Un análisis de Libertad y Desarrollo concluye que pese a las objeciones que realizó en enero el Tribunal Constitucional (TC) a las potestades de sanción administrativa y normativa que buscaba entregar la reforma legislativa del gobierno anterior al Sernac, la iniciativa mantendrá un estándar adecuado de protección a los consumidores al ser promulgada como ley. Incluso, señala que se robustecen varias de las facultades de la entidad de defensa de los derechos del consumidor.
El controvertido proyecto de ley hoy nuevamente está siendo revisado por la magistratura constitucional, luego que el Gobierno ingresara el 10 de mayo un requerimiento para zanjar cuál es el texto definitivo de la nueva legislación que se deberá publicar en el Diario Oficial.
El caso se originó después de que la Contraloría General de la República (CGR), el 27 de abril pasado, se negara a tomar razón del decreto promulgatorio del nuevo Sernac, argumentando que el texto contenía disposiciones, como por ejemplo la parte de la facultad de sanción administrativa, que habían sido declaradas inconstitucionales en enero por el TC.
A juicio de la Cámara de Diputados, que redactó el oficio legal que se envió al Ejecutivo para la promulgación de la iniciativa, el Tribunal no incluyó en la parte resolutiva de inconstitucionalidad todas las normas contrarias a la Carta Fundamental que habían sido impugnadas en los fundamentos del fallo de enero. Esto le abrió espacio a la Cámara a incluir en el citado oficio parte de la polémica capacidad de sanción. Sin embargo, ese mismo texto fue el que después objetó la Contraloría y llevó a que el caso volviera a las puertas del TC.
El estudio de Libertad y Desarrollo afirma que 'aún cuando la sentencia limitó algunas de las potestades (excesivas como terminó resolviendo el TC) con que se pretendía dotar al Servicio, dicha limitación vino en realidad a brindar una protección más robusta y estable a los consumidores al fortalecer los principios del debido proceso y legalidad'.
En ese plano, el análisis precisa que 'no debe olvidarse que la iniciativa legal aprobada y aún pendiente de transformarse en ley de la República fortalece la facultad fiscalizadora del organismo, reconoce la indemnización por daño moral en demandas colectivas, reduce el cúmulo de pruebas que deben presentar los consumidores en un juicio, eleva considerablemente las sanciones por infracción a la normativa e impone importantes desafíos para las empresas desde la perspectiva de las buenas prácticas y del compliance'.
ORGANISMO CON HERRAMIENTAS
El estudio de Libertad y Desarrollo concluye que 'el Sernac está lejos de ser un desvalido león sin dientes, y su gestión por parte del nuevo director del organismo (Lucas del Villar) y la forma en que se implemente la nueva normativa constituyen un importante desafío, de cara al buen funcionamiento de la institucionalidad, que debe consolidarse, y la protección de los consumidores'.
La semana pasada, el Tribunal Constitucional resolvió declarar admisible el requerimiento interpuesto por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, que busca resolver el conflicto de constitucionalidad generado con la promulgación de la ley del servicio de defensa de los consumidores, y dentro de los próximos 30 días el organismo resolverá el fondo del recurso para luego proceder a la promulgación del texto definitivo como ley.
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Fuente: El Mercurio.-
