Menudo problema enfrentaba el avezado piloto de las finanzas públicas para configurar el presupuesto fiscal 2018: cumplir con los onerosos compromisos políticos de su gobierno, legar a la administración entrante la caja necesaria para atender a sus propias prioridades programáticas y -más encima- cumplir el compromiso de su antecesor de reducir paulatinamente el abultado déficit. Pero ha logrado cuadrar el círculo recurriendo a una muy optimista proyección de los ingresos fiscales. Ese expediente sirve solo en el papel, eso sí, y puede ocasionar un serio déficit de credibilidad.
Ha causado polémica el ritmo de aumento contemplado en el gasto público -de 3,9% real-, superior al previsto por variados expertos. No se trata, ciertamente, de un incremento desorbitado, pero el problema es que no es financiable con una economía débil, salvo seguir recurriendo al endeudamiento fiscal. Ya este año la deuda subió en US$ 12.000 millones y se estima representará un 24% del PIB, el doble de lo registrado al término del gobierno anterior. Aunque nuestra deuda está aún lejos de alcanzar niveles críticos, su rápida acumulación es vista con inquietud: "No hay indicios que la relación deuda a PIB se estabilice", ha expresado la representante de una agencia evaluadora de riesgos, agregando que lograrlo sería crucial para una buena calificación.
Podrá contraargumentarse que la credibilidad de nuestra política fiscal descansa en su estricto apego a la llamada "regla fiscal". Son los ingresos permanentes o "estructurales", estimados de acuerdo a parámetros técnicos conservadores, los que gobiernan el gasto, impidiendo que las veleidades del clima económico o político influyan demasiado. Pero precisamente para tales ingresos estructurales se presupuesta un inverosímil incremento de 5% real, algo incompatible con el crecimiento potencial calculado para la economía nacional -de solo 2,6% en 2018- y con el precio normal del cobre, estimado en 2,77 dólares. Resulta difícil de creer el rendimiento atribuido al IVA y a los impuestos a la renta, aun considerando los efectos de la reforma tributaria. En lo recaudado este año se incluyen los $800.000 millones que redituó el llamado "impuesto sustitutivo del FUT", el cual, pese a ser eminentemente transitorio, y significar a futuro una voluminosa -y regresiva- desgravación de los retiros de utilidades acumuladas, ha sido sorprendentemente clasificado como ingreso estructural.
Dados los aires primaverales que corren, es concebible que las cuentas fiscales luzcan mejor el próximo año. Pero no habrá una mejoría creíble en nuestra situación fiscal si no fortalecemos nuestra capacidad de crecimiento económico sostenido y si no ejercemos más prudencia y eficiencia en la administración presupuestaria.
Columna de Juan Andrés Fontaine, Consejero de Libertad y Desarrollo, publicada en El Mercurio.-
