Tribunal Constitucional impugnará Artículo 63 de la Ley de Educación Superior, sin embargo, esto no altera prohibición del lucro

Los medios de comunicación informaron sobre la votación de los miembros del Tribunal Constitucional respecto al artículo 63 de la Ley de Reforma al Sistema de Educación Superior. Aunque todavía no se da a conocer el fallo, se anunció que por 6 votos contra 4, éstos decidieron rechazar la constitucionalidad de dicho artículo, que establece que “las instituciones de educación superior organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro sólo podrán tener como controladores a personas naturales, personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, corporaciones de derecho público o que deriven su personalidad jurídica de éstas, u otras entidades de derecho público reconocidas por ley (…)”.

Desde Libertad y Desarrollo nos hemos manifestado contrarios a la prohibición de que personas jurídicas con fines de lucro participen en la provisión del servicio educativo en todos los niveles, debido a que no hay evidencia que permita afirmar que ello va en detrimento de la calidad educativa. Así también, porque consideramos que la libertad de enseñanza requiere la posibilidad de que la sociedad civil se organice y desarrolle proyectos educativos diversos.

"No obstante, el dictamen del Tribunal Constitucional que recién se conoció no significa que se esté revirtiendo la prohibición del lucro en educación superior, pues el resto de la ley ya asegura que esto ocurra, independientemente de la aplicación del artículo 63", explica María Paz Arzola, Coordinadora del Programa Social de LyD. Ello, porque obliga a las instituciones a constituirse como personas jurídicas sin fines de lucro y a destinar sus recursos a la persecución de sus propios fines y, además, porque, previniendo vías alternativas para la extracción de recursos por parte de los dueños, crea una Superintendencia con amplias atribuciones para fiscalizar, investigar, requerir información, llamar a declarar, formular cargos, sancionar e incluso, conocer y hacer recomendaciones a sus estados financieros (artículo 20), todo lo cual significa un acucioso control sobre el uso de los recursos por parte de las instituciones de educación superior.

Disposiciones que establecen la obligación de no lucrar por parte de las instituciones de educación superior:

El artículo 65 establece que “las instituciones de educación superior organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro tienen la obligación de destinar sus recursos y de reinvertir los excedentes o ganancias que generen, según sea el caso, en la consecución de los fines que les son propios según la ley y sus estatutos, y en la mejora de la calidad de la educación que brindan”. Adicionalmente, el artículo 53 establece como infracción gravísima el incumplimiento de esta obligación, es decir, el desvío de recursos en desmedro de los fines propios de la institución. De igual forma, el artículo 74 establece como infracción gravísima la realización de operaciones con personas relacionadas[1] que no se demuestre contribuyan al interés de la institución y al cumplimiento de sus fines, o que no se ajusten en precio, términos y condiciones a lo que habitualmente prevalece en el mercado en el lugar y tiempo de su celebración.

La sanción por este tipo de infracciones será impuesta por la Superintendencia, e irá desde la aplicación de una multa hasta la designación de un administrador provisional (artículos 57 y 59). En lo relativo al incumplimiento de las condiciones para las transacciones con relacionados, además se sancionará a los responsables con reclusión menor en su grado medio (artículo 78).

Sumado a lo anterior, para asegurar el cumplimiento de la obligación antedicha, los miembros del órgano de administración superior de la institución deberán “velar por el interés de la institución de educación superior y el cumplimento de los fines establecidos en sus estatutos” (artículo 68) y “responderán solidariamente de los perjuicios causados a la institución por sus actuaciones dolosas o culpables” (artículo 69).

Facultades de la Superintendencia:

Para el control efectivo del cumplimiento de la ley, el artículo 19 establece como una de las funciones de la Superintendencia “fiscalizar que las instituciones de educación superior destinen sus recursos a los fines que les son propios de acuerdo a la ley y sus estatutos”, para lo cual, la ley le entrega amplias atribuciones (artículo 20).

En primer lugar, le otorga la facultad de exigir los estados financieros, encargar auditorías y, en general, “acceder a cualquier documento, libro o antecedente que sea necesario para fines de fiscalización”, así como también, “requerir (…) de las personas e instituciones fiscalizadas, de los terceros con ellas relacionadas y con las que haya celebrado contratos o realizados operaciones, y de cualquier organismo público, la información pertinente para el cumplimiento de sus funciones”.

En segundo lugar, el artículo 37 de la ley establece obligaciones de entrega de información a la Superintendencia respecto a estados financieros, individualización de personas, actos con personas relacionadas, así como de cualquier transacción o hecho esencial que afecte el patrimonio o situación financiera de la institución de educación superior.

Adicionalmente, entre las atribuciones de la Superintendencia está citar a declarar, en caso que existan antecedentes de la existencia de hechos u omisiones constitutivos de infracciones graves o gravísimas, investigar y resolver las denuncias, formular cargos, aplicar e interpretar administrativamente los preceptos cuyo cumplimiento le corresponde vigilar, así como también imponer las sanciones que determina la ley.

Y como si lo anterior no fuese suficiente, la ley delega además en la Superintendencia el poder de fiscalizar que las instituciones de educación superior respeten los compromisos académicos asumidos con sus estudiantes.

"De esta forma, se constata que, sin importar la naturaleza y características de los controladores de una institución de educación superior, la ley establece que éstos quedarán sujetos al control de la Superintendencia a la hora de cumplir sus propósitos", asegura María Paz ArzolaArzola. En ese contexto, la restricción respecto a qué tipo de persona jurídica deben ser dichos controladores –esto es, lo que establece el artículo 63-, no es en realidad relevante a la hora de cumplir en la práctica con el espíritu de la ley en cuanto a la “prohibición del lucro”. "Se verifica que tanto las obligaciones que impone la ley, como las facultades que delega en la Superintendencia, constituyen mecanismos suficientes para cumplir dicho propósito", explica Arzola.



[1] Según el Artículo 71, “la Superintendencia podrá establecer, mediante norma de carácter general, que es relacionada a una institución de educación superior toda persona natural o jurídica que por relaciones patrimoniales, de administración, de parentesco, de responsabilidad o de subordinación haga presumir que sus operaciones con la institución originan conflictos de interés”.