19 de enero de 2018

Rezagos de cotizaciones previsionales: resguardos insuficientes y distribución no focalizada

El miércoles fue despachado de su primer trámite en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que distribuye rezagos del sistema de capitalización individual[1]. La normativa dispone la distribución, por única vez, de las cotizaciones que no hayan podido abonarse en las cuentas de capitalización individual de los trabajadores por errores u omisiones que impidan identificar la propiedad de los fondos. “El proyecto adolece de una serie de falencias que debiesen corregirse durante su segundo trámite”, asegura Alejandra Candia, Directora del Programa Social de Libertad y Desarrollo.

Los recursos a repartirse serán los rezagos disponibles el primer día del cuarto mes siguiente a la fecha de publicación de la ley y que se hayan generado antes de 5 años previos a dicha fecha. De hecho, el proyecto de ley en su estado actual señala que sólo durante los tres meses siguientes a la fecha de publicación de la ley las AFPs deberán agotar todas las acciones necesarias para determinar la propiedad de los rezagos.

La antigüedad establecida para los rezagos a repartir y los sólo tres meses de acciones por parte de las AFPs serían los únicos resguardos que permitirían asegurar que los rezagos no serán posteriormente reclamados por algún cotizante o futuro jubilado, lo cual podría resultar en cualquier caso insuficiente”, señala Candia. De hecho, el proyecto de ley en su origen establecía un plazo mayor (12 meses) para buscar potenciales dueños de los rezagos antes de repartirlos. Además, no se establece qué pasa si en algún momento posterior a la distribución un afiliado al momento de jubilarse reclama (con razón) por recursos no considerados en su cuenta de capitalización individual. “El plazo de los tres meses debería volver a ampliarse. Asimismo, se debería pensar en contar con algún tipo de resguardo (¿un fondo de garantía?) para aquellos casos en que se reclamen recursos por parte de los afiliados que (al momento del reclamo) ya se hubiesen repartido“, dice la economista. Todo esto porque en el fondo el proyecto en su estado actual inhabilita a los afiliados a cobrar rezagos de más de 5 años y tres meses desde la publicación de la ley, lo cual no parece adecuado.

Por otro lado, se señala que los rezagos establecidos serán distribuidos entre quienes hayan estado afiliados al sistema de capitalización individual cuando dichos recursos fueron generados, esto es 5 años previos al 4to mes siguiente a la publicación de la ley. Dentro de este grupo, sólo recibirán recursos:

  • Pensionados por vejez o invalidez con una pensión autofinanciada de referencia que pertenezca al 60% inferior de la distribución de dichas pensiones al momento del pago.
  • Afiliados que al momento del pago cumplan la edad legal de retiro y cuyo saldo en su cuenta de capitalización individual pertenezca al 60% inferior de la distribución de dichos saldos.

El monto a recibir por cada beneficiario será el cuociente entre el total de rezagos y el número de beneficiarios.

“Cabe destacar que la fórmula escogida para repartir los rezagos, que podrían alcanzar un total aproximado de US$ 204 millones, no asegura que recibirán recursos para complementar su pensión quienes más lo necesitan, ya sea los pensionados del Pilar Solidario, o por ejemplo quienes quedaron fuera de éste pero a pesar de haber contribuido durante un número considerable de años obtienen una pensión baja“, explica Candia. Una pensión autofinanciada baja o un saldo reducido en la cuenta de capitalización individual al momento del retiro (criterios escogidos por el proyecto de ley para entregar los recursos) pueden ser resultado sólo de una baja densidad de cotización y no necesariamente de un bajo nivel socioeconómico. Por ello se sugiere incorporar algún criterio de focalización como los aquí señalados.

Por último, y buscando una forma de prevenir una futura acumulación de rezagos, la nueva norma establecería la obligación para las AFPs de implementar un “Sistema Único de Información” que permita la acreditación de cotizaciones que no puedan abonarse, cuyos detalles serían establecidos por la Superintendencia, pero que debiesen al menos en términos generales (contenido, resguardo de reserva de la información de los afiliados, etc.) quedar enmarcados legalmente.


[1] Boletín N°11.545-13.