Relicitación del Transantiago

El proceso de relicitación vigente del Transantiago ha presentado una serie de problemas que generan escepticismo respecto de la conveniencia de continuar y adjudicar. De hecho, el proceso ha requerido el pronunciamiento tanto del Tribunal de la Libre Competencia como de la Fiscalía Nacional Económica. Algunas demandas incluso podrían llegar a la Corte Suprema.

La razón de ello es la falta de competencia en la industria local, la que se manifiesta en la baja cantidad de ofertas presentadas (seis oferentes para seis unidades de negocio). Esto se explica por las altas barreras de entrada existentes (por ejemplo, terminales de buses en manos de los incumbentes) y por el gran tamaño de las unidades de negocio a licitar, con requisitos de experiencia difíciles de cumplir.

Otro antecedente importante es que los actuales operadores que se presentan no compiten entre ellos, dejando una sombra de duda respecto de una eventual colusión. Es decir, los riesgos de judicialización del proceso y las consecuencias de ello son inminentes.

El diseño de las bases de licitación es deficiente: aumenta la flota de buses, pese a las aperturas de las líneas 3 y 6 de Metro; cerca del 65% del pago sería independiente de los pasajeros que se transporten, y duplica costos conforme se siga extendiendo la red de Metro y trenes suburbanos en Santiago, ya que se introducen rigideces innecesarias en los planes operativos de los buses. Además, los plazos de los contratos son de diez años, dejando nuevamente capturado al sistema, los usuarios y las arcas fiscales.

A la luz de estos antecedentes, parece prudente revisar el actual proceso y analizar qué es lo mejor para nuestra ciudad.

Carta de Rodrigo Troncoso, investigador de Libertad y Desarrollo, publicada en El Mercurio.-