a la posesión de armas de fuego, potenciar el rol de las municipalidades en materias de seguridad y generar una mayor coordinación entre los actores del sistema de persecución penal", explica María Trinidad Schleyer, investigadora del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo.

En el Acuerdo se da gran importancia a la función de los municipios en materias de prevención, debido a que son las organizaciones que tienen mayor contacto con la ciudadanía y con las comunidades. En efecto, para que las medidas de prevención sean acertadas, la participación de los agentes locales es fundamental puesto que ellos son los que se encuentran en mejor posición de conocer las características de los infractores, quienes son sus potenciales víctimas y el entorno en que ambos se desenvuelven. Esta misma lógica se encuentra detrás del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP), una herramienta de Carabineros de Chile basada en el análisis estadístico de los delitos según localidad, con cuyos resultados se adoptan medidas en reuniones periódicas donde participan diversos actores locales relacionados a la seguridad. "Es por ello que se adoptó como una de las medidas de este Acuerdo la obligatoriedad para los alcaldes de asistir a estas reuniones, a fin de que participen en la creación de planes conjuntos con Carabineros y el Ministerio Público", señala Schleyer.

Dicha obligatoriedad ya se encuentra propuesta en el texto del proyecto de ley que establece la implementación de STOP, que se encuentra actualmente en discusión en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, y que se espera que sea tramitada con la celeridad que merece un asunto tan apremiante como es la seguridad de nuestro país.