Nos encontramos en el período del año en que para muchos comienzan las conversaciones sobre reajuste en los salarios. Entre ellos se encuentran los funcionarios públicos, quienes han comenzado a reunirse en mesas de diálogo con el Gobierno.

Para solicitar un aumento de sueldo, deben mirarse principalmente dos elementos: la productividad del trabajador (o de la empresa) y la inflación. Los trabajadores están poniendo sobre la mesa un reajuste de 6%, muy por sobre la productividad (tomando en cuenta que este año se crecerá en torno a 1,5%) y una inflación que, según el último IPoM, terminaría en 2,4% (alcanzando de esta manera un registro promedio de 2,3%). Además, debe considerarse que este año, y de manera inédita, el 100% de los servicios públicos logró bono por gestión en 2016. En total, las 128 entidades públicas evaluadas.

Al respecto, esta semana se sumó un nuevo elemento a considerar: el Índice de Remuneraciones (IREM) que publica el INE mensualmente. En septiembre, éste registró una tasa de crecimiento anual de 5,1%, menor al de meses anteriores, que promedian a agosto un 5,4%.

Desglosando este índice por actividad económica, se obtiene que este mes el de la administración pública -que aumentó 6,7%- y nuevamente se encuentra muy por sobre el total.

Y es que este ha sido el comportamiento durante el último tiempo, más acentuado durante el presente año, en el cual, el Índice de Remuneraciones total ha crecido en promedio (enero-septiembre) un 5,4%, al tiempo que el de la administración pública lo ha hecho en un 8,3%, por sobre todas las demás actividades económicas, donde la que le sigue más de cerca registra una tasa de crecimiento promedio bastante más baja (7,5%).

Cabe preguntarse entonces, ¿es razonable un reajuste de remuneraciones del sector público más allá de lo que indica la inflación? No lo creo.

Columna de Carolina Grünwald, Economista Senior de Libertad y Desarrollo, publicada en Pulso.-