Informes de productividad: Hacia dónde avanzar

Este mes, la OCDE publicó un estudio mediante el cual realizó una revisión de lo que ha sido la implementación del instructivo presidencial que mandata a los Ministerios del área económica a adjuntar informes de productividad en los proyectos de ley que envíen al Congreso. En su estudio hacen un diagnóstico de lo experimentado en los ocho informes redactados a la fecha y proponen recomendaciones con lo que se pretende que Chile siga avanzando hacia mejoras en la calidad de sus regulaciones y de su gobernanza.

La confección de los informes de productividad comenzó en marzo de este año, y el objetivo es que en la elaboración de nuevos proyectos de ley se entregue una respuesta clara a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el problema que se quiere resolver?; ¿Cuáles son los objetivos que se buscan alcanzar?; ¿Qué opciones o alternativas de política se han considerado?; ¿Cuáles son los posibles beneficios de la propuesta?; ¿Cuáles son los posibles costos de la propuesta? De esta manera, esta política tiene como fin que las propuestas de regulación que provienen de los ministerios del área económica sean bien pensadas y analizadas, de manera que se adopten las políticas más costo-efectivas.

"La importancia de mejorar la calidad regulatoria de nuestro país radica en el hecho de que mes a mes se publican nuevas leyes y regulaciones sin que exista adecuada evaluación de su impacto", explica Jorge Lira, investigador del Programa Económico de Libertad y Desarrollo. Durante el presente año ya se han publicado en el Diario Oficial 2.939 normas de carácter general como son las normas con rango de ley, decretos, resoluciones y circulares, las que se van sumando a la gran maraña regulatoria, y engrosan el marco regulatorio imperante en nuestro país. "A medida que se van publicando nuevas iniciativas regulatorias inevitablemente se va creando una creciente burocracia en donde muchas veces los beneficios que se busca alcanzar con las regulaciones son sobrepasados por los costos que generan, volviendo a nuestro país menos productivo y competitivo, por lo que soluciones como estos informes de productividad van en la dirección correcta", señala el economista.

Bajo ese contexto, y entendiendo que esta iniciativa se encuentra en una etapa inicial que sirve como piloto para que con el tiempo y con la experiencia se puedan seguir perfeccionando los informes, es interesante la revisión realizada por la OCDE, sobre todo debido a que el propio instructivo indicaba que cumplidos seis meses desde el inicio de la aplicación de esta medida los Ministerios de Hacienda, SEGPRES y Economía, Fomento y Turismo deberían realizar una evaluación de su funcionamiento para recomendar mejoras, la que aún no se ha llevado a cabo.

A modo de resumen, lo más destacado que plantea el organismo internacional se puede separar en cuatro categorías generales, que se listan a continuación.

  1. Ampliar el alcance de esta política, de manera que este requerimiento se aplique más allá de los ministerios del área económica. Algunas de las sugerencias en esta línea plantean cambiar el nombre de los informes de productividad a informes de análisis de impacto regulatorio, debido a que la productividad está muy asociada al ámbito económico y no así el impacto regulatorio. En esa línea una alternativa para lograr una buena ampliación de esta política sería establecer distintos tipos de informes, que apliquen según el tipo de proyecto de ley que se esté empezando a tramitar, que varíen según la rigurosidad y profundidad exigida en el análisis.
  2. Garantizar la continuidad de estos informes, para que perduren a lo largo de los diferentes períodos presidenciales.
  3. Mejorar el funcionamiento de los informes para lograr una adecuada implementación de esta política. Se propone avanzar en una estandarización del formato de los informes y en el desarrollo de guías para el proceso a fin de mejorar y homogenizar la calidad de los informes preparados por los distintos ministerios, para lo que además se propone la promoción de reuniones inter-ministeriales para analizar el desempeño de los informes y se compartan conocimientos adquiridos en el tiempo. Por otra parte, se propone integrar el informe financiero preparado por la DIPRES con este nuevo informe de productividad, para que se fortalezcan ambos requerimiento y no se dé una duplicidad entre ambos análisis. Por último, se postula que los programas de gobierno debieran avanzar hacia agendas de planificación regulatoria anticipadas de manera de fomentar la participación de las partes interesadas para que se involucren de manera temprana en los procesos regulatorios.
  4. Desarrollar mecanismos de supervisión de la calidad de los informes de productividad que se redacten. Se propone que en el corto plazo sea el Ministerio de Economía el que asuma la responsabilidad de supervisión y que a largo plazo una entidad independiente, como podría ser la Comisión Nacional de Productividad, vele por un adecuado nivel de análisis antes de que los proyectos de ley ingresen al congreso.

Como se puede ver, en general las propuestas van en la línea de fortalecer el análisis que debe realizarse al implementar nuevas políticas públicas y regulaciones para nuestro país. Según Jorge Lira, "Por ahora, y a partir del análisis de los primeros informes ya entregados, se puede concluir que hay mucho espacio de mejoras en su elaboración, sobre todo respecto al análisis de costos y beneficios y a la identificación de alternativas para cumplir el objetivo de la regulación. Por otra parte, se observan marcadas diferencias en la calidad de los análisis realizados hasta ahora por los distintos ministerios, con diferentes niveles de profundidad y énfasis en las sub secciones, lo que es recogido por las recomendaciones realizadas por la OCDE en su informe y que esperamos sean consideradas por los encargados de evaluar esta política".

En adición a estos cambios propuestos, sería deseable que con la experiencia adquirida puedan extenderse estos informes a regulaciones existentes que están obsoletas, son incoherentes, están duplicadas o simplemente son demasiado gravosas, ante lo que debiera analizarse la experiencia internacional en dicho aspecto como es por ejemplo el programa “Cutting Red Tape” en Australia que busca reducir las cargas regulatorias para así impulsar la productividad.

"Tanto una mala regulación, como la falta o el exceso de regulaciones impactan negativamente contra la productividad del país y por tanto, si bien debemos impulsar un perfeccionamiento de los informes de productividad para nuevos proyectos de ley, también debemos ser capaces de mirar atrás y detectar las malas regulaciones que nos han acompañado en el último tiempo", asegura Lira.