Una discusión que parecía haberse cerrado ya durante la tramitación de la Ley de Fármacos I, fue resucitada por el Ejecutivo el pasado 7 de mayo, al introducir indicaciones al proyecto de ley conocido como Ley de Fármacos II, que se encuentra en tramitación en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados: la venta directa de medicamentos que no requieren receta médica en establecimientos de comercio que cumplan con las autorizaciones sanitarias establecidas. "Esta propuesta busca principalmente reducir el precio de estos medicamentos, intentando bajar en parte el gasto del bolsillo de los chilenos en medicamentos, que es muy elevado, sin perjuicio de que no se trata de los medicamentos más caros del mercado, para los cuales se proponen otras iniciativas", explica María Trinidad Schleyer, investigadora del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo.

Se espera que con el aumento de los oferentes, que ya no sólo serían farmacias y almacenes farmacéuticos, sino también supermercados, negocios, gasolineras, entre otros, aumente la competencia en este sector, que está muy concentrada en pocos actores. "Junto con esto, al tratarse de productos bastante homogéneos, y por tanto, de fácil comparación de precios, los oferentes podrían actuar efectivamente como tomadores de precios, de modo que si un laboratorio decidiera elevar sus precios, existiría una sustitución más pronta a otros oferentes. Con todo ello se espera que los precios tiendan a bajar", señala la abogada.

Todavía existe entre los parlamentarios cierta oposición a esta medida, arguyendo toda clase de argumentos, siendo uno de los más potentes los riesgos de intoxicación de la población. Sin embargo, este riesgo es bajo, toda vez que al autorizarse la venta de estos medicamentos sin receta implica que la autoridad sanitaria consideró que no son altamente riesgosos de producir adicción o intoxicación. Al mismo tiempo, gracias a la Ley de Fármacos I ya pueden ser ofrecidos libremente al público en las góndolas, no siendo distinta la forma en que se ofrecerá en los nuevos establecimientos. "En todo caso, sería adecuado que se incorporaran los mismos resguardos que se establecen para su venta en dichas góndolas: entregar información a los consumidores sobre su adecuado uso y dosificación y exhibir los números telefónicos que brinden gratuitamente información toxicológica", sentencia Schleyer.