Eliminación de trabas regulatorias: el primer paso de la Agenda Pro Inversión

En los últimos cuatro años, diversas reformas y políticas públicas generaron un efecto negativo en nuestra capacidad de crecer y generar empleos, generando un freno en la inversión y en el emprendimiento. Como resultado de ello, Chile creció un 1,8% promedio anual, es decir, casi la mitad del crecimiento promedio a escala mundial.  Esto lo demuestra claramente el ranking de competitividad global del World Economic Forum, en el que Chile ha caído 11 puestos en los últimos quince años.

En ese contexto, y con vistas a retomar la senda del crecimiento, es que el Gobierno decidió impulsar una Agenda Pro Inversión, que pretende revitalizar la economía chilena y vigorizar el crecimiento del empleo, especialmente el de calidad. La referida agenda comprende la creación de una Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, encargada de coordinar a los Ministerios y a sus respectivos servicios a fin de mejorar el proceso de aprobación y entrega de los permisos; la presentación de iniciativas legales que perfeccionen el ordenamiento jurídico, eliminando trabas regulatorias; la firma de un convenio OECD para la simplificación normativa y de permisos de inversión; un mandato a la Comisión Nacional de Productividad para una revisión regulatoria en sectores claves de nuestra economía; promoción de la inversión extranjera; y un programa de alineamiento para que las entidades públicas trabajen coordinadamente en sus decisiones y estrategias.

Pues bien, dando inicio a esta agenda, es que el recién pasado 14 de mayo, el Ejecutivo ingresó un proyecto de ley que perfecciona algunos textos legales, para promover la inversión, dándole urgencia simple.

La Coordinadora del Programa Legislativo de LyD, Pilar Hazbun, explica que los objetivos específicos del proyecto son disminuir los plazos de tramitación reduciendo los costos asociados, eliminar la incertidumbre jurídica y mejorar la información disponible para los inversionistas mineros. Las modificaciones propuestas buscan simplificar procedimientos, eliminando requisitos innecesarios o duplicidad de los mismos, así como poner a disposición de los inversionistas sistemas digitales para recibir y tramitar permisos, entre otros, y permite la externalización de servicios de revisión a fin de reducir los tiempos de tramitación de los proyectos hasta su puesta en marcha". Asimismo, se busca evitar las interpretaciones ambiguas y espacios de discrecionalidad infundada; y que el mercado de la inversión minera sea más transparente, competitivo y moderno.

Sólo para dar algunos ejemplos de las modificaciones introducidas, se refuerza al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental como “ventanilla única”, reduciendo burocracia y plazos de tramitación; se elimina la incerteza jurídica respecto del plazo de vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental, regulando desde cuándo deben computarse los plazos;  se permite al Servicio Nacional de Geología y Minería, utilizar como fuente de su catastro de concesiones mineras, las publicaciones del Boletín Oficial de Minería; se adapta la normativa de la Ley General de Urbanismo y Construcciones para contar con una plataforma digital que permita la tramitación electrónica de anteproyectos y permisos de edificación, y hacer públicas las resoluciones que aprueban los anteproyectos; se podrá recibir y tramitar digitalmente también las presentaciones que reciba la Dirección General de Aguas relacionadas con la adquisición o ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas; se externaliza el trámite de recepción de obras hidráulicas a través de revisores externos, se permite la celebración de convenios interadministrativos entre todos los órganos del Estado, permitiendo que empresas públicas y municipios puedan sustituir funciones materiales de otros servicios públicos, entre otras modificaciones.

"Es un hecho que las trabas regulatorias, los procedimientos burocráticos y la incertidumbre jurídica, generan efectos negativos en la inversión. De este modo, las modificaciones anunciadas que procuran simplificar los procesos y plazos de tramitación de los proyectos y eliminar la incertidumbre jurídica, son un buen comienzo, sin perjuicio de otras iniciativas más sustantivas que entendemos están siendo consideradas por el Gobierno para fortalecer la inversión, competitividad y productividad de nuestra economía", señala Pilar Hazbun.

Como se señaló en el mismo mensaje del proyecto, el proyecto de ley es sólo el principio de una serie de iniciativas que vendrán más adelante.