Una serie de mails entre el Gerente de OAS en Chile y el geógrafo Giorgio Martelli evidenciarían que Martelli recibió pagos por concretar reuniones entre la empresa brasilera OAS y ministros del gobierno de Michelle Bachelet. OAS está involucrada en el caso Lava Jato, la mayor operación de corrupción que se haya conocido en Latinoamérica, involucrando a gobiernos y mandatarios de diversos países de la región, varios de los cuales han debido dejar sus cargos o cumplir condenas por los sobornos recibidos.

Giorgio Martelli está imputado en nuestro país en el caso SQM. En el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, en una audiencia de juicio abreviado, fue condenado por delitos tributarios en la arista SQM Salar. En ella, Martelli aceptó la propuesta de la Fiscalía que incluía una pena de 800 días además de una multa de 5 UTA, algo más de 2,8 millones de pesos. Considerando la inexistencia de antecedentes previos, dicha pena no se cumpliría en la cárcel.

De acuerdo a los antecedentes planteados durante la formalización de Martelli, en septiembre de 2015, el geógrafo se "concertó" con el Gerente General de SQM entre los años 2012 y 2013 para extraer dineros de SQM para realizar “pagos irregulares” a la empresa Asesorías y Negocios, por un monto de $245 millones, a través de un total de 23 facturas. El Ministerio Público cifró el perjuicio fiscal en un total de $49 millones. Estos hechos, agregó, constituirían los delitos de apropiación indebida, otorgamiento de contratos simulados en carácter “reiterado y consumado”.

Ocurre que Giorgio Martelli fue recaudador de dinero para las campañas presidenciales de Michelle Bachelet y de Eduardo Frei. Durante la precampaña de Bachelet, algunos de los que fueron posteriormente ministros en su gobierno, Rodrigo Peñailillo y Alberto Arenas, emitieron boletas a la empresa Asesorías y Negocios de Giorgio Martelli. Ambos ex ministros no recibieron cargos por esa conducta, contrariamente a lo que ocurrió en el Caso Penta, donde un importante número de políticos, la mayoría ligados a la UDI fueron formalizados por la emisión de boletas ideológicamente falsas.

Los correos dirigidos a Martelli que trascendieron esta semana fueron obtenidos de los discos duros incautados desde OAS Chile y responden a evidencia en el caso liderado por la fiscal Ximena Chong por presunto fraude al fisco, a raíz de la cesión de un jet privado para la campaña presidencial de Marco Enríquez-Ominami, en 2013. La fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong, afirmó esta semana ante consultas periodísticas que los mails de la empresa OAS que mencionan a figuras de la ex Nueva Mayoría son antecedentes que estarían prescritos para una eventual investigación por presuntas infracciones a la Ley Electoral. El financiamiento extranjero de campañas políticas está penado por la ley, de acuerdo a la actual legislación. "Todo lo que es eventual infracción a la Ley Electoral a la época de comisión de estos hechos tenían un plazo de prescripción de un año. Por lo tanto, ya al tiempo en que nosotros detectamos estos hechos que es 2017, esos antecedentes se encontrarían, a esa fecha, prescritos", afirmó. "No obstante ello, son antecedentes que forman parte de una investigación mayor, y sobre los alcances de ello no nos podemos referir".

Esta última frase de la Fiscal es importante, porque sería extraño que la Fiscalía, que ha sido muy severa en perseguir delitos relacionados con el financiamiento irregular de la política, dejara las cosas aquí invocando la prescripción, que no ha sido obstáculo en estas investigaciones para perseguir delitos conexos.

En efecto, la Fiscal Ximena Chong ha tenido un rol decisivo en la formalización del ex senador de la UDI Jaime Orpis. El fiscal regional de Biobío, Julio Contardo, y la Fiscal Ximena Chong, presentaron en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago una acusación contra seis personas y la empresa Corpesca. Uno de ellos es el ex senador UDI Jaime Orpis para quien, según se informó, pidió 21 años de presidio efectivo; los que se dividen en seis años por cohecho reiterado, tres años y un día por delito tributario y 12 años por fraude al fisco reiterado. A ello se suma, la inhabilitación perpetua para cargos y oficios públicos, una multa del 50% del perjuicio causado y que sea condenado en costas del proceso.

Todos los casos que hemos comentado, si bien tienen características distintas y particulares, se enmarcan en el financiamiento irregular de la política detectado originalmente en las empresas Penta, a partir de una investigación por el fraude al Servicio de Impuestos Internos perpetrado por funcionarios de ese servicio y el entonces Gerente de Penta, Hugo Bravo. En todos ellos se presenta la misma situación señalada por la Fiscal Chong, en la cual el financiamiento irregular de la política no podía perseguirse penalmente porque los delitos que eventualmente pudieran considerarse por infracciones a la ley electoral se encontraban prescritos. Sin embargo en el caso Penta, e inicialmente también en el caso SQM, se avanzó en la persecución de otros delitos, especialmente de tipo tributario.

El Ministerio Público nunca pudo aclarar cuál es el criterio que se aplica para la persecución de delitos tributarios en estos casos. En algún momento se discutió, incluso públicamente, si la presentación de una querella por parte del Servicio de Impuestos Internos era o no requisito para que una Fiscalía acusara a un imputado por estos delitos. Aparentemente en definitiva se determinó que sí lo era, aunque hubo un período en que diversas Fiscalías no lo consideraban así. Trasladada entonces la responsabilidad al Servicio de Impuestos Internos, éste tampoco ha sido capaz de hacer públicos, de manera consistente, los criterios que determinan cuándo se presenta una querella y cuándo no. Se ha mencionado en distintas oportunidades los montos, la reiteración y otros criterios, pero en los hechos no se ha actuado siempre así.

Y lo que es más grave, tanto un ex Director del SII en el período de Bachelet, como un ex Subdirector Jurídico del servicio han declarado públicamente que durante su gestión recibieron presiones desde el gobierno para actuar en uno u otro sentido.

La investigación de esta arista chilena del caso OAS comenzó hace un poco más de un año y la Fiscal Chong viajó incluso a Brasil. Las instituciones encargadas de la persecución penal en Chile, en particular el Ministerio Público, tienen la oportunidad en este caso de demostrar que aplican la misma vara a personeros de distintos sectores políticos a la hora de perseguir delitos relacionados con el financiamiento irregular de la política.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de LyD, publicada en El Líbero.-