Las prioridades de Sebastián Piñera a contar del  11 de marzo se relacionan con las urgencias que surgen del ocaso del gobierno de Michelle Bachelet. La administración de la Nueva Mayoría se constituyó en definitiva en un tropiezo en el camino de Chile al desarrollo y entró en sus días postreros en una fase de degradación en lo institucional que exige una rápida acción de su sucesor.

En efecto, algunas decisiones de la Presidenta en el último tiempo carecieron de toda consideración a la tradición republicana que importantes instituciones merecen y parecieron más bien responder a sus preferencias, conveniencias o amistades personales. Así, en lo institucional, hay al menos dos situaciones que no resisten más tiempo. Una es el deterioro institucional de Carabineros de Chile, que debiera llevar al Presidente Piñera a modificar su alto mando nombrando a un oficial a la altura de los desafíos que la seguridad de los chilenos merece. La segunda es el restablecimiento del Estado de Derecho en la Araucanía, para lo cual Carabineros también  tiene un rol que jugar. Por cierto, la ausencia de una política para la Araucanía que hemos advertido durante la administración de Bachelet no se resuelve únicamente con acciones en el ámbito policial, sino que tiene que ver con un Plan Araucanía que abarque cuestiones culturales, económicas y sociales e interprete el sentir de la mayoría de los habitantes de esa región de vivir en paz y respetando las tradiciones de su gente.

En materia económica la misión es volver a poner al país a producir y generar riqueza luego de cuatro años perdidos  en que el ingreso por habitante permaneció estancado y la inversión cayó en cada uno de ellos. Chile necesita en consecuencia un shock de inversión que revierta este orden de cosas.  Aquí la tarea es tanto de la conducción macroeconómica, radicada en el Ministerio de Hacienda, que debe volver a Chile a su sitial en materia de disciplina fiscal, certeza tributaria y otras condiciones indispensables para el crecimiento; como de regulaciones en el ámbito microeconómico y sectorial para destrabar proyectos de inversión, agilizar concesiones y fomentar el emprendimiento. Después del shock inicial, la economía debe recuperar el dinamismo que nos caracterizó en los últimos treinta años anteriores a la Nueva Mayoría.

En materia social el desafío es redirigir los recursos del Estado para permitir que cada vez más chilenos se beneficien del crecimiento del país. Especial énfasis debe darse a los sectores más vulnerables y que tienen claros déficits institucionales. Es el caso de la infancia y los menores vulnerados en sus derechos, para lo cual hay que hacer profundos cambios institucionales. Otros sectores a privilegiar deben ser la educación temprana, donde hay un déficit de recursos y gestión, y las pensiones donde debe hacerse una reforma que aumente el nivel de las actuales pero que también incremente el ahorro previsional para que las pensiones de mañana no vuelvan a ser insuficientes como lo son hoy.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, publicada en Diario Financiero.-